En el marco de una reunión que se llevó a cabo este miércoles por la mañana en la sede del Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos), el municipio de Villa Carlos Paz presentó una resolución con la que da marcha atrás con las primeras acciones indicadas en el decreto para la quita del servicio de agua, alegando esperar la resolución de la justicia sobre el amparo presentado por la Cooperativa Integral.
Se trata, específicamente, del artículo 2º del decreto Nº 466/DE/2016 que fijaba “los días 19 y 20 de Septiembre desde las 08:00 horas hasta las 15 horas a los fines de que personal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental o quien ésta faculte, conjuntamente con la persona designada con motivo del contrato por el Municipio para su representación ante la COOPI, para proceder verificar condiciones de reintegro de los bienes que debe realizar el concesionario al final de la concesión”.
De acuerdo a la decisión del municipio, la realización del ‘inventario’ quedó suspendida de manera provisoria, hasta tanto la Cámara Contencioso Administrativa se expida sobre la acción de amparo.
Intervención del Ersep
Las gestiones promovidas por las autoridades del Ersep generaron las condiciones para que el municipio y la Coopi de Villa Carlos Paz concurrieran a la reunión de partes a la que el presidente del Ente Regulador, Mario Blanco, las había convocado.
La reunión tuvo lugar en la sede del Ersep y contó con representantes del municipio, de la Coopi de Villa Carlos Paz y del propio Ente representado por Mario Blanco, Jorge Vaz Torres y de Nicolás Bergesio, presidente, gerente de Agua y abogado respectivamente.
La reunión centró su desarrollo en analizar la situación generada partir del anuncio del intendente Esteban Avilés de quitarle el servicio de agua a la Coopi, proceso que ya lleva 45 días y que adquirió su punto más álgido con la firma de Decreto 466/DE/2016.
Las autoridades del Ersep se mostraron sumamente preocupadas por la decisión del intendente de avanzar con esta decisión sin tener en cuenta el aspecto regional que conlleva el servicio de agua en el sur del Valle de Punilla. La forma inconsulta y la falta total de información al que quedaron expuestas las autoridades y vecinos que comprenden a las localidades de San Antonio, Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca fueron expuestas como improcedentes.
Otro aspecto destacado con firmeza por parte del presidente Blanco y su equipo de funcionarios se refirió a la titularidad del gobierno de la provincia sobre los recursos hídricos, sobre todo en los casos en los que esa titularidad es cedida a comunas o municipios. La misma evaluación es aplicada a la propiedad regional de la infraestructura con que los servicios de agua son brindados respondiendo a conceptos de ‘Cuenca Regional’.
Sin lugar a dudas el punto más importante de la reunión se refirió a la decisión de los representantes municipales, en las personas del secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, y el Dr. Marcelo Ambroggio, de presentar la resolución Nro. 007/B/2016 mediante la cual deja sin efecto la medida prevista para el lunes 19 y martes 20 de septiembre, destinadas a realizar un primer inventario de los bienes relacionados al servicio de agua brindado por la Coopi.
La marcha atrás por parte del municipio en concretar esta acción fue fundamentada en virtud del recurso de amparo presentado por la Coopi y que la Cámara Contenciosa Administrativa de Primera Nominación del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba le otorgara admisibilidad y sujeto a resolución en los próximos días.
Se interpretó, además, que la decisión de dejar sin efecto las primeras acciones previstas en el decreto firmado por Avilés, también se relaciona con la firmeza que ha demostrado el cuerpo social de la Cooperativa Integral rechazando la decisión del intendente de quitarle el servicio de agua tras 53 años de labor sanitaria, junto a la adecuada y profunda argumentación de los letrados cooperativos en los ámbitos jurídicos donde se ha abordado la inconstitucionalidad e ilegalidad de la medida oficial y sobre todo la capacidad y decisión de movilización del cuerpo de trabajadores de la cooperativa que han decidido trabajar en la calle misma, cuerpo a cuerpo con los vecinos, “lo injusto, irracional y peligroso de la situación generada por el intendente Avilés a partir del 1 de agosto pasado, tanto para las 250 fuentes laborales relacionadas con la Coopi, como así también para el futuro del servicio de agua, particularmente ante el inminente comienzo de una nueva temporada turística”.
Finalmente, se sumó la valoración del accionar de la justicia por actuar con celeridad, dando admisibilidad a la medida de amparo presentado por la Coopi, entendiendo el escenario de incertidumbre generado en la sociedad de Villa Carlos Paz.
En este aspecto se destaca la advertencia de las autoridades del Ersep de que “sea cual sea la decisión de la justicia el gobierno de la provincia debe actuar en el tema”.
