Para Somoza, un ‘capricho’ del municipio frena la aprobación del nuevo ejido de Villa Carlos Paz

En 1996, durante la intendencia del radical Eduardo Conde, el municipio de Villa Carlos Paz formalizó ante el gobierno de Córdoba  su pedido de ampliación del ejido.

Pasaron 22 años, el proyecto se fue modificando, cambiaron los gobiernos a nivel local y provincial, pero el tema nunca se pudo resolver.

Sin embargo, desde hace un tiempo el expediente está “a punto de salir”.

En marzo de 2017, el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Massei, había dicho que el proyecto “ya estaba en fiscalía” y que era cuestión de días para que sea tratado por la unicameral.

“Algo muy esperado por el gobierno municipal fue cerrar el ejido urbano de Carlos Paz”, afirmó Massei en aquella oportunidad.

Pero nada ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que frena esta decisión?.

Un “capricho” del municipio carlospacense, respondió el legislador Adolfo Somoza (Frente Cívico).

Cabe recordar que el ejido actual de Villa Carlos Paz ocupa 2.703 hectáreas, y el municipio pretende llevarlo a 8.208 hectáreas, ocupando zonas grises que hoy pertenecen al gobierno provincial, y modificando los límites con algunas de las localidades vecinas.

Si bien hay acuerdo casi total, una disputa con el departamento Santa María frena el avance el expediente.

“Donde está el basural y la planta de tratamiento hay un pedacito de terreno que toca al departamento Santa María. Y cuando hay que modificar un límite departamental, tiene que haber acuerdo de la Comunidad Regional del departamento que cede con el departamento que recibe”, explicó Somoza a VillaNos Radio. Y aseguró que el legislador departamental por Santa María, Walter Saieg, “me comentó que ya tiene la autorización de la Comunidad Regional para ceder ese espacio pero lo condiciona a la provisión de agua a la zona que hoy se le está prestando mediante un amparo. Quieren blanquear esto”.

La referencia es hacia el controvertido acueducto que va desde el lago hasta el barrio privado TierrAlta, ubicado a la vera de la autopista en jurisdicción de Malagueño.

“Me parece que estaría bueno que las autoridades municipales se sentaran a dialogar para poder resolver esto”, dijo Somoza que, en 1996, se desempeñaba como funcionario provincial en la gestión de Ramón Mestre, y fue quien firmó la recepción del expediente por la ampliación del ejido.

“Esto insume una respuesta política y de sentido común. Tenemos vecinos que están pasando la montaña, que no son de nuestro departamento, pero tienen derecho a los servicios. Y si no hay posibilidad técnica de que quienes se lo tengan que brindar lleguen, y hay alternativa que un municipio cercano pueda resolver el tema, no está mal sentarse a hablar para hacerlo a través de un convenio”, afirmó. E insistió, en un claro mensaje a la gestión encabezada por el intendente Esteban Avilés: “Hay que buscar alternativas de solución política, dejando los caprichos de lado”.

Por eso, confirmó que la comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales de la legislatura tiene tomada la decisión de pedir que manden el expediente para poder aprobarlo, pero falta resolver esta disputa.

“Con el legislador (Germán) Pratto (presidente de la comisión) nos comprometimos a realizar las gestiones de buenos oficios con el secretario de Asuntos Municipales de la provincia (Juan Carlos Scotto) y con Saieg y vamos a invitar a las autoridades municipales a una reunión para destrabar esto”, refrendó.

El legislador valoró, además, la importancia para Carlos Paz de contar con el nuevo ejido: “Es redefinir la ciudad, con la posibilidad de aplicar la Carta Orgánica, que es muy interesante en muchos aspectos, como la prohibición de barrios privados. Además, en el nuevo territorio el municipio podrá ejercer el control de industria y comercio y el control sanitario en todos los puestos que están dando vueltas en la zona periférica”.

 

Coparticipación

La aprobación de los nuevos radios municipales “está generando una nueva demanda que es modificar la ley de coparticipación”, consideró Somoza.

Recordó que la ley actual establece que la coparticipación se distribuye “50% en partes iguales y 50% por cantidad de habitantes”.

“Estamos viendo la alternativa de incorporar el territorio como una variable”, reparó.

 

Nota correspondiente a la edición n° 503 del semanario La Jornada, del 26 de febrero de 2017.

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