Al igual que lo ocurrido con las cloacas en diciembre pasado, la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz impugnó el procedimiento a través del cual el intendente Esteban Avilés pretendía tomar el servicio de agua. Lo hizo tanto en la planta de potabilización de Cuesta Blanca como la de barrio La Quinta.
Hasta allí se trasladó cerca del mediodía de este miércoles una reducida comitiva municipal, integrada por el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, el director de Obra Públicas, Luis Piñero, y el escribano Gastón Recalde.
En Cuesta Blanca los funcionarios se encontraron con trabajadores y parte del cuerpo de abogados que patrocina a la Coopi en esta instancia, quienes rechazaron la intervención con el argumento de que el fallo del TSJ que habilita a municipalizar el servicio mediante decreto no está firme, ya que se presentó un recurso extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la nación.
En este contexto, se firmó un acta donde quedó constancia de ambas posturas.
El mismo procedimiento se concretó minutos más tarde en la planta de La Quinta.
Los funcionarios no fueron, como se especulaba, a la sede de la Cooperativa Integral, donde a esa hora se desarrollaba un contundente acto en defensa de la institución y los servicios públicos, organizado por la Multisectorial.
Efecto suspensivo
Ante declaraciones del Asesor Letrado de la municipalidad, Juan Villa, en el sentido que el decreto 723 que firmó Avilés en diciembre de 2017 es ejecutable y por tanto el municipio estaba habilitado a tomar el servicio de agua este 28 de febrero, el abogado de la Coopi, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, se expresó en sentido contrario y lo descartó por completo.
“El municipio no puede hacerse cargo del servicio de agua que presta la Cooperativa, ya que no corresponde por las múltiples razones que se han dado en el tema en los escritos presentados ante la justicia y además, porque el decreto referido se funda en el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que se ha apelado por recurso extraordinario, para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación el tribunal que decida la cuestión en definitiva. Por lo tanto, mal puede dicho fallo que funda el decreto, dar fundamento al accionar que pretende arbitrariamente llevar adelante el intendente, una vez más, ya que no está firme dicho decisorio, se encuentra recurrido ante la Corte y de dicho recurso, declarado pertinente por el TSJ, se le ha corrido traslado a la municipalidad”, dijo.
Y agregó, al solo efecto ilustrativo, que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos como “César Arias” (Fallos, 314:1675), “Escobar” (Fallos, 316:2035), “Esuco” (Fallos, 317:686), “Oswald” (Fa-llos, 318:541, 319:1039 y 3470) y muchos otros, tiene dicho que la mera interposición del recurso extraordinario federal, como hemos hecho en representación de la Coopi, y hasta tanto el mismo no fuese denegado por el superior tribunal de la causa, importa la suspensión de la sentencia, en este caso, la del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La postura de la Corte se apoya en lo que dispone en los arts. 499 y 258 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación”.
Pedrone: “El tema seguirá en la justicia”
Tras realizar el acta de rechazo de la toma del servicio en la planta de La Quinta, Pedrone habló con los medios de prensa y ofreció su punto de vista.
“Nos apersonamos a los fines de la toma provisoria. Fuimos recibidos por los apoderados de la Coopi, que hicieron uso de los argumentos permitentes y rechazaron la pretensión del municipio”, expresó. Y detalló que estos argumentos, “tienen que ver con cuestiones procedimentales, atacando fundamentalmente el decreto atento al recurso extraordinario que se planteó a fines de 2017; un tema que tiene un nivel jurídico muy estricto”.
Explicó, además, que no concurrieron a la sede central de la Coopi porque consideraron que las plantas de Cuesta Blanca y La Quinta, “son los dos lugares más emblemáticos respecto al servicio de agua”.
El funcionario, que lucía bastante resignado, adelantó que la disputa continuará en la justicia. “Seguramente Asesoría Letrada seguirá con los pasos pertinentes en el Tribunal Superior de Justicia”, subrayó.
