La situación de la empresa Carlos Paz Gas cruzó ayer la sesión del Concejo de Representantes. Se debatieron tres proyectos y ninguno consiguió los votos suficientes para ser aprobado, lo cual dejó en evidencia, una vez más, la intransigencia y falta de apertura del oficialismo.
La primera discusión que se extendió largamente fue cómo resolver la falta de contrato con la que, al día de hoy está operando la empresa. Desde marzo de este año la firma se encuentra sin vínculo contractual.
Sobre ese tema había dos despachos de comisión. Uno por mayoría, que planteaba la prórroga del contrato vencido; y otro por la minoría que hablaba de un nuevo contrato hasta noviembre de 2020, fecha de caducidad de la sociedad anónima.
La diferencia entre uno y otro proyecto parece ser solo nominal. De hecho, ambos proyectos hablaban de mismo plazo de finalización del contrato.
La diferencia sustancial, claro está, es política.
Primero porque el oficialismo sigue aplicando su rigor para no aprobar nada que venga de la oposición. Segundo, porque Carlos Paz Unido no logra superar el conflicto que Avilés abrió con la Cooperativa Integral y las viejas rencillas siguen muy vigentes.
Se habló de que la affectio societatis entre municipio y Cooperativa Integral se encuentran rotos y que CPU le huye a cualquier titular que mencione que se firma un contrato con una entidad en la que la Coopi sigue siendo socia con participación accionaria.
Vamos a lo sucedido en el recinto.
El primer despacho que se discutió fue el de la minoría. El principal defensor de la propuesta fue el edil de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta, quien habló de la necesidad de resolver el vínculo contractual, más considerando que está en riesgo la matrícula como subdistribuidora al no contar con ese instrumento jurídico. “Estamos convencidos que CPG tiene que seguir prestando el servicio”, dijo.
Reiteró su rechazo a la prórroga diciendo que “no se puede prorrogar algo que ya está vencido” y que la extensión del plazo por más de 15 años vulneraría lo dispuesto por la Carta Orgánica.
Esta propuesta incluía también la realización de una auditoría operativa, económica y financiera de la sociedad Carlos Paz Gas S.A. que deberá “identificar los controles definidos en cada proceso administrativo, si los mismos efectivamente se cumplieron y evaluar el ejercicio de las funciones de los directores y síndicos”.
El edil Sebastián Guruceta fue el portavoz de la postura del oficialismo. Defendió la idea de prórroga diciendo ya hay contratos como el de cloacas y el de transporte que si bien establecen un plazo de vigencia de 15 años, dan un plazo superior para definir quien continuará con la presentación. En el caso de las cloacas ese plazo es de 12 meses y en el caso del transporte, es de 180 días.
“Siempre existe un interregno a partir del cual, a partir de la terminación de ese contrato, tiene que motivar la asunción de otra persona jurídica que puede ser un tercero a la propia municipalidad”, dijo. Además, sostuvo que la cláusula 15 del contrato vencido establece que existe la posibilidad de “ampliación del plazo contractual”.
Quaranta refutó esa idea diciendo que para la solicitud de esa ampliación debe existir una causal. Es decir, un hecho extraordinario que haga necesaria esa extensión. “Quiero que me digan cuál es la causal en este caso si desde hace 15 años sabemos que el contrato con Carlos Paz Gas vencía en marzo de 2019. No hay causal acá”, enfatizó.
El concejal Gustavo Molina del Frente Capaz sostuvo que la única razón por la que el oficialismo se niega a la idea de aprobar un contrato es que “implicaría desandar el camino del conflicto con la Coopi”.
“Hablar de contrato les revuelve las tripas al gobierno. Y esto es así porque se trata de reconocer un servicio que está, en términos generales, demasiado bien prestado. Un nuevo contrato implica el acercamiento y el reconocimiento de las partes. Implica un montón de valores virtuosos en pos de un buen servicio y eso les duele. O el intendente Avilés los tiene con la soga al cuello, no les permite que aflojen y los tiene a los latigazos”, lanzó.
Intentando acercar las partes, el concejal Daniel Ribeti de Carlos Paz Despierta, sostuvo que la propuesta de un nuevo contrato hasta noviembre del 2020 es “una salida política digna”.
Tras una hora de debate, el concejal Molina mocionó que los dos despachos vuelvan a comisión, tras lo cual el concejal Guruceta solicitó un cuarto intermedio para discutir la postura con el bloque.
Sin embargo, al regreso de los ediles al recinto se ratificó el cerramiento y se forzó la votación. Solo los cinco ediles de la minoría acompañaron con su voto, siendo el punto rechazado.
Acto seguido, comenzó la discusión del despacho de la mayoría que planteaba la posibilidad de prórroga. Se repitieron los mismos argumentos sin que ninguno de los ediles cambie de postura. Vale recordar que la aprobación de este punto requería de una mayoría agravada (ocho votos), que tampoco el oficialismo los tiene.
“Lamento profundamente que hayan rechazado la alternativa de hacer un nuevo contrato, que para nosotros es lo mismo. Y quiero dejar en claro que me gustaría mucho que siga CPG, pero no me siento responsable de que se pierda la categoría de subdistribuidora”, dijo el concejal Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos).
Al cierre deslizó la posibilidad de que el Ejecutivo resuelva por decreto la determinación de una prorroga “como lo hizo con COTRECO”.
El punto fue sometido a votación y tampoco fue aprobado al contar solo con los siete votos de los ediles oficialistas.
Pedido de informes, también rechazado
Otro de los proyectos que se discutió en el recinto fue el pedido del concejal Carlos Quaranta para que el Departamento Ejecutivo “instrumente la resolución de la concesión del servicio referido” y las autoridades de CPG rindan cuentas de la situación de la empresa que se encuentra con la autorización de sub distribuidora de ENARGAS vencida, y con el contrato de concesión vencido.
El oficialismo accedió a que se discuta sobre tablas, pero rechazó el proyecto.
