La Cooperativa Integral brindó este el miércoles por la mañana una conferencia de prensa donde sentó postura sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en torno al servicio de agua. Participaron el presidente de la institución Adolfo Mena, el representante legal de la Coopi Aníbal Martínez, y el jefe de Servicio y secretario Gremial del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), José Ipolito.
Lo primero que aclaró el abogado es que hasta el ese día la Cooperativa no ha sido notificada formalmente. Reiteró que la decisión de la institución es apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que como hay un proceso judicial abierto y sin sentencia firme, el municipio no puede avanzar con medidas que lleven a la toma del servicio de agua.
“Estas etapas recursivas hacen que se suspendan cualquier tipo de medida que el municipio quiera adoptar”, expresó Martínez y señaló que el martes la Coopi recibió una notificación donde se avisaba que una comitiva municipal se presentaría hoy, mañana y el viernes en distintas dependencia de la infraestructura del servicio de agua para “proceder a verificar las condiciones de reintegro de los bienes que debe realizar el concesionario al final de la concesión”, señala la nota recibida.
“Están queriendo hacer lo mismo que se hizo con las cloacas. Nosotros nos vamos a oponer porque claramente entendemos que el tema está judicializado y faltan procesos a seguir”, señaló el letrado y recalcó: “A veces se toman medidas apresuradas, absolutamente arbitrarias e ilegales”.
Detalló que la decisión legal de la Coopi es presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Para ello el TSJ debe resolver la admisibilidad del recurso y sus efectos: suspensivo o devolutivo. El primero habilita a que el proceso judicial siga sin cambios y el segundo, no.
“Entendemos que lo que debe primar, por principio básico, es el efecto suspensivo. Si hubiese un efecto devolutivo, se causaría un daño irreparable. Porque si el municipio sigue adelante y nosotros lográsemos en la Corte revertir el asunto –y la Corte tiene sus tiempos de tratamiento- puede que la resolución llegue cuando la Cooperativa se encuentre en un estado casi inexistente. Sería un daño muy grave”, dijo.
Además subrayó que “mientras queden etapas recursivas, entendemos que hay un efecto suspensivo”. Y en este punto vinculó el proceso judicial del agua con el de las cloacas. En este sentido, recordó que el TSJ resolvió que el amparo presentado por la Coopi regrese a la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación que lo había rechazado in limine(esto es, sin tratarlo).
El TSJ estableció que la Cámara debe tratar el amparo y que hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, la Coopi deberá seguir prestando el servicio. Martínez señaló que la resolución el TSJ tiene los efectos de una cautelar ya que mantiene el statu quo, sin habilitar cambios en la prestación.
“Si el municipio sigue adelante con la toma del servicio de agua, entendemos que puede incurrir en acciones ilegales, ilegitimas y arbitrarias. A la Justicia hay que darle los tiempos y hay que agotar las etapas. El tema está judicializado”, reiteró y aclaró que a pesar de llevarse adelante el litigio judicial, la Coopi seguirá garantizando la prestación.
De hecho, en la misma conferencia de prensa se presentó el plan de contingencia que todos los años emprende la Coopi para afrontar una nueva temporada.
“Hay que esperar los tiempos de la justicia. Mientras tanto, cualquier medida que se tome chocaría con lo que judicialmente se está discutiendo. Toman medidas que son apresuradas y como tales, son ilegales y arbitrarias”, insistió.
Aclaró también que el fallo del TSJ “no es una sentencia firme” y que una sentencia queda firme cuando los recursos están agotados o cuando no se apeló en el tiempo establecido. “Hasta que no quede firme la sentencia, el municipio no puede seguir adelante con el procedimiento”, recalcó.
Sobre la situación de los trabajadores
Martínez también detalló la postura que asumió la Coopi en torno a la intervención del Ministerio de Trabajo. Aclaró que el Ministerio sólo ha tenido intervención en torno al servicio de cloacas (no el de agua) y que la Cooperativa ha planteado que el municipio no puede seguir adelante teniendo en cuenta que hay un proceso judicial abierto.
Ahora se suma también la resolución del TSJ que ha planteado no innovar en la prestación. Es decir, que la Coopi sigue al frente hasta que la Cámara resuelva el fondo del amparo. “En el Ministerio de Trabajo hemos planteado el procedimiento devino en abstracto, porque el TSJ resolvió que la Cámara tiene que resolver el amparo y hay una manda judicial que le ha dicho que no siga adelante”, reiteró Martínez y enfatizó: “Mientras tanto, nosotros seguimos garantizando los servicios y los puestos de trabajo”.
Por su parte, Ipolito remarcó que desde el cuerpo de trabajadorxs se teme por el futuro de la institución. “Es la Cooperativa la que nos garantiza los puestos de trabajo y las condiciones que hemos logrado a lo largo de los años. Cuando comparamos con el Estado municipal, nos da miedo”.
Precisó que en la Coopi “la diferencia entre el que más cobra y que el menos cobra es de 3 a 1”. Detalló, además que él, con 25 años de antigüedad percibe un sueldo de 45 mil pesos. “El 70% de mi básico corresponde a antigüedad. Yo no voy a rescindir lo que hemos ganado por convenio colectivo porque al intendente no le guste”.
“La masa salarial que destina la cooperativa en nuestros sueldo, queda en este pueblo. Formamos parte de la economía de este pueblo”.
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