La Coopi llevó su reclamo contra el ‘decretazo’ a la gobernación, la legislatura, el ERSEP y el ministerio de Agua de la provincia

Coopi - Centro Cívico del BicentenarioUna extensa jornada de lucha que trabajadores, trabajadoras e integrantes del Cuerpo Social de la Cooperativa Integral llevaron adelante el miércoles 7 de septiembre en Córdoba capital. La primera acción se hizo en la Cámara Contenciosa Administrativa de Primera Nominación donde se presentó una caución de amparo, como medida cautelar, impugnando por inconstitucional el decreto dictado por el intendente Esteban Avilés mediante el cual pretende quitarle el servicio de agua a la Coopi.

Posteriormente se dirigieron hacia el Centro Cívico del Bicentenario del gobierno provincial. Allí, se entregó un petitorio al ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, pidiendo una audiencia urgente con el gobernador Juan Schiaretti. “Por la irresponsable y anticonstitucional decisión del intendente de despojar a la Coopi del servicio de agua se deja sin trabajo a más de 250 familias de Carlos Paz y la zona” y “pone en peligro el futuro del agua que esta cooperativa tienen probada capacidad de asegurar para la salud y el desarrollo sostenible de la región” se lee en la misiva ingresada.

“Queremos ponerlo al tanto de la situación, explicarle que está en riesgo la paz social y pedirle su intervención en carácter de gobernador para que frene esta irresponsabilidad del intendente”, sostuvo Emmanuel Conrero, trabajador de la Coopi.

Pasado el mediodía, los cooperativistas fueron recibidos en la legislatura por la Comisión Laboral, la cual está integrada por los presidentes de todos los bloques partidarios. También hubo reuniones con funcionarios del ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos) y del ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. La intención de esta serie de reuniones fue llevar la problemática a la instancia provincial, puesto que la Coopi no solo presta servicios de saneamiento en Villa Carlos Paz, sino en localidades del Sur y Norte de Punilla. De modo que la decisión de Avilés también tiene un impacto regional que debe ser considerado.

 

Nota correspondiente a la edición n° 433 del semanario La Jornada, del 11 de setiembre de 2016.

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