Por Agustina Sosa
Es domingo a la siesta y el calor se desliza por cada rincón de la peatonal cordobesa. Camino en busca de algún kiosco abierto para comprar una gaseosa, y, pateando bronca por lo cerrado que está todo, voy mirando el piso. De repente, mi visión llena de baldosas con chicles pegoteados y colillas de cigarrillos, se ve interrumpida por un par de zapatillas de niños, una mochilita rosa y ropa bien doblada y acomodada sobre una fuente. Miro hacia el costado y escucho gritos de chicos que se niegan a algo, recorro un poco más y descubro que ese algo se trata de una ducha.
Me invade la vergüenza como si estuviera espiando un baño ajeno. Bajo la cabeza pero miro rápidamente de reojo y veo a una pareja de padres jóvenes intentando higienizar a sus hijos. A ellos y a mí nos invade la vergüenza, el sudor y la bronca. El ángel que tira agua desde la fuente parece escoltar una escena cotidiana pero incómoda. Los niños tienen más o menos el mismo tamaño que ese ángel de cemento. Me olvido por un rato qué iba a comprar y de los kioscos cerrados. Me siento repleta de un enojo absurdo. “Y yo insultando por no poder comprar una gaseosa”, pienso, y el calor me anuda la garganta junto con la angustia.
Lo primero que descubro al intentar escribir sobre la pobreza en Córdoba es la escasez de datos, relevamientos y fuentes actuales. La pobreza aparece como ese concepto que se aloja abstracto en la mente de cada ciudadano pero que difícilmente podemos definir con exactitud. Quizás a eso responda el cachetazo de realidad que sentimos cada vez que nos encontramos con una familia viviendo en las afueras del edificio de Radio Nacional, en iglesias, o en las terminales de ómnibus (en donde aquellos que no tienen techo son víctimas frecuentes de persecuciones varias).
Es imposible hablar de pobreza sin mencionar la problemática de la falta de trabajo. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares durante el año 2018, el trabajo se devaluó a tal punto que un 20,38% de las personas que tenían un empleo en el Gran Córdoba se encuentra actualmente en situación de pobreza (127.778 trabajadores durante el año pasado). Tal como explica el Mgter. en Administración Pública y licenciado en Economía, Juan Pablo Carranza, “esta situación se debe, en parte, a la elevada tasa de informalidad laboral, que afectó durante el año 2018 al 37% de los trabajadores cuyos ingresos apenas llegan a un 40% de lo que gana un trabajador formal”.
La realidad parece endurecerse si pensamos en las generaciones más jóvenes, ya que durante el año pasado un 44,45% de los niños menores de 13 años se encontraron en situación de pobreza de ingresos (más de 122 mil niños); 9.323 niños y jóvenes de edad escolar no asistieron a la escuela; 45.161 niños menores de 13 años no cubrieron sus necesidades básicas alimentarias.
Según el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES), Córdoba se ubica entre las tres provincias con más niños en situación de pobreza e indigencia.
Según el informe de CIPPES: “Las estimaciones de la tasa de pobreza, en base a los datos referidos a Ingresos y Canasta Básica Alimentaria y Total de los hogares por regiones publicada por INDEC, indican que al primer semestre de 2018 el 41,69%, es decir, 4 de cada 10 niños y adolescentes de hasta 17 años vivieron en condiciones de pobreza en Argentina, lo que representa 5,45 millones de personas en ese grupo de edad. Además, el 7,86% de niños y adolescentes permanecieron en la indigencia al primer semestre de 2018, que representa a 1,03 millones de personas en ese rango de edad”. Respecto a la provincia de Córdoba, el informe especifica que la tasa de pobreza en la población de 0 a 17 años alcanzó el 47,42%, porcentaje que representa a casi 485 mil niños y adolescentes. La cifra es 5,7 puntos porcentuales superior al dato nacional y ubica a Córdoba tercera entre las provincias con mayor nivel de pobreza después de Santiago del Estero, donde la pobreza en niños y adolescentes alcanzó el 60,96%, y Corrientes, donde alcanzó el 48,86% durante el año pasado.
La inflación, ese drama que erosiona los bolsillos
Si bien los datos de la Encuesta Permanente de Hogares no han sido actualizados aún (pero se encuentra en elaboración, como cada año, de enero a diciembre), un dato que sí poseemos es el que refiere a la inflación. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó recientemente el incremento de precios durante el mes de enero de 2019, indicando que la inflación creció un 2,9% respecto a diciembre.
No obstante, cabe resaltar que la Dirección de Estadística y Censo de la Provincia de Córdoba, marcó en enero un aumento de los precios que alcanza la cifra de 3,97%, bastante por encima de la inflación a nivel nacional. Tal como detalla el informe, los aumentos se registraron principalmente en las tarifas que subieron en promedio 6,4% respecto al mes de diciembre. Allí podemos ver que el punto “Suministro de agua, cloacas y desagües pluviales” tuvo un aumento del 28,4% y la luz de un 11,49%. En lo que respecta a servicios telefónicos, el aumento de precios alcanzó un 12,23%.
Otro punto a tener en cuenta es que el ítem configurado por Alimentos y bebidas no alcohólicas, registró un aumento del 3,4%, siendo por demás significativo si lo englobamos en la problemática de la pobreza tanto en nuestra provincia como a nivel nacional.
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La pobreza afecta a los trabajadores formales, informales y populares
Pablo Nori Montes, referente cordobés de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), asegura que ha aumentado la cantidad de comedores y merenderos, ya que “el almuerzo de los chicos es la merienda que les otorga la organización”. Según Montes, “es notable cómo ha crecido la necesidad de alimento, el hambre, desde el año pasado hasta ahora”. El dirigente explica que, “enero siempre es un mes muy duro para aquel que no tiene ingresos fijos porque todo lo que es la changa se muere, y es muy raro que en alguna casa se haga una reforma, o que se ponga un gasto extra, difícilmente los sectores de trabajadores en blanco se pongan a hacer alguna reforma en su hogar en enero”.
Desde la CTEP diferencian al trabajador de la economía popular con el trabajador que se encuentra en la categoría informal, argumentando que ellos se ocupan de “un sector en el que hay alrededor de 200 mil cordobeses que son trabajadores de la economía popular, esto quiere decir que es gente que se inventa el trabajo porque no tiene trabajo. No estamos hablando de trabajo informal, que es otra cosa, que es un problema de blanqueo por parte de los patrones hacia ese trabajador; estamos hablando de gente que se inventó algo: que produce algo en su casa, algún servicio, carpintería, vende en la calle o se va organizando a través nuestro, a través de algunas cooperativas, y vamos consiguiéndoles algunos trabajos desde el Estado o un ente privado”.
Es importante remarcar, además, que desde esta organización indican que los trabajadores enmarcados dentro de la economía popular, es decir, aquellos que no tienen trabajo en blanco ni tampoco informal, están superando el tercio del total de los trabajadores.
En lo que respecta al problema de la urbanización y vivienda, Montes asegura que han relevado 180 asentamientos y villas que es donde vive la mayoría de estos trabajadores de la economía popular: “Este año impulsamos una Ley de Integración urbana que fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, y ahora lo que estamos reclamando es la reglamentación para que no sea letra muerta. Pero para nosotros es muy importante lograr la infraestructura social porque podés tener carencias pero no es lo mismo salir de tu casa cuando llueve directamente al barro o que se te inunde el hogar. A esta ley se la conoce como Ley de Barrios Populares o de integración urbana, y el relevamiento de barrio popular tiene un canal institucional, o sea reconocido por el Estado, si bien al relevamiento lo hicieron las organizaciones populares más Techo y otras ONGs”.
El referente explica, también, que por primera vez se realizó un censo de barrios populares, y el resultado fue que en nuestro país hay 4.200 barrios en esa condición.
Desde la CTEP se realiza una segmentación entre aquellas personas que pueden trabajar, y aquellos que no cuentan con esa posibilidad, es decir, adultos mayores o menores de edad. “En el programa que se lanzó siempre discutimos el trabajo: vos podés generar miles de programas de asistencia, ahora, si la persona no tiene trabajo, no fortalece el trabajo que hace o que puede hacer en su barrio con otros, no es lo mismo porque el trabajo sigue siendo el mayor ordenador en una casa”.
Al ser consultado sobre si reciben ayuda económica desde el Estado, Montes comenta que, “la ayuda nacional existe porque están los programas de hace años, de los gobiernos nacionales anteriores, siendo muchos de ellos programas de asistencia. En el caso de la ciudad de Córdoba nosotros tenemos muy escasa ayuda; en el caso de la provincia un poco más; en el caso de la nación también asiste con alimentos”. La problemática en los alimentos aparece, según detalla el dirigente, en la cantidad de hidratos que contienen: “Por lo general los alimentos que nos llegan son fideos, arroz, aceite, lo básico para que la persona no muera de hambre, pero tampoco hace una dieta saludable”.
En ese sentido, comenta que actualmente están discutiendo en la provincia una Ley de Emergencia Alimentaria que implica que los productores de la agricultura familiar, de los cinturones verdes, que a veces tienen que tirar la producción porque los costos de fletes son más altos que poder venderlos, puedan -mediante la intervención del Estado- hacer llegar alimentos saludables entre trabajadores populares.
En lo que concierne a infraestructura social, desde CTEP aseguran que tienen varias cooperativas que están haciendo adoquines, cordón cuneta, y que “si gran parte de esas obras que por ahí hace el Estado, las pueden hacer los mismos vecinos de sus barrios, también sería un impacto en el trabajo y ni hablar en un barrio más digno que los que están viviendo ahora. La pobreza es una situación muy compleja, por nosotros tomamos muchos estos encuentros que hemos tenido los movimientos sociales con el Papa Francisco, y él en sus escritos habla de que no hay peor pobreza que la de no tener trabajo para poder llevar un plato de comida a tu familia.”
Otro punto interesante a destacar es todo el programa que está comprendido en el acceso a los créditos blandos, esto es, la posibilidad de acceder a un monotributo.
Montes sostiene que esta medida “tiene que ver con la salud, porque en los sectores más pobres, las cuestiones odontológicas, todo lo que tiene que ver con la vista, y todo lo que tiene que ver con salud mental, es un lujo”.
El déficit habitacional en la pobreza se traduce en asentamientos
Desde la CTEP explican que la situación se vuelve más compleja en los casos de asentamientos, ya que, “lo que sucede es que, por lo general, son familias que están en tierras fiscales, a veces de un privado, o de una empresa que se ha dado a quiebra, o de un privado que tiene problemas en sucesiones y demás. Al estar judicializada la tierra no entran los servicios y, por ende, no se hacen las mejoras”.
No obstante, la ley que desde la organización insisten en adecuar viene a cambiar eso, es decir, se reconoce el asentamiento como barrio, ya sea por una cantidad de años o por una cantidad de población. “Un asentamiento es asentamiento porque uno o dos servicios esenciales no llegan al barrio. No tienen electricidad de manera formal, o no tienen gas o no pasa la recolección de basura. En la mayoría de los asentamientos, muchos no tienen nada de esto”, explica Montes.
“El otro trabajo en la ciudad de Córdoba tiene que ver con que el agua está privatizada, entonces la red ha llegado hasta los barrios reconocidos por el Estado. Nosotros logramos en todo este tiempo de lucha que al menos lleguen canillas comunitarias, y hemos hecho alguna red para que no se contamine el agua”.
En ese sentido, el referente enfatiza: “En eso nos ha dado una mano la Coopi (de Villa Carlos Paz), muchas de las veces en algún asesoramiento técnico, alguna válvula de escape o para limpiar las cañerías, nos han asesorado en varias cosas de esas que tienen que ver con que tener una buena red posibilita que no se generen muchas enfermedades que después el mismo Estado al no poner la plata ahí, la termina poniendo en los hospitales”.
Desde la organización aseguran que van a generar un registro provincial por internet, para que todos los trabajadores de la economía popular que estén o no dentro de la organización, puedan acceder a un monotributo, siempre y cuando no se encuentren registrados como trabajadores formales ni informales.
El flagelo de no tener dónde dormir
En un contexto de creciente crisis económica y social, uno de los mayores problemas que se registran en la actualidad, es la sobrepoblación en los albergues para personas en situación de calle. En estos lugares, destinados para adultos mayores, los jóvenes no tienen lugar ni acceso, lo cual presente una dramática escena en la que el Estado se encuentra totalmente ausente.
Pero además del problema a la hora de dormir, se están registrando cada vez más presencias de jóvenes que buscan comida en los denominados “hogares de día” para ancianos, hogares en donde ya no sobra comida para nadie.
La información institucional sobre la situación de estos albergues es inexistente, mientras que el número de personas en situación de calle crece exponencialmente, incluso en Villa Carlos Paz, con la particularidad de que se suman personas que nunca antes se habían encontrado en esta situación, que claramente se han empobrecido en este último tiempo o bien cuya pensión no alcanza para alquilar ni para costear los gastos cotidianos.
Como si fuera poco, y como es sabido, el drama del consumo problemático de sustancias se incrementa en estos panoramas, llevando además la imposibilidad de ingresar a estos albergues, ya que por medidas de precaución se prohíbe la entrada a personas bajos los efectos de las drogas o el alcohol.
Otro punto a tener en cuenta es que a los ciudadanos cordobeses en situación de calle, se les suman aquellos provenientes del interior o de otras provincias, principalmente trabajadores “golondrina” o rurales, que vienen a probar suerte y se topan con una realidad pesimista.
La desocupación y la creciente inflación afectan también a aquellos que habían logrado cierta estabilidad laboral o monetaria, llevándolos a reincidir en estos albergues.
Nota correspondiente a la edición n° 538 del periódico La Jornada, del 27 de febrero de 2019.
