El tribunal Electoral brasileño ha estrechado el cerco legal al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva prácticamente hasta sus últimas consecuencias.
Los magistrados han votado que el exmandatario, en la cárcel por corrupción desde abril, no puede concurrir a las elecciones de octubre, cosa que él lleva intentando desde el 15 de agosto, cuando se inscribió como candidato en desafío a las leyes que prohíben la candidatura de condenados en la segunda instancia como él.
Se abren ahora ante el expresidente dos caminos. Uno de ellos es rechazar el veredicto y seguir la carrera hacia delante hasta las urnas.
Aún tiene derecho a tres recursos más, uno ante el Tribunal de Justicia y dos ante el Supremo. Y mientras se tramitan, nada en la ley le impide seguir haciendo campaña (o mejor dicho, que el Partido de los Trabajadores haga campaña en su nombre mientras él cumple condena), y apareciendo en la propaganda electoral. Pero se expone a que, si sigue así hasta el día de las elecciones, sus votos se consideren nulos.
Otra opción sería aceptar la sentencia y delegar la campaña y todo su proyecto político en su número dos, el exalcalde de São Paulo Fernando Haddad. En Brasilia se da ya por sentada la teoría de que Haddad es el candidato real del Partido de los Trabajadores (PT) desde que Lula entró en prisión y se quedó virtualmente impedido de presentarse a las elecciones.
Pero la opción de dejarlo todo en manos de Haddad prematuramente también entraña riesgos. El exalcalde no acaba de despegar en las encuestas. En una de las más recientes, solo el 4% de los votantes de Lula dijo que le daría su voto si el expresidente fuese vetado por el Tribunal Electoral.
