- La Coopi objetará en el plano formal y de fondo las imputaciones a Jorge Pafundo y Fernanda Eguiguren, por el volcamiento de efluentes cloacales en el arroyo Huerta Grande. Rechazan que se les hayan tomado declaración indagatoria sin la presencia de un abogado defensor.
- Remarcaron que hay abundante material documental y testimonial que da cuenta del incumplimiento de las autoridades estatales (provincia y municipios donde Cuencas Serranas presta el servicios de cloacas), quienes no realizaron las inversiones de infraestructura necesarias para llevar adelante la prestación del servicio de cloacas.
- En noviembre de este año vence la concesión del servicio de cloacas a Cuencas Serranas, que opera en la Cuenca Norte. Sostienen que detrás de las imputaciones hay una campaña de desprestigio a las cooperativas, con la intención de pasarle el servicio a empresas privadas.
La Cooperativa Integral brindó esta mañana una conferencia de prensa donde planteó que objetará en el plano formal y de fondo las imputaciones realizadas por el Fiscal de Instrucción de Cosquín, Martín Bertone, respecto al servicio de cloacas en Huerta Grande.
Del encuentro con los medios de prensa participaron los abogados Claudio Orosz y Julio Cesar Martínez, quien además es apoderado de Cuencas Serranas.
Cabe recordar que Bertone imputó a Jorge Pafundo y Fernanda Eguiguren por los delitos de ‘Daño Calificado a un bien de uso público, Contaminación Ambiental Dolosa continuada, en concurso ideal’, y ‘Desobediencia a la Autoridad Reiterada en calidad de coautores’, por los hechos que se investigan en relación a la contaminación del arroyo Huerta Grande por volcamientos de fluidos crudos.
Pafundo es el coordinador operativo de la Cuencas Serranas S.A. de la que forma parte la Coopi, y Eguiguren se desempeña como coordinadora General del área Comercial y Financiera.
Los abogados detallaron que en plano formal ya objetaron las imputaciones ante el Juzgado de Control de la ciudad de Cosquín puesto que se tomó declaración indagatoria a los imputados sin que se cumpla con la garantía constitucional de contar con un abogado que los represente.
“Se incurrieron en aberraciones procesales como tomar indagatoria sin abogado defensor. Eso no puede suceder. Hemos pedido la nulidad de ese procedimiento y lo vamos a discutir hasta las últimas instancias”, adelantó Orosz.
En cuanto a la imputación por “desobediencia a la autoridad”, el letrado refutó la acusación diciendo que tienen que ser oficio judicial dirigido con nombre y apellido a personas físicas, no jurídicas. “Es una falla concreta y básica de la imputación”, indicó.
En la misma línea rechazó la acusación de “contaminación ambiental dolosa”, puesto que para encuadrarse bajo esa figura debe demostrarse intención y voluntad de contaminar. “Cuando uno hace lo posible para que eso no suceda, de ninguna manera se puede hablar de delito doloso”, remarcó.
Teniendo en cuenta esos aspectos, Orosz enfatizó en que poseen “abundante prueba documental y testimonial” que da cuenta que la omisión y desobediencia que se les achaca a los imputados en realidad tiene que ver con el incumplimiento de las autoridades estatales (provincia y municipios donde Cuencas Serranas presta el servicios de cloacas), quienes no realizaron las inversiones de infraestructura necesarias para llevar adelante correctamente la prestación del servicio.
“Estas omisiones no son atribuibles a quienes no las pueden realizar por cuestiones de fuerza mayor, que tienen que ver con la ausencia del Estado. Que se analice la responsabilidad de los funcionarios estatales, que son los verdaderos productores de estos desastres”, expresó.
A lo que Martínez completó diciendo que las cooperativas asumieron la prestación del servicio de cloacas en un “marco de emergencia”, a fines de 2002. La infraestructura que comenzaron a operar (tanto la planta de tratamiento de La Falda como la de Valle Hermoso con sus respectivos conductos) tienen una antigüedad mayor a 50 años.
A esto se suma que en los 15 años de prestación que lleva adelante Cuencas Serranas, el Estado “nunca asumió un rol protagónico para mejorarle la calidad de vida a la gente”.
“Las bombas colapsan por la antigüedad. No podemos prever en qué lugar se va a producir (el colapso) o cuando se producirá un corte de luz eléctrica que saque de sistema estas bombas, por más planes de emergencia previstos a los efectos de sostener la situación”, dijo.
Sostuvo que “el Estado provincial y los estados municipales se desentienden de la logística y de los recursos”.
“Es muy fácil venir a decir: ‘se rompió una bomba o salió de funcionamiento porque hubo un corte de luz’, y a partir de ahí, imputar y realizar una caza de brujas para nunca hacerse cargo ellos, como responsables principales de la prestación de un servicio”, dijo Martínez.
Y aclaró, además, que “por contrato nosotros no tenemos obligación de modificar, renovar o sostener estructuralmente el mismo”.
Orosz insistió que tienen abundante prueba documental y testimonial que da cuenta del abandono del Estado. Desde ese lugar, sostuvo que con la imputación realizada por el fiscal Bertone, significa que en alguna medida “el Poder Judicial está encubriendo la ausencia de otra parte del Estado, que desde hace 15 años tiene descuidado el servicio, particularmente las amortizaciones de lo que hoy nos reclama a las instituciones que prestan el servicio como pueden e incluso poniendo en peligro su propio patrimonio”.
“Es enorme el caudal documental donde constantemente decimos que el material que está –particularmente las bombas- no está pudiendo ser amortizados porque el Estado no está respondiendo a todas y cada una de esas notas que han sido presentadas durante años.
“Por eso decimos que la agencia judicial, que forma parte del Estado, está cortando la cuerda por la parte más débil y olvidándose de quienes son los que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. Demostraremos la inocencia de nuestra gente que está imputada”.
15 años atrás. A fines de 2002, el gobierno provincial otorgó la operación de las plantas de líquidos cloacales de La Falda y Valle Hermoso a ARCOOP, la Asociación Regional de Cooperativas y Servicios Públicos integrada por las 13 cooperativas, entre las cuales está la Coopi de Villa Carlos Paz.
La concesión del servicio de dio a las cooperativas luego de que la empresa francesa Suez y la española Aguas de Bilbao, se bajaran del proceso de licitación.
“Los servicios de saneamiento en esta zona pretendieron ser motivo de licitaciones para que fueran prestadas por empresas privadas venidas del extranjero, que con el 1 a 1 (la convertibilidad de un peso, un dólar) hacían muy bien negocio y le sacaban dinero a los vecinos”, recordó Orosz y reiteró que cuando Argentina se vio subsumida en una profunda crisis económica, las empresas privadas decidieron retirarse de la licitación.
ARCOOP asumió la concesión en diciembre de 2002 y comenzó a operar las plantas en los primeros meses de 2003. La creación de una sociedad anónima para otorgar la concesión fue a sugerencia del gobierno provincial, en aquel entonces en manos de José Manuel de la Sota. Cuencas Serranas S.A. es la figura societaria comercial que representa la unión de estas instituciones integrantes de ARCOOP.
Orosz sostuvo que el ataque al trabajo que están llevando adelante las cooperativas tiene que ver con que en noviembre finaliza la concesión del servicio de cloacas y que, atento al contexto político y económico del país- una vez más habría intenciones de dejar el servicio en manos extrajeras. Para ello, resulta necesario crear un clima de deslegitimación de las cooperativas.
“Como no les salió el negocio con Aguas de Bilbao en 2001, ahora vienen a imputar a quienes se hicieron cargo de la emergencia. A quienes se hicieron cargo de darle el servicio a los vecinos como se puede y en las condiciones que este Estado ausente nos plantea”, remarcó.
