La situación que atraviesa Bolivia disparó un intenso debate en el Concejo de Representantes en la sesión del 14 de noviembre, tras la presentación de dos proyectos para referirse al tema. El primero, impulsado por Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), planteaba declarar “el repudio y rechazo al golpe de Estado llevado a cabo en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
El otro, presentado por el bloque de Carlos Paz Unido (CPU), apuntaba a expresar “preocupación por los hechos acontecidos y su profundo rechazo a los actos de violencia, amenaza y agresiones, brindamos nuestra solidaridad al pueblo boliviano”.
Quaranta pidió que su proyecto sea tratado sobre tablas y realizó una encendida defensa. “Tenemos la obligación de tratar estos temas, al igual que de los problemas de la ciudad. Porque se trata de cuestiones de fondo, que tienen que ver con la democracia”, dijo en su intervención.
Sin embargo, el oficialismo ejerció la mayoría automática y levantó las siete manos para enviarlo a comisión lo que, en la práctica, equivale a ser rechazado.
Puesta a discusión la iniciativa de CPU se generó un fuerte intercambio, con eje en la definición de Golpe de Estado y la ‘ambigüedad’ del texto elaborado por CPU.
La defensa del bloque oficialista recayó en el edil Mariano Melana, que se limitó a leer un escrito. “Ante los hechos que se han suscitado en nuestra patria hermana, es menester solidarizarnos con gran efervescencia con nuestros hermanos bolivianos. Ante toda forma de violencia que atente contra la institucionalidad de cualquier nación, desde Carlos Paz Unido creemos que la solución debe dirimirse a través de la vía democrática bajo el amparo de la Magna Constitución que es el único instrumento legitima y loable para los que defendemos los valores republicados”, leyó el edil en un intento por darle grandilocuencia a argumentos bastante endebles.
Seguidamente hizo uso de la palabra Quaranta, quien planteó la necesidad de dejar en claro que lo que sucedió en Bolivia fue un golpe de Estado. “Se habla de hechos acontecidos, pero no tengo claro si se refiere a lo que manifiesta la oposición al presidente Evo Morales o si estamos preocupados por los hechos que acontecieron cuando ilegítimamente una vez más en Latinoamérica un general se tomó el atrevimiento de pedirle la renuncia a un presidente, mientras les incendiaban las casas a sus familiares”, espetó.
El edil de Carlos Paz Despierta, Daniel Ribetti, pidió las mismas aclaraciones. “Desde nuestro espacio visualizamos que lo que aconteció en el Estado Plurinacional de Bolivia fue un golpe de Estado. Hubo una interrupción violenta del mandato de un presidente elegido por el voto popular. La imposición de una presidenta provisional en una situación totalmente irregular, sin quorum. La intervención de todas las alcandías de ciudades importantes que estaban bajo el control del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. Quisiera que fueran claros para saber si acompañar o no este proyecto”, manifestó.
Dio la nota el concejal Jorge Lassaga (CPST), quien acusó a Evo Morales de haber realizado “fraude” en las elecciones bolivianas y de haber provocado “un autogolpe”.
“Quiero hacer propias las palabras del secretario general de la OEA (Organización de los Estados Americanos). Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o ejercerlo, si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el 20 de octubre, cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta.
“Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional. Era una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo de una de las peores formas, robándose una elección y robándose la soberanía al pueblo”, expresó Lassaga.
Sostuvo, además, que está forma de “autogolpe” no es nueva y que ya lo había intentado Slobodan Milošević en Serbia. “Deben continuarse las investigaciones para determinar las responsabilidades de este autogolpe”, consideró.
Quien salió a refutar inmediatamente fue el edil del frente Capaz, Gustavo Molina, quien precisó que el informe de la OEA no habla de “fraude” sino de “irregularidades” en el proceso electoral boliviano. “En caso de haber existido fraude, el Estado de Derecho tiene herramientas para que el presidente en ejercicio y todo el poder político boliviano puedan combatir esas irregularidades. Acá lo que hubo fue un golpe de Estado”, subrayó.
En esa línea estableció un parangón con lo ocurrido en las elecciones provinciales de septiembre de 2007, donde el Frente Cívico denunció fraude. “Nunca se puede sopesar una irregularidad de un proceso eleccionario con un golpe de Estado. No es lo mismo, sino ¿Qué tendríamos que haber hecho los militantes del Frente Cívico en el 2007, cuando en el proceso de escrutinio se cortó la luz y dos horas después resultó ganador Juan (Schiaretti)? ¿Tendríamos que haber volteado El Panal?, ¿Tendríamos que haber tirado piedras? No. hicimos lo que había que hacer: denunciamos dentro de un marco normativo”, dijo.
En esa línea, insistió en dejar en claro que “en Bolivia hubo un golpe de Estado”.
“No se puede hablar de política en términos de entelequia. Obviamente que todos los humanos en la tierra repudiamos la violencia en todas y cada una de sus formas. Pero si vamos a hablar de la situación institucional de Bolivia tenemos que decirlo con nombre y apellido: en Bolivia sucedió un golpe de Estado. Este Concejo, como órgano legislativo producto de la democracia, debe repudiarlo con todas sus fuerzas”, expresó con énfasis.
Por su parte, la concejala Natalia Lenci declaró: “Desde nuestro bloque y desde la Unión Cívica Radical repudiamos enérgicamente el golpe y la injerencia militar. Creemos que las irregularidades que se manifestaron puede subsanarse por las vías institucionales previstas”.
No obstante, consideró que ambos proyectos no eran excluyentes. “Hubiese sido bueno hacer un proyecto conjunto porque la preocupación por lo que hoy están viviendo nuestros conciudadanos es lo que nos moviliza a darles nuestro apoyo”, señaló.
Cerrado el debate, la declaración del oficialismo fue aprobada con 9 votos (Zacarías, Guruceta, Livelli, Villalobos, Fernández, Melana y Morla de CPU, más Lassaga y Lenci). Votaron en contra Gustavo Molina (Capaz-Frente Cívico), Carlos Quaranta (CPI) y Daniel Ribetti (CPD), quienes argumentaron que, sin dudas, lo sucedido en Bolivia fue un Golpe de Estado.
La Coopi rechazó el golpe y advirtió sobre “prejuicios raciales que conllevan el desprecio de los pueblos originarios”
El Consejo de Administración de la Cooperativa Integral emitió un comunicado repudiando el golpe de Estado en Bolivia, “la interrupción de la institucionalidad democrática y a la violencia instrumentada comprometiendo el estado de derecho y la paz social”.
“Como entidad de la economía social cooperativa que promueve el diálogo, la Coopi rechaza los discursos y acciones cargadas de intolerancia, así como los prejuicios raciales que conllevan el desprecio de los pueblos originarios del país vecino y de nuestro continente. Asimismo, valora los logros de la gestión gubernamental que se ha interrumpido antes de la finalización de su mandato constitucional, sobre todo en lo relativo a justicia social.
“Expresamos nuestra preocupación por el posible deterioro del nivel de vida alcanzado por el pueblo boliviano en manos de proyectos que pongan en peligro la soberanía de los recursos naturales y promuevan nuevos ciclos de acumulación de riquezas, fomentados por aquellos sectores que pretendan recuperar sus privilegios en desmedro del bienestar general de la población”, señala el documento.
Repudio en la legislatura
En la sesión del miércoles 13 de noviembre, la Unicameral cordobesa aprobó una declaración de rechazo el Golpe de Estado en Bolivia. El proyecto compatibilizaba las propuestas de los diferentes bloques, expresando preocupación y repudiando el golpe de Estado en la República de Bolivia, atentando contra el orden constitucional y el Estado de Derecho. Fue aprobado por la mayoría de los bloques políticos, a excepción del Pro y del legislador Fernando Palloni, del Frente Cívico.
La legisladora carlospacense Mariana Caserio valoró la decisión. “Como hermanos latinoamericanos no podemos ignorar lo que está ocurriendo en nuestro país vecino, donde se han roto las leyes democráticas y republicanas, violando los acuerdos básicos de un Estado de Derecho, poniendo en una situación de vulnerabilidad el derecho de los ciudadanos de elegir a su representante.
“Somos un país con memoria, que ha sufrido y superado las dictaduras del siglo pasado. Es momento de tomar las lecciones de nuestra propia historia y asumir una posición clara ante esta situación en Bolivia, repudiando estos acontecimientos para que haya verdadera justicia, para que nunca más vuelvan a repetirse. Abogamos por la primacía de las urnas y no de las armas”, reflexionó.
En un planteó totalmente opuesto, la legisladora del PRO y también vecina de Carlos Paz, Viviana Massare, sostuvo que lo sucedido en Bolivia “no fue un Golpe de Estado”.
La parlamentaria fue la única del bloque del macrismo que estuvo presente en la sesión al momento de tratarse el punto. “Haciéndonos eco de las palabras de nuestro canciller nacional, el bloque del Pro va a votar en contra de este proyecto”, afirmó escuetamente al momento de fundamentar su posición.
Cabe recordar que el canciller Jorge Faurie había dicho que “no están los elementos” para describir lo que sucede en Bolivia como un golpe de Estado.
“No fue un golpe de Estado, no es que asumió un militar después que se fue el Presidente”, argumentó Massare. Y planteó que, “la gente se enrareció a raíz del fraude en las elecciones”.
“En mi opinión quizá (Evo Morales) se aprovechó para haber tomado esta decisión e irse del país”, expresó en diálogo con los medios al término de la sesión.
Nota correspondiente a la edición n° 547 del periódico La Jornada, del 27 de noviembre de 2019.
