El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento sin prisión preventiva del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y de otros 18 imputados por asociación ilícita, negociaciones incompatibles y defraudación agravada, y dispuso un embargo superior a los $200.000 millones en el marco de una causa por irregularidades en la compra de insumos médicos.
La Justicia federal avanzó este lunes sobre la estructura que manejó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el inicio del gobierno de La Libertad Avanza y procesó al primer titular del organismo, Diego Spagnuolo, en una causa que indaga presuntos hechos de corrupción vinculados a la adquisición de insumos médicos.
La resolución, firmada por el juez Sebastián Casanello, alcanza a Spagnuolo y a otros 18 imputados, todos procesados sin prisión preventiva. En el caso del exfuncionario, se le atribuyen los delitos de asociación ilícita —en carácter de jefe—, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional.
Además, el magistrado decretó un embargo preventivo sobre sus bienes por más de $200.000 millones, en el marco de una causa que coloca bajo la lupa el funcionamiento de la agencia encargada de atender políticas públicas destinadas a personas con discapacidad.
Una organización mixta dentro de la ANDIS
De acuerdo con el fallo, la investigación permitió reconstruir lo que el juez describió como un “entramado de corrupción institucional”, en el que la ANDIS habría sido “cooptada y empleada como vía de enriquecimiento” por una organización integrada por funcionarios y operadores privados.
La resolución señala como jefes de la presunta asociación ilícita a Diego Spagnuolo, a su entonces número dos Daniel Garbellini y a los particulares Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como actores clave en el manejo de la operatoria desde el sector privado.
Según la reconstrucción judicial, el esquema se apoyaba en una lógica de intermediación en las compras públicas, con licitaciones direccionadas y sobreprecios que favorecían a ciertas droguerías, a cambio de retornos económicos derivados del negocio con insumos médicos.
Los audios que dispararon la causa y las pruebas que la sostienen
La causa cobró notoriedad pública a partir de la filtración de audios difundidos el año pasado, en los que se mencionaba un presunto reparto de dinero que involucraría a figuras del entorno presidencial. Esas grabaciones funcionaron como disparador de la pesquisa, pero el juez optó por no incorporarlas como prueba formal para evitar eventuales planteos de nulidad.
En su lugar, Casanello basó el procesamiento en documentación administrativa, contratos, expedientes de compras y peritajes contables, que —según el fallo— permitirían acreditar el funcionamiento de la estructura investigada y el perjuicio económico al Estado.
Un avance judicial sobre un funcionario cercano a Milei
Spagnuolo llegó a la función pública como un hombre de extrema confianza del presidente Javier Milei, a quien acompañó previamente como abogado personal. Ya al frente de la ANDIS, fue el responsable político del organismo hasta que el escándalo por las compras de insumos estalló y derivó, semanas atrás, en el anuncio oficial del cierre definitivo de la agencia.
En la resolución, Casanello remarcó que la maniobra delictiva atribuida a los imputados se habría desarrollado en “claro desmedro de la finalidad pública” de la ANDIS, cuya misión es garantizar el cuidado y la protección de las personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Con el procesamiento de Spagnuolo y del resto de los imputados, la causa ingresa ahora en una etapa de profundización de pruebas y eventuales ampliaciones de responsabilidad, mientras el Gobierno intenta tomar distancia de los hechos ocurridos en un organismo que dependía directamente de la órbita nacional.
