Por Evelina Ramírez
La historia de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz está hecha de rebeldías.
Rebeldía política. Rebeldía colectiva. Rebeldía de servicio. Rebeldía con proyección. Rebeldía que ha permitido garantizar la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento, salud, cultura, educación y comunicación. Rebeldía que se ha nutrido de los mejores principios del cooperativismo.
Este 5 de junio, la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz cumple 54 años de labor comunitaria y solidaria. Bajo el precepto claro de que lo que manda es la tarea.
El primer grito
Entre las décadas de 1940 y 1950 se desencadenó, a gran escala, el proceso de fragmentación y venta de las tierras que pertenecían a las antiguas estancias agroganaderas que ocupaban el actual espacio geográfico de nuestra ciudad. La más importante, por su extensión y localización, era la estancia Santa Leocadia, propiedad de Carlos Nicandro Paz.
En función de la decadencia de las actividades productivas rurales, y en consonancia con el auge de actividades recreativas en las sierras cordobesas, estas tierras fueron adquiridas en su gran mayoría por compañías y empresarios inmobiliarios, quienes elaboraron proyectos de urbanización basados en la venta de lotes aptos, fundamentalmente, para la edificación de viviendas con fines turísticos.
A fin de hacer más atractivas y redituables las operaciones comerciales, varios de estos empresarios ofrecían los loteos provistos de energía eléctrica y agua corriente. En el caso del agua, el sistema más difundido se basaba en la captación del fluido del viejo canal, la cual era almacenada en un gran tanque que, por gravedad y/o por bombas hidráulicas, la distribuían entre los propietarios. En otros casos, la provisión del recurso hídrico era aún más rudimentaria, pues se brindaba a través del tradicional sistema de pozos de balde, cisternas y aljibes.
Muy pronto, este sistema fragmentado de gestión privada del servicio de aguas corrientes de Villa Carlos Paz mostró sus graves limitaciones, ya que tanto el canal a cielo abierto como las napas contaminadas por la inexistencia de una red cloacal no permitían asegurar el consumo de un recurso básico para la vida en las condiciones necesarias de salubridad. Ya a mediados de los años cuarenta, los vecinos de la villa aprovecharon la visita de un funcionario de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) para solicitarle que intercediera para que esta empresa estatal proveyera el servicio, pero su anhelo no llegó a buen puerto. La razón principal era que el organismo no podía intervenir –de acuerdo al marco legal vigente indicado por la ley 10.998- en localidades de menos de tres mil habitantes para proveer del servicio de aguas corrientes.
Este factor volvió a cobrar relevancia pocos años después, cuando el legislador nacional y vecino de la villa, Ezio Armando Carena, tramitó la nacionalización del servicio sin éxito. Mientras tanto, el notable crecimiento urbano de Villa Carlos Paz no hizo más que agravar la difícil situación sanitaria que no sólo ponía en jaque la salud de los vecinos, sino también el futuro turístico de la ciudad.
Así como por cuestiones normativas OSN no podía prestar el servicio en la localidad, tampoco el recientemente creado municipio de Villa Carlos Paz presentaba el suficiente desarrollo institucional para poder ofrecer una solución viable a esta grave problemática. De allí que en 1958, y fomentada por el intendente socialista Juan García, se formó a partir de una comisión vecinal ad hoc una cooperativa de servicios que apuntaba a planificar y gestionar de forma centralizada y pública el servicio de aguas corrientes para la localidad, con excepción de la zona asistida por la Cooperativa San Roque desde 1949 (Villa del Lago).
Si bien esta cooperativa no llegó a cumplir esa meta, sí en cambio tuvo éxito en lograr que la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH) llevase adelante el estudio y concreción de un proyecto para crear la infraestructura necesaria para asegurar un servicio domiciliario de agua eficiente y eficaz. El departamento técnico del organismo provincial a cargo del ingeniero Juan Manuel Ninci presentó la propuesta de construir en Cuesta Blanca las obras de captación y distribución de aguas corrientes para Villa Carlos Paz, debido a las ventajas que presentaba en cuestiones de calidad del recurso (zona no afectada por un desmedido crecimiento urbano) y menores costos en función de que la llegada del recurso se hacía, primordialmente, en base a la fuerza gravitatoria.
Vale aclarar que no era el único proyecto en danza. El municipio había encargado al ingeniero Alfredo Bonzano los estudios para encarar el entubamiento del viejo canal construido por Carlos N. Paz. El Concejo Deliberante terminó aprobando el proyecto de Bonzano mediante la sanción de la ordenanza 211 del 7/6/1960, autorizando así mismo al Departamento Ejecutivo la emisión de un empréstito para financiar la obra. Sin embargo, la intervención decretada por las autoridades provinciales sobre el municipio carlospacense poco después dejaría sin efecto la concreción de esta obra.
Fue precisamente la nueva administración municipal, a cargo de Aldo Capello, la que decidió optar por el proyecto de la DPH de construcción de las obras fundamentales del servicio de aguas corrientes en Cuesta Blanca. Según relata Ezio Armando Carena en su libro “Villa Carlos Paz en el recuerdo Tomo II”, el 11 de noviembre de 1960 Capello y los vecinos que le apoyaban decidieron emprender la concreción de la obra de agua. Ese día solicitaron al interventor provincial Francisco Larrechea la entrega de fondos para tal fin. El 23 de febrero de 1961 se firmó el convenio entre la provincia y el municipio, autorizándose por parte de la primera la transferencia de $ 40.000.000. La municipalidad, por su parte, incluyó en el presupuesto de ese año una partida para la obra, además de crear una comisión técnica-jurídica de asesoramiento.
A partir de ese momento el municipio llevó adelante las primeras licitaciones. Entre las más importantes, se adjudicó la provisión de caños para el tramo Villa Carlos Paz-Icho Cruz a la firma Supercemento S. A., mientras que el abastecimiento de los caños para el tramo siguiente hasta Cuesta Blanca fue asignado a la firma Miguel Roggio S. A. Hacia fines de 1961, Capello decidió crear en base al modelo de funcionamiento de la DPH y de EPEC un organismo municipal autárquico encargado de prestar el servicio, el cual se denominó Empresa Municipal de Aguas Corrientes (EMAC). La misma comenzó a funcionar luego de ser aprobada por decreto provincial N° 5.743, Serie A, del 28/12/1961, siendo su primer presidente Bartolomé Capello.
Tras la renuncia de Aldo Capello a principios de febrero de 1962, asumió el cargo de comisionado municipal Vicente Corso, quien de inmediato designó una comisión para estudiar las actividades de la EMAC, mientras derogaba a su vez los decretos 15, 16, 33 y 39 firmados por Capello y relacionados con la empresa de agua municipal.
Como consecuencia de la revisión impulsada por las nuevas autoridades municipales, las obras se paralizaron debido a la falta de pagos a los contratistas. El conflicto llegó a su punto más álgido cuando Corso derogó mediante decreto la ordenanza de creación de la EMAC. Ante esta situación, el gobierno provincial decidió que la DPH se hiciera cargo de las obras, mientras aprobaba lo actuado por la gestión del comisionado municipal.
No obstante, la asunción por parte de la DPH de las obras no implicó la conclusión inmediata del proyecto. Una vez más, numerosos vecinos decidieron actuar y así fue como en el mes de marzo de 1963 un grupo de ellos, junto al comisionado municipal Juan Passerini, se reunieron con el interventor municipal Rogelio Nores Martínez, llegando a un acuerdo para que las obras y la prestación del servicio estuviesen a cargo de una entidad mixta con participación civil y municipal.
El año 1963 es fundamental. Es el año del primer grito de rebeldía.
Los vecinos vuelven a retomar la iniciativa que dará fuerza e impulso al proyecto Cuesta Blanca. Ahí comienzan a ponerse de acuerdo acerca de la concreción de las obras. “El pueblo de Villa Carlos Paz encarará por sí la solución al grave problema del agua”, titulaba La Voz del Interior del 28 de marzo de 1963. Ahí es donde se decidió encargar a la APIA (Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura de Cilla Carlos Paz), el estudio para la continuación de la obra iniciada en 1961 según el proyecto de la DPH.
Entre ellos se encontraban destacados profesionales como Alfredo Bonzano, Máximo Sargiotto, Alfredo Domenella, que impulsaron la creación de una cooperativa de usuarios que tuviese a su cargo la prestación del servicio de agua.
Finalmente, el 5 de junio de 1963 es fundada la Cooperativa de Aguas Corrientes, Obras y Servicios Públicos. El 20 de noviembre de 1964 le fue otorgada la dirección y administración del servicio por decreto 244/B/64 de la gestión del intendente radical Anselmo Peláez.
Con el impulso de la nueva institución el proyecto Cuesta Blanca se revitalizó. Luego de los estudios técnicos, en febrero de 1964 se licitaron las obras, comenzando su ejecución al poco tiempo. El proceso derivó en la firma del contrato por el cual la municipalidad otorgó la concesión del servicio de agua a la cooperativa. Este servicio que marcó los orígenes es el que sustentó el crecimiento de la institución. Junto con la población, las necesidades fueron creciendo en cantidad y calidad. Y en el devenir histórico, el desarrollo inmobiliario estuvo siempre por delante de la prestación de servicios públicos, poniendo en evidencia una falencia en la planificación urbana de la Villa.
El primer contrato entre la Cooperativa y la municipalidad de Villa Carlos Paz era de 10 años, aunque en su artículo segundo hacía referencia a la ampliación de la concesión: “la Municipalidad en cumplimiento de la resolución indicada en el artículo anterior se compromete a someter al referéndum popular en el mes de abril de 1966 para la ampliación del plazo de concesión de diez años a noventa y nueve, de acuerdo a las facultades”.
Luego de la firma del contrato, la Cooperativa se hizo cargo de un servicio centralizado de gestión pública de aguas corrientes. Pero lejos se estuvo de poder cimentar una relación de entendimiento y colaboración en los años siguientes con el municipio. Este hecho no sólo se verifica en la no concreción del referéndum acordado, sino también en la intención del interventor municipal Dr. Raúl Mantegazza de iniciar en 1972 los trámites para la transferencia del servicio a OSN.
Tras el fracaso de este intento por estatizar la prestación de agua en nuestra ciudad, la Cooperativa siguió prestando el servicio. Los graves problemas económicos que se desencadenaron sobre el país desde mediados de la década de 1970, dificultaron la obtención de los recursos necesarios para garantizar la provisión del recurso en la cantidad y calidad mínimamente requeridas. Aún hoy, los más memoriosos recuerdan las largas colas que había que hacer en las canillas públicas ubicadas en la calle Asunción para aprovisionarse de agua para consumo personal.
Los trabajadores al frente
En la década del 70, la prestación del servicio de agua atravesaba nuevamente situaciones de extrema gravedad. La planta potabilizadora construida en la década del 60, nunca había funcionado con normalidad. “Calcularon el filtro para el diez por ciento de la turbiedad que trae cuando viene una creciente; a la primera creciente, tapó todo. Por veinte años más, Carlos paz no tuvo planta potabilizadora”, graficó Alejandro Eguiguren.
En 1972 se encargó el primer plan director a la firma Estevenazi Chesura. Un emblema de la planificación de inversiones para el servicio de agua potable. En este plan director ya se hablaba de la necesidad de interconectar el sistema de Villa Carlos Paz con el de Villa del Lago.
Lo previsto por este plan director quedó trunco, entre otras cuestiones, ante la decisión del interventor Mantegazza de nacionalizar la prestación, cuestión que nunca se concretó. Ante esa decisión, la Cooperativa fue relegada a tener un plan sustitutivo para hacer solo reparaciones. Se le quitó toda potestad para poder realizar planificaciones e inversiones de largo alcance. La orden municipal era mantener el servicio hasta que se hiciera cargo Obras Sanitarias de la Nación, que a esa altura ya era un espejismo. El proceso de destrucción y vaciamiento de este emblema nacional de política de saneamiento había empezado a materializarse desde la segunda mitad de la década del 50.
Es ante ese estado de situación que se da lo que denominamos el segundo grito de rebeldía, que vendría en este caso, de parte del colectivo de trabajadores de la institución, en la asamblea de 1986.
En aquel momento confluyeron dos elementos claves: la organización gremial de los trabajadores y el Movimiento de Juventudes Políticas que, tras la recuperación de la democracia, tenía una efervescencia participativa.
En cuanto al factor gremial, la organización de los trabajadores de la Cooperativa se remonta al año 1982, cuando se constituye la Comisión “Pro-Gremio”. La declaración de “fundamentos y objetivos” de esta incipiente organización gremial –con fecha del 22 de noviembre de 1982- parte de una definición social del trabajo, el cual contribuye al desarrollo del trabajador y por ende de la sociedad en su conjunto. Es una definición que se desvía de su consideración como mercancía, que condena al obrero a la alienación al separar el trabajo de su realización personal. De allí que se plantea el trabajo como un derecho no solo económico, sino también social y cultural.
“El trabajo humano es la clave esencial de toda cuestión social, desde el punto de vista del bien del hombre. Se debe evitar que el trabajo sea considerado una mercancía sui generis o al trabajador como un mero instrumento de la producción. Si bien el trabajo es una obligación, también es una fuente de derechos por parte del trabajador, derechos que deben ser examinados en el amplio contexto del conjunto de derechos del hombre, que le son connaturales y por tal circunstanciainnegables”, se lee en el documento, que expresaba en potencia una conciencia de protagonizar un cambio profundo en la institución.
Al pensar en esa asamblea de 1986, hubo un factor necesario a considerar y es el despido –en agosto de ese año- de tres delegados del gremio: Miguel Eguiguren, Claudia Giudice y Alberto Nieto, quienes reclamaban un aumento de salario cedido por el ministerio de Trabajo. Ante el reclamo, el Consejo de Administración, presidido en aquel momento por Eduardo Boqué Miró, decidió despedir a los tres delegados.
Pero lo sucedido alentó la lucha que se venía gestando con miras a la realización de la asamblea que renovaría el 50 % de los miembros del Consejo. El objetivo estratégico era el recuperar una organización popular como lo es una Cooperativa, para ponerla al servicio de las mayorías, en alianza con el Movimiento de Juventudes Políticas (MOJUPO).
Con los trabajadores y trabajadoras al frente de la conducción de la Cooperativa, la institución tuvo un nuevo impulso.
En 1987 se consiguió un nuevo contrato de concesión donde se lograba, después de más de una década, quitar la cláusula que refería a OSN. Se diseña un nuevo Plan Director de Obras, que fue pensado desde las necesidades que los propios trabajadores veían en el sistema de agua. Para el desarrollo de este trabajo se incorporó a la institución al ingeniero Juan Carlos Sola, que en ese momento formaba parte también del CIRSA.
Con esa proyección y con la fuerte decisión de que las cosas no podían seguir como estaban, se tomaron una serie de medidas que incluyeron la construcción de una planta potabilizadora (que fue inaugurada en 1989) y el desarrollo del segundo acueducto de 14 kilómetros (finalizado en 1995). Obras emblemáticas, sumamente necesarias hasta el día de hoy. Los trabajos fueron hechos por administración, con el aporte de los vecinos y resistidos por el poder político de turno. Las obras se comenzaron sin autorización municipal, lo cual fue objeto de sanciones y paralizaciones que demoraron su culminación.
Otra de las medidas inmediatas tomadas por la nueva conducción de la Cooperativa fue la colocación de medidores y la extensión de la red en los distintos barrios de la ciudad, incluso en asentamientos precarios bajo la consigna “Agua para todos”. Dos experiencias emblemáticas fueron la extensión de la red en la costa del río de barrio Miguel Muñoz “B” (en la zona conocida como “La Vizcachera”) y en la calle México de barrio La Quinta Primera Sección.
En 1997, una vez vencido el contrato de concesión, la Coopi inició una larga resistencia al intento de privatización. Resistencia que se dio, claro está, con una fuerte movilización ciudadana.
A pesar de las limitaciones y las mezquindades del poder político, la Cooperativa Integral ha dado garantías de calidad en la prestación.
Luego se avanzó en el desarrollo de otros servicios como cloacas, telecomunicaciones en las Comunas del Sur de Punilla, gas natural (en sociedad con el Estado municipal), salud (con el Banco Solidario de Sangre), cultura, educación (brindando la posibilidad de terminar sus estudios primarios y secundarios a quienes quedaron fuera del sistema educativo en su infancia o adolescencia) y comunicación a través de VillaNos Radio.
Hoy, la rebeldía de la Cooperativa Integral, se utiliza como argumento para buscar su destrucción. Pero está más que claro que fue la rebeldía la que permitió garantizar la vigencia de una gestión social y comunitaria de los servicios públicos.
Por eso, hoy más que nunca, el futuro del servicio de agua está en su historia.
Nota correspondiente a la edición n° 468 del semanario La Jornada, del 04 de junio de 2017.
