El jueves de la semana pasada, el Concejo de Representantes sancionó una ordenanza que declaró la emergencia del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en Villa Carlos Paz por un año, prorrogables por única vez por seis meses.
La decisión se tomó por unanimidad en general. Puesto a votación en particular, por mayoría se aprobó el artículo que autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal, ‘mientras dure la emergencia declarada en el artículo precedente, a adoptar todas las medidas extraordinarias y urgentes que resulten necesarias, tendientes a garantizar la prestación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en nuestra Ciudad, tales como otorgar permisos precarios de explotación, acudir a medios alternativos de transporte, establecer y/o rediseñar frecuencias y recorridos, y toda otra medida que estime pertinente, -resultando el detalle precedente meramente enunciativo’.
Cuatro ediles de la oposición (Gustavo Molina, Carlos Quaranta, Jorge Lassaga y Daniel Ribetti) se manifestaron en contra de delegar atribuciones propias del cuerpo legislativo, y plantearon su disposición para trabajar en conjunto.
Desde el oficialismo, en tanto, aseguraron que dicho artículo no se contrapone a la Carta Orgánica Municipal, y que era necesario a los fines de que el intendente pueda disponer de herramientas para implementar un servicio de transporte urbano provisorio hasta tanto se pueda elaborar el pliego y llamar a licitación.
Previo a la votación se dio un largo y tenso y debate.
Quien tuvo a su cargo presentar la posición del oficialismo fue Sebastián Guruceta (CPU), quien consideró que la decisión del intendente Daniel Gómez Gesteira de decretar la caducidad del contrato con Transportes de la Villa se tomó “en forma madura, consensuada y estudiada”.
“Es una medida esperada”, dijo, y advirtió sobre el “declive” en la prestación del servicio.
Gustavo Molina (Capaz) recordó que desde la oposición “venimos pregonando las deficiencias del servicio y la laxitud de los controles por parte del municipio hace mucho tiempo”.
“Estamos en presencia de una novela de realismo mágico de Gabriel García Marquez: ‘Crónica de una muerte anunciada’”, graficó. Enumeró una larga lista de pedidos de informes sobre el servicio que sistemáticamente fueron rechazados por el oficialismo.
“Los responsables tienen nombre y apellido: Carlos Paz Unido. La Gestión Comunitaria protegió, convalidó e hizo oídos sordos a los reclamos de los vecinos. Ante cada pedido de informes nos encontramos con un muro más sólido que el de Juego de Tronos”, criticó.
Sostuvo que las audiencias públicas sobre la tarifa del urbano que se desarrollaron en diversos barrios fueron “auténticas puebladas protagonizadas por vecinos, organizaciones políticas y estudiantiles” que reclamaban por las pésimas condiciones en las que se prestaba el servicio.
Subrayó que ante los pedidos de la oposición el oficialismo sobre ofrecía como “lacónica respuesta” que “todo estaba bien y en orden”.
Precisó que en enero de 2018 ya se había presentado un proyecto para declarar la emergencia del urbano y exigir a la empresa que brinde el servicio en estricto cumplimiento de los pliegos.
“La situación actual no fue causada por un rayo en medio de la noche. Fue producto de un proceso sistemático y complejo, con una empresa incumplidora y un Estado laxo que no estuvo a la altura de las circunstancias”, afirmó.
Desde Carlos Paz Somos Todos, Jorge Lassaga también señaló que ‘Crónica de una muerte anunciada’ podría ser el título de la problemática.
“Esta situación fue anunciada por los concejales de la oposición en periodos anteriores; por concejales de los distintos bloques minoritarios de esta gestión; por medios de comunicación provincial y locales; por los trabajadores cuando reclamaban; pero principalmente fue anunciada por nuestros vecinos, que de manera recurrente y en todos los ámbitos se expresaban en relación al deficiente servicio”, dijo.
Aludió que en 2016 “se informaba que la empresa estaba en concurso preventivo de acreedores y recién cuatro años después el gobierno toma una decisión política, que podemos compartir pero deja al descubierto la falta de planificación”.
“Este proyecto solo viene a exponer fatalmente la falta de planificación y control sobre los servicios públicos y esenciales en Villa Carlos Paz”, apuntó.
Luego, consideró que las palabras del intendente “no generaron tranquilidad ni a los vecinos, ni los trabajadores, ni a este concejal”.
“Se venían presentando proyectos para conocer la situación de la empresa y la respuesta fue siempre la misma: negar la posibilidad de obtener información certificada, con datos objetivos.
Cuando los problemas no se resuelven cuando hay que hacerlo, se agrandan, se complejizan y termina generando efectos más graves de los esperados. Por qué se decidió esperar tanto”, cuestionó.
Insistió con que tras los anuncios “no hay certezas” sobre cómo va a funcionar el servicio e insistió con que, “la falta de planificación es abrumadora”.
“El anuncio expone la construcción de un relato que está muy lejos de la realidad. Presentan un proyecto de dos artículos para avanzar sobre un servicio esencial. Demasiada poca explicación. El gobierno sigue haciendo mal las cosas. Reiteramos nuestra disposición para un diálogo real porque asumimos para ser parte de las soluciones. En cambio, parte del problema es la decisión política del gobierno de un gobierno de no escuchar, de no dialogar y de generar acciones legales”, pronunció.
Carlos Quaranta (CPI) reparó que cuandoel intendente anuncio la rescisión del contrato habló de que el servicio era “malo” desde hace 13 años.
“Por qué se dejó transcurrir tanto tiempo. Por qué los vecinos tuvieron que esperar siendo rehenes de una empresa que hacia lo que quería sin mediar mayores sanciones por parte del Estado. Quizá lo que falló no haya sido el contrato si no el proceso de control. Se han otorgado aumentos de tarifas en etapas condicionados a una correcta prestación que llegado el momento se daban por satisfechas. No entiendo”, argumentó.
“Hace casi cuatro años la empresa está en concurso preventivo y el Estado pensaba que podía seguir prestando el servicio.
Una empresa no llega a esta situación en 90 días. Todo esto viene conviviendo hace años con un pésimo servicio, tolerado por el gobierno que minimizó los reclamos.
Comparto lo que dijo el intendente sobre ponerle fin a 13 años de mal servicio. Valoro la decisión tardía pero necesaria, pero no se puede tomar como origen la asunción de este gobierno que es la continuidad de una Gestión Comunitaria que viene gobernando desde 2011. Y la continuidad debe entenderse para lo que se hizo bien y lo que no hizo bien. Carlos Paz Unido toleró las deficiencias en el servicio muchos años”, expuso.
Acto seguido reconoció que, “tenía la expectativa que este proyecto llegara con una propuesta completa”.
“Sin tener una idea clara y avanzada sobre cómo se va a prestar un servicio de emergencia, se nos propone delegar facultades que son propias de este cuerpo para que resuelva el ejecutivo. Queremos y debemos ser parte del estudio, de las propuestas, de los debates y de construir una solución juntos.
No entendemos la necesidad de delegar funciones cuando estamos disponibles las 24 horas”, contextualizó.
Natalia Lenci (UCR) expresó que,“todos hemos sido testigos de las irregularidades y hemos asistido a innumerables audiencias donde los vecinos reclamaban y manifestaban incumplimientos de la empresa”.
Adelantó su acompañamiento al proyecto aunque pidió que conste en actas su pedido de que se realicen audiencias públicas a los fines de que los vecinos puedan expresar sus opiniones, mostrando particular preocupación por la tarifa. “No puede ser excesiva, debe estar acorde al bolsillo de los vecinos”, subrayó.
A su turno, Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) expresó que ponía a disposición del oficialismo“nuestras propuestas de campaña, porque como el resto de los espacios hemos relevado que la cuestión del transporte es una de las deudas pendientes que esta ciudad tiene”.
Opinó que la problemática fue abordada por el gobierno de manera “negligente”, y precisó que, “se incendiaron colectivos, se quedaron sin freno… Corrió riesgo la vida de los vecinos y eso lo expusimos en innumerables proyectos que nunca llegaron a buen puerto”.
“Estamos ante una decisión política contundente que llega tarde, pero mejor tarde que nunca”, afirmó sobre la caducidad del contrato.
En cuanto al pedido de delegar facultades al intendente para que resuelva por su cuenta, sin la intervención del Concejo, se opuso.
“No nos parece delegar atribuciones que son propias del poder legislativo. Queremos ser parte del proceso de construcción de estas alternativas, de esa discusión. Queremos ser parte de la solución y hay que entender que esta decisión va a trascender a este gobierno.
Estamos ante una muy buena oportunidad para que se ponga en ejercicio el slogan de la gestión comunitaria”, reforzó.
Mariano Melana, de Carlos Paz Unido, celebró que concejales de la oposición “quieran trabajar y no consideren que haya servicios públicas de primera y de segunda”.
“Con algunos servicios prefieren seguir siendo parte del problema y no de la solución”, dijo.
En relación al contrato recordó que fue redactado “por el candidato a intendente que lo llevó a la banca”, dirigiéndose a Molina y en alusión a Carlos Felpeto.
“No se puede tomar a la ligera rescindir un contrato. Este proyecto necesita ser apoyado en su totalidad y no en parte”, recalcó, criticando la postura de parte de la oposición de no acompañar la delegación de facultades.
En su alocución, Carla Livelli (CPU) directamente enterró cualquier posibilidad de trabajar en conjunto para encontrar la mejor propuesta para el esquema de emergencia.
Tras destacar que, a su criterio, el gobierno es ejemplo de planificación en materia de servicios públicos, envió un mensaje a la oposición: “El trabajo colaborativo se va a dar cuando el intendente envíe el pliego del llamado a licitación”.
Se despidió con una chicana que, sin querer, deja el descubierto el verticalismo con el que se maneja el oficialismo: “Si hay un responsable de esto es Carlos Paz Unido, le recuerdo (Molina) que cuando era parte votaba con nosotros sin chistar”.
Tres breves intervenciones de los oficialistas Leonardo Villalobo (apuntó contra Felpeto por haber elaborado un contrato ‘que solo beneficiaba a una parte’), Patricia Morla (reseñó el proceso del urbano que derivó en la licitación y la firma del contrato con Transportes de la Villa) y Carina Fernández (señaló que AOITA se inscribió como cooperativa y como prestadora para presentarse a una eventual licitación), la discusión se centró en el artículo 2 que disponía autorizar al intendente a tomar ‘todas las medidas extraordinarias y urgentes que resulten necesarias, tendientes a garantizar la prestación del servicio’.
Guruceta volvió a tomar la palabra y afirmó que no se trataba de una delegación de facultades, puesto que la ordenanza que regula el servicio de transporte urbano ya otorgaba al ejecutivo esas atribuciones a los fines de garantizar la continuidad de la prestación.
“Entonces, si dicen que ya tiene las facultades, por qué el Concejo debe autorizarlo. Cuál es el sentido. Es absurdo que se lo autorice para algo sobre lo que tiene facultades”, retrucó Quaranta.
Y alertó que la autorización que pedía Gómez Gesteira era “tan amplia que excede lo que marca la ordenanza relacionada al servicio de transporte”.
“No estoy dispuesto a continuar delegando funciones”, ratificó, y puso como ejemplo la autorización que se le otorgó en marzo al intendente por la crisis sanitaria. “Hasta la fecha no recibimos nada, ningún informe”, acotó.
Sin posibilidad de llegar a ningún acuerdo sobre este punto, el proyecto se puso a votación en general y se aprobó por unanimidad.
En particular, la declaración de la emergencia también se aprobó por unanimidad, mientras que la polémica delegación de facultades tuvo el acompañamiento de ocho concejales (CPU + Lenci).
Siento vergüenza ajena por la calidad argumental y de conducta de los “REPRESENTANTES DEL PUEBLO”
La mayoría agravada, no leen, no escuchan, no ven… más que su propio pupo, al punto de justificarse solicitando audiencias públicas cuando recientemente aprobaron la modalidad “audiencia pública” por modo VIRTUAL… (aprovechando la pandemia, mientras más lejos de la gente, mejor)
Echarle la culpa al que invento la rueda, resulta lo más conveniente a la hora de analizar el tema del transporte público en la ciudad y alrededores que además afecta a 7 localidades con el corredor Cuesta Blanca / Tanti
Mientras tanto, los vecinos sin servicio, los trabajadores sin trabajo, y dale que va… se tomaron más de 100 días para llegar a la conclusión de que algo estaba mal (por no decir 13 años), y tomarse ahora el tiempo “necesario” para implementar un nuevo esquema de negocios para la corona de “los unidos” y su corte
Estos son los que pretenden hacerse cargo del agua y las cloacas en la ciudad, se imaginan 100 días si agua y la mierda acumulandose, rebalsando por las calles de la ciudad ? tardan semanas para arreglar un semáforo, meses para cambiar la lámpara del alumbrado público, despidiendo mediques del hospital cuando más se necesitan… un hospital desbordado al que no pueden implementar un turnero y evitar largas colas para sacar un turno al médico.
Los trabajadores y los vecinos de a pie, los pequeños comerciantes, ergo la mayoría de la comunidad, es rehén de esta planta política que será recordada como el peor gobierno elegido democráticamente en la historia de este pueblo con nombre propio, LA CAPITAL DEL CHAMUYO