Ayer se conocieron públicamente los detalles de la oferta de pago que el Estado nacional aceptó de parte de Sideco Americana SA, cuyas acciones son propiedad, en su totalidad, de Sociedades Macri (Socma Americana SA), por la deuda de su empresa Correo Argentino SA, que fue concesionaria del servicio público entre 1997 y 2001. Quien planteó una visión fuertemente crítica de la situación fue la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, que fue parte del proceso.
Boquín trajo a colación los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, remarcando que lo aceptado por el fisco representa una quita de más de 4 mil millones de pesos actualmente y supera los 70 mil millones a 2033.
En el desglose, Socma prometió abonar en 15 cuotas anuales del total verificado a 2001, que equivale a 296 millones de pesos-dólares, con un interés del 7% por año. Desde la fiscalía, se actualizó esa deuda original en dólares a febrero de este año con un tipo de cambio de $ 15,90 y el monto de la quita (es del 98,87%) es de 4.656 millones de pesos. La DAFI tomó, a su vez, la tasa activa del Banco Nación en septiembre de 2001 (1,46 por ciento) y la proyectó a 2033, año de la finalización del proceso de pago. ¿El resultado? 70.163 millones de pesos de condonación.
A su vez, en sus consideraciones la representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó que el acuerdo cuente con la firma de un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo (Juan Manuel Morocoa había sido designado provisoriamente, por 180 días) y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Fue en junio pasado que, tras un cuarto intermedio, se llegó al presente acuerdo.
“La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado” refirió Boquín, considerándola que “la propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible, por resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
La fiscal también percibió “un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad, que corresponde investigar, en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso”. El dedo señalador apunta a la familia presidencial.
En la ampliación de su dictamen, Boquín resumió la posibilidad de un conflicto de intereses: “Pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él (por Mocoroa), podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”.
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