A través de un documento firmado por el Consejo de Administración, la Cooperativa Integral confirmó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la nación por la expropiación de sus acciones en Carlos Paz Gas.
Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que avala la decisión del municipio de declarar de ‘utilidad pública y sujetas a expropiación’ las acciones en Carlos Paz Gas, la institución emitió un comunicado donde sostiene que se trata de “un nuevo intento de destrucción de la Coopi, la economía solidaria y sus fuentes de trabajo”.
En este sentido, los cooperativistas adelantaron que las acciones a seguir serán “pedir una aclaratoria al Tribunal Superior respecto del fallo y continuar con el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por estar en juego el despojo de parte del patrimonio de una institución de capital público (de todos los asociados) como es el de la Coopi”.
El documento
UN NUEVO INTENTO DE DESTRUCCIÓN DE LA COOPI, LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y SUS FUENTES DE TRABAJO
La Cooperativa Integral – COOPI comunica a sus asociados y vecinos en general que ha sido notificada del fallo que avala la posibilidad de que el municipio pueda expropiar, en el futuro, las acciones que posee en Carlos Paz Gas S. A.
En referencia a ello, los Dres. Julio y Carolina Altamira Gigena, patrocinantes de la Cooperativa en esta causa, han explicado que el fallo contiene un importante aspecto favorable a la COOPI, ya que ha dejado firme, la inconstitucionalidad del proceder de la Municipalidad al pretender usurpar ilegalmente el patrimonio de la Cooperativa. Esto es así porque finalmente están anulados los art. 2 al 8 de la ordenanza 5990 de usurpación inconstitucional, según el fallo de primera instancia, la que ha perdido su validez.
Tan grave fue el accionar derivado de esa ordenanza, descalificada por la justicia, que se encuentra imputado el presidente de Carlos Paz Gas S. A. Sr. Roberto Rizzi, por dar cumplimiento a la misma y obrar según las indicaciones, contrarias al derecho, del intendente Esteban Avilés. Rizzi ya ha sido indagado por la fiscalía actuante y desde la querella de la Coopi se seguirán todas las acciones correspondientes para que se llegue a la sentencia por los delitos que, precisamente, quedarían probados por el fallo.
Si la municipalidad insiste en el propósito de expropiar, que nada tiene que ver con la utilidad pública, sino con el proyecto del intendente Avilés de destruir a la COOPI, se deberá dictar una nueva ordenanza, con el proceso de primera lectura, audiencia pública y segunda lectura.
Este mismo proceso democrático fue el que ignoró Avilés con su decisión autoritaria, irrazonable e irresponsable de la municipalización del agua, que se encuentra en revisión judicial en la Cámara Contencioso Administrativa con el patrocinio letrado del Dr. Miguel Rodríguez Villafañe.
El fallo le impone a la municipalidad respetar lo que no respetó en su momento respecto del procedimiento de expropiación, para no volver a caer en un nuevo acto de abuso de autoridad. Debe, si decide expropiar y seguir con su plan de destrucción de la Coopi, proceder a la determinación del valor de las acciones ante el tribunal de tasaciones de la provincia y pagar, con los dineros de los vecinos carlospacenses, la indemnización correspondiente al patrimonio que le pretende quitar a la Cooperativa y por tanto a todos sus asociados sean o no de Carlos Paz.
Ni el Intendente ni su asesor letrado son quienes pueden decir cuánto valen las acciones de la Coopi. Es el órgano del superior gobierno de la provincia el que debe determinarlo, por tanto nada más improcedentes y reiteradamente autoritarias, las expresiones del Dr. Juan Vila cuando pretende hablar de un valor mínimo. Esto es sólo una expresión demagógica que surge o de su ignorancia en el tema, o de la intención de evitar ante la opinión pública el costo que tendrá para el municipio el costo de la indemnización que deberán pagar a la Coopi por otra de sus acciones irracionales, sin sentido, y que en nada beneficiarán a la comunidad.
Por otra parte los letrados de la Cooperativa han manifestado que las acciones a seguir serán pedir una aclaratoria al Tribunal Superior respecto del fallo y continuar con el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por estar en juego el despojo de parte del patrimonio de una institución de capital público (de todos los asociados) como es el de la COOPI.
Este fallo que sólo avala una posibilidad que tendría el intendente si realmente existiera una razón de utilidad pública, pero que en este caso está disfrazada de falsedades como todo lo que afirma acerca de la COOPI, deja abierto el camino a la Cooperativa a obrar en todo lo que la ley 19550, que se refiere a los derechos que tienen los socios en las sociedades que integran, le permite reclamar para defender su capital, que no es propio sino de todos los asociados, tanto de Carlos Paz como de otros lugares del Valle de Punilla y de la Provincia.
Asimismo para seguir evitando que el intendente concrete abusos y arbitrariedades que afecten a la futura prestación del servicio de gas, la COOPI se atendrá, en su accionar futuro, a todo lo que dispone la ley 24076 de regulación del servicio de gas domiciliario.
Se aclara que el fallo en nada afecta la condición de la Coopi como gerenciadora del servicio. Desde este rol la Cooperativa seguirá luchando para que el gas llegue a todos a pesar de las trabas que ha puesto permanentemente tanto la administración municipal como la distribuidora Centro – Ecogas que defiende intereses muy contrarios a los de los vecinos que aún no tienen este servicio.
Finalmente tampoco afecta el fallo a la Coopi como constructora de la obra de gas y autora y propietaria de todos los proyectos de constructivos para los 19 barrios de Villa Carlos Paz, como así tampoco a su asociada en estos proyectos, la Cooperativa de trabajo El Panal.
Sin embargo, una vez más si el Intendente en su obcecada intención de destruir la economía solidaria en Carlos Paz, insiste en su proyecto de expropiación, sin razón valedera alguna de utilidad pública, pondrá en riesgo más de 30 fuentes de trabajo que directa o indirectamente están en relacionadas tanto a la construcción de obras como del servicio de gerenciamiento.
El despojo de capital se lo están llevando los abogados.