JxCP advirtió por las consecuencias sociales y legales del freno a los nuevos edificios: ‘Es un completo disparate’

El bloque de concejales de Juntos por Carlos Paz cuestionó la decisión del oficialismo de avanzar con la sanción de una ordenanza que frena por un año la construcción de nuevos edificios, y advirtió por las graves consecuencias de esta medida en el entramado social de la ciudad, por su impacto en los puestos de trabajo, y también desde el punto de vista legal, exponiendo al municipio a eventuales juicios millonarios.

En este sentido vale recordar que este miércoles, en una sesión extraordinaria, los siete votos del bloque de CPU le permitieron al intendente Esteban Avilés ‘suspender por doce 12 meses la aprobación de nuevos edificios de viviendas colectivas (en bloque o dispersas), edificios de usos oficinas y edificios de usos mixtos’.

Tras una tensa discusión, los ediles Daniel Ribetti, Pía Felpeto, Noe García Roñoni y Fernando Revello optaron por retirarse del recinto al momento de la votación.

Minutos después, difundieron un comunicado donde reiteraron su rechazo al ‘tratamiento express, sin debate real, inconsulto, de la suspensión de los desarrollos de viviendas colectivas’.

‘Queremos subrayar la importancia de respaldar el desarrollo sostenible de la ciudad, el adecuado cuidado de los recursos naturales y en este caso el desenvolvimiento del sector de la construcción, considerando a las familias que del mismo dependen, que ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo los causados por la pandemia global que afectó a todo el mundo.

Tanto el mercado inmobiliario como el de la construcción han sido históricamente, dinamizadores de nuestra economía local, constituyendo sus familias, unos de los componentes más fuertes de la identidad local, junto a las familias hoteleras y gastronómicas, contando con inmobiliarias que tienen una trayectoria de más de 50 años en Carlos Paz.

La suspensión de los desarrollos de viviendas colectivas, en un intento de administrar los servicios públicos básicos y esenciales, podría tener efectos contraproducentes en la recuperación económica y en la estabilidad financiera de muchas familias carlospacenses que dependen de esta industria’, alertaron.

Señalaron, asimismo, que el oficialismo ‘ha diseñado la matriz normativa que ha moldeado esta ciudad en los últimos 12 años, concluir hoy con este proyecto para suspender el mercado de la construcción, es asumir el fracaso y la falta de planificación de un gobierno con solución de continuidad’.

‘Se debe y se puede lograr un equilibrio entre el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad. La suspensión total de proyectos inmobiliarios podría tener consecuencias negativas en múltiples aspectos, para poder ser evaluada en 24 horas’, afirmaron, en alusión a que la propuesta fue ingresa al cuerpo legislativo el martes, un día antes de la sesión extraordinaria donde se lo votó sobre tablas.

Los ediles de JxCP plantearon que, ‘un tema crucial como este no puede quedar al margen de grandes consensos, de la participación del CPUA, de los profesionales, de las entidades gremiales y del sector de la construcción en general. Es imperioso un trabajo serio en comisión’.

‘No se puede en tan acotado tiempo consultar a todos los comprometidos por tal medida, a modo de tomar dimensión del real efecto que esta pueda tener.

También debemos tener en cuenta a los mismos propietarios que vendieron su lote o casa en contraprestación de un departamento o algunos de ellos, y frente a esta imposición ven lesionadas las garantías de sus derechos.

Situación que creemos traerá gravosas consecuencias legales en contra del municipio que deberán ser solventadas con el recurso fiscal y no con el patrimonio personal de quien impone esta norma.

Instamos al Poder Ejecutivo a reconsiderar los plazos para un estudio más a fondo, el cual contará con nuestro compromiso para encontrar la mejor y más razonable medida posible’, finalizaron.

El comunicado se conoció en el marco de una conferencia de prensa que se concretó en un bar frente al municipio, apenas finalizada la sesión.

‘Tomamos la decisión de levantarnos e irnos y dejarlos en el mismo contexto de soledad que eligieron ellos para presentar el proyecto, sin el aval del CPUA, de los colegios profesionales y del gremio de la construcción’, insistió Ribetti.

Para Felpeto, ‘no hay debate ni formulación de consultas’, lo que constituye ‘un grave problema’ para la ciudad.

Revello, en tanto, se mostró pesimista por los resultados de la suspensión. ‘Veo un panorama desolador. Habrá un montón de despidos, y en medio de la crisis en la que está el país me parece una locura que el Estado paralice las obras de esta manera.

Estoy de acuerdo con que hay que debatir la ciudad que queremos, pero hay que hacerlo con todos’, dijo. Y estimó que, ‘habrá 4 o 5 mil personas afectadas, directa e indirectamente. La construcción mueve todos los rubros y jamás vamos a avalar semejante barbaridad’.

Sostuvo, en este sentido, que una medida de este tipo ‘tendrá consecuencias legales, y los carlospacenses vamos a tener que pagar los caprichos de este gobierno’.

Roñoni, por su parte, atribuyó el ataque de Avilés al sector inmobiliario en que, ‘al parecer el gobierno necesita un nuevo enemigo’.

‘El sector inmobiliario es muy amplio. Los damnificados vamos a ser varios. No solo los desarrollistas, sino también las pequeñas inmobiliarias y la gente que trabaja en la construcción’, remarcó.

Por último, Ribetti dijo estar ‘muy preocupado por el nivel de violencia’ que expuso el intendente en su discurso de asunción.

‘Nos hace pensar que vamos a tener un gobierno con muchos problemas, y que esos problemas se los va a trasladar a la ciudad a través de su gestión.

Y esta ordenanza es un fiel reflejo de ese desequilibrio. Ataca la espina medular de la economía local que hoy se ve reflejada en la construcción, sin plan B.

Esto, sumado a los más los 350 trabajadores municipales que echó, demuestra que está diseñando una dependencia absoluta del Estado y lo que el Estado les pueda proveer a los ciudadanos.

Es muy irresponsable tomar una decisión así después de 12 años de tener el control político de la ciudad. Es evidenciar que lo que han hecho no ha servido.

Un completo disparate, un desatino desde el punto de vista político de un gobierno que ya asumió sin rumbo’, sentenció.

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