La Cooperativa Integral presentó una denuncia penal contra el intendente Esteban Avilés al que lo acusa de los delitos de “abuso de autoridad” y “desobediencia a la autoridad”, al excluir a la Coopi de los sucesivos llamados a licitación de obras públicas que realiza el municipio, pese a que hay resoluciones judiciales que le indican lo contrario. La presentación se hizo el martes pasado y recayó en la Fiscalía N°3 a cargo de la doctora Jorgelina Gómez.
Desde hace un tiempo, el municipio comenzó aplicar una cláusula que impide que quienes tengan juicios o reclamos administrativos contra el municipio puedan ser proveedores.
En septiembre de 2015, la jueza Viviana Rodríguez había declarado la “invalidez por inconstitucionalidad” de las condiciones exigidas por el municipio a raíz de que la Coopi había sido excluida de la licitación de las redes cloacales en Villa Domínguez.
“Una norma semejante otorga a la administración una potestad tan absoluta que solo puede asemejarse a un sistema feudal o absolutista”, advirtió en aquella oportunidad la jueza. Y agregó que, si bien “es cierto que la municipalidad puede elegir contratar con quien merezca su confianza y no con quien ya tiene un conflicto judicial o administrativo, también lo es que una limitación como la revelada trae como consecuencia que los interesados resignen el ejercicio de derechos fundamentales –como el de defensa– si quieren continuar siendo contratista del Estado”.
En febrero de este año, en tanto, la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación hizo lugar a un amparo presentado por la Coopi, y ordenó al municipio que la admita en calidad de oferente en el concurso público convocado para realizar la obra de redes cloacales domiciliarias en calle Presidente Perón entre Champaquí y Brasil.
La decisión de la justicia es “hasta que se resuelva la cuestión de fondo, sin que la falta de pago de la Tasa Anual del Registro de Proveedores pueda ser en esta instancia causa de la inadmisibilidad de la oferta”.
Pese a estos antecedentes, el municipio siguió con su práctica de exclusión y discriminación hacia la Coopi. “Se trata de una modalidad que es no acatar resoluciones judiciales”, expresó José D’Antona, abogado patrocinante de la Coopi.
El letrado detalló que “la desobediencia a la autoridad es un delito de una consumación y de una prueba prácticamente instantánea”.
“Nosotros le indicamos a la justicia en que Cámara y qué número de expediente está lo que nosotros decimos. Teniendo la orden judicial y viendo como esta no se cumplió, no hay mucho más que probar. La fiscalía puede tomar las medidas que crea necesarias, pero está todo documentando”, remarcó.
En tanto, la acusación del abuso de autoridad tiene que ver con la negativa que sostiene el municipio a permitir que la Coopi se inscriba en el Registro de Proveedores.
“Nada de esto se da de forma aislada. A esto se le suman un contrato vencido, 22 pedidos de audiencia sin respuesta. El intento de municipalización del servicio de agua por decreto, prohibido por Carta Orgánica”, describió y añadió: “Llamamos a la reflexión al intendente, porque en definitiva los ciudadanos y turistas de Carlos Paz solo quieren un buen servicio de agua como el que tienen”.
Nota correspondiente a la edición n° 438 del semanario La Jornada, del 16 de octubre de 2016.
