En la sesión del jueves pasado, el Concejo de Representantes resolvió solicitar al intendente Esteban Avilés que en el término de 30 días “haga entrega de copia de los planos aprobados y legalizados de las obras realizadas en la terminal de ómnibus; playa de maniobras de ingreso y egreso de transporte diferencial, accesos y cubierta de protección para pasajeros de taxímetros y playa de estacionamiento de vehículos particulares”.
Además, se pide que informe “qué empresas contratistas intervinieron en las diferentes obras, qué costo representó cada una de ellas y a través de que modalidad se realizó cada contratación (concurso público, privado, licitaciones públicas u otra), adjuntando su respectiva documentación”; y “qué profesionales intervinieron en las distintas obras: Proyectistas, Directores Técnicos, Representantes Técnico e Inspectores de Obras”.
El proyecto de resolución había sido presentado por la concejala Laura Orce (Unión para el desarrollo), con el respaldo de los opositores Natalia Lenci (UCR) y Marcelo Cuevas (PRO). En la sesión, el oficialismo sumó sus votos y fue aprobada por unanimidad.
Orce planteó el pedido de informes a partir de la intención del departamento Ejecutivo de modificar la ordenanza 4021, que establece ancho de vereda y línea de edificación de la manzana donde se encuentra ubicada la Terminal de ómnibus de la ciudad de Villa Carlos Paz.
“Esta reducción en el ancho de veredas y líneas de edificación no permitirá a futuro la posibilidad de ensanchar estas calles Alvear, Belgrano y Maipú”, argumentó la edila, y remarcó que, “dicho punto es neurálgico y necesariamente precisa planificar a corto plazo una ampliación de sus calles para evitar el embotellamiento de autos que se produce y se agrava por la circulación de Ómnibus”.
Además, citó que, “en la manzana aledaña a la Terminal de Ómnibus se está construyendo un edificio con más de cien departamentos, que acrecentará sensiblemente el tránsito del lugar”.
La presunción es que algunas de las obras de mejoras realizadas en la Terminal no respetan la ordenanza 4021 y que la modificación busca ‘salvar’ una situación que, de comprobarse, habilitaría hasta una eventual denuncia judicial por ‘incumplimiento de deberes’ contra los funcionarios que la habilitaron.
Nota correspondiente a la edición n° 402 del semanario La Jornada, del 31 de enero de 2015.
