Prestadores turísticos de Punilla cuestionan los montos del canon que deben pagar por volcamientos de efluentes, en zonas donde no hay red de cloacas

Prestadores turísticos hoteleros, cabañeros y gastronómicos del centro y norte del Valle de Punilla se reunieron en la localidad de Tanti el pasado viernes 11 de agosto con el objetivo de intercambiar información sobre la crítica situación que vive el sector.

El encuentro se enfocó en las dificultades que atraviesan los emprendimientos turísticos de la zona para adecuarse a las normativas impuestas por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba.

Es que a través del Decreto Ley N° 847/2016 se está emplazando a prestadores a presentar documentación técnica a través de profesionales habilitados -entre ellos un Director Técnico y un geólogo-, quienes deben ser contratados de manera privada para el monitoreo del sistema del tratamiento de efluentes, dada la inexistencia de la red de cloacas en estas localidades de Punilla Centro y Norte.

Por no contar con la red de cloacas, los emprendimientos deben por ley abonar un canon anual de “Uso de Suelo” para el volcamiento de los efluentes. Lo que sucede es que el monto de ese canon ha pasado de 2 mil pesos anuales a 50 mil pesos.

“Pasamos de una pasividad total a exigencias atroces”, expresó Roberto Salvo, quien participó de la reunión y tiene su hotel en Villa del Lago. Y remarcó: “No sabemos para qué se utiliza el canon que se nos cobra. Lo ideal sería que esos fondos el Estado lo utilice para extender la red de cloacas, que sería lo mejor”.

Vale mencionar que la autorización del uso del suelo para el volcamiento de efluentes demanda cumplimentar con una serie de documentaciones y requisitos técnicos. Es decir es un trámite que se realiza en la secretaría, pero que luego también requiere que el dueño del establecimiento contrate a un profesional para que de manera permanente realice un monitoreo de lo que se está volcando al suelo. Los honorarios de ese profesional quedan a cargo del particular.

De esta amera, el gobierno provincial se “ahorra” la tarea de inspección.

“Nos exigen poner un profesional a cada uno de los establecimientos. El profesional cobra por presentar el expediente, pero luego ese profesional tiene que velar por el buen funcionamiento de las cámaras sépticas y sangrías. De esta manera tiene que hacer estudios sobre lo que se derrama en la sangría en forma permanente, lo cual implica un abono mensual de sus honorarios y todo corre por cuenta nuestra”, expresó Salvo.

Los prestadores seguirán reuniéndose para abordar colectivamente la problemática. Además de este reclamo, también comparten la dificultad de haber sido estafados por un profesional que les había iniciado el trámite de autorización de volcamiento de efluentes en la Secretaría de Recursos Hídricos, pero luego abandonó la gestión sin haberla finalizado.

 

Nota correspondiente a la edición n° 479 del semanario La Jornada, del 20 de agosto de 2017.

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