“Ejemplar fallo judicial a favor de la vida”. Con estas palabras celebraron desde ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio) el fallo de la jueza de Segunda Nominación de Villa Carlos Paz, Viviana Rodríguez, quien decidió el pasado miércoles dar lugar al recurso de amparo ambiental presentado en febrero de 2013 contra la empresa GAMA, la Municipalidad de San Antonio de Arredondo y el gobierno de la Provincia de Córdoba.
Con esta resolución, la empresa no podrá construir El Gran Dorado III, el mega emprendimiento de más de 400 departamentos pretendía realizar en la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor y en una zona de monte serrano protegida por la Ley de Bosques 9814.
“Celebramos este fallo y lo recibimos con alegría. Más en esta semana de tanto maltrato por parte de los legisladores que están haciendo creer que están abriendo un proceso participativo para sancionar una ley de desmontes. Estas noticias nos dan el impulso para seguir en la lucha”, expresó a VillaNos Radio Marcela Fernández, abogada de ADARSA.
La jueza también ordenó a la empresa “recomponer el daño ambiental producido por el desmonte llevado adelante en el predio, en un plazo de 180 días a partir de que quede firme la presente resolución, previo relevamiento del daño que deberá realizarse en conjunto con la Secretaría de Ambiente y de Bosques de la Provincia de Córdoba”.
Precisamente este punto es crucial en la resolución. Consultada sobre si desde ADARSA esperaban este resultado, Fernández reconoció que “siempre se tiene esperanza”, pero que lo expresado por Rodríguez en su fallo es emblemático y ejemplar.
“Uno siempre tiene la esperanza de que la evolución de la jurisprudencia acompañe a los tiempos de la historia. No siempre se da así. Por ejemplo, para la planta de EPEC presentamos lo mismo y sin embargo nunca se logró frenar los trabajos y ahí la tenemos.
“Son batallas que se van ganando. Y se la juegan, porque en un pasaje la jueza refiere a su convicción personal de que hay que defender el ambiente. Es una afirmación fuerte para leerla e imbuirse en todo ese espíritu”, destacó.
Rodríguez también declaró inconstitucional “por vicio de ilegalidad”, la ordenanza N° 034/12 dictada por la municipalidad de San Antonio de Arredondo, la cual autorizaba la construcción del emprendimiento privado.
En esa línea, Fernández señaló que resulta necesario que el fallo judicial tenga un costo político para aquellos funcionarios que avalaron el emprendimiento, pese a estar emplazado en una zona de reserva.
En su resolución, la jueza también tuvo en cuenta la opinión que expresó la comunidad en la histórica audiencia pública de fines de enero, en la que participaron más de 400 personas. Bien vale recordar también que esa misma instancia de participación fue dictada por el Poder Judicial, tras la resistencia de la provincia a convocar a la audiencia.
Nota correspondiente a la edición n° 468 del semanario La Jornada, del 04 de junio de 2017.
