Prácticamente no faltó nada. O sí. Faltaron momentos de escucha, de entendimiento, de respeto. La audiencia pública que se concretó este lunes se caracterizó por la tensión y la violencia. Verbal y física. Se trataban 15 puntos, entre ellos Presupuesto y Tarifaria 2017, el aumento de la tarifa de taxis y remises y convenios de cesión del espacio público a distintas firmas privadas para acciones de promoción.
Hubo más de 50 personas anotadas para hacer uso de la palabra.
No había transcurrido una hora de la audiencia cuando se desató una gresca entre los choferes de taxis, quienes atacaron a golpes y empujones al secretario General del Sindicato e Peones de Taxis, Alejandro Martín, a quien lo acusaron de no ser representativo de los reclamos de los trabajadores del volante.
Martín se había anotado para hablar del Presupuesto Municipal y exigir mayores partidas para la dirección de Servicios Públicos, a los fines de que efectivicen más controles municipales para los permisionarios y que se cumpla con el blanqueo del personal.
Después de hacer uso de sus minutos para referirse al punto, fue increpado por los choferes y permisionarios quienes le recriminaban la nota que presentó el gremio ante el municipio y el Concejo poniendo en cuestión el estudio de costos y el pedido de aumento de la tarifa.
“Vos salís en la radio a decir que no nos den el aumento ínfimo que estamos pidiendo, y con eso te estás metiendo con el bolsillo de los trabajadores. ¿Qué clase de representante sos?”, le recriminó uno de los choferes.
Martín ensayaba una respuesta explicando que la nota ingresada a mediados de octubre objeta que en el estudio de costos se incluya las cargas sociales, cuando todavía hay choferes que están sin registrar. “Sabemos que un aumento de tarifas también dignifica una ‘pequeña’ mejora salarial para nuestros compañeros peones de taxis, pero también sabemos que el estudio de costos que presentan estos señores permisionarios es un embuste disfrazado de necesidad. Estos señores presentan estudios de costos donde incluyen el costo laboral y no blanquean, en otras palabras, se quedan con ese porcentaje sin ningún derecho”, se lee en la misiva ingresada por el Sindicato al Concejo el 17 de octubre de este año.
Con los ánimos caldeados y la virulencia de la situación, nada de esto quedó claro. Martín se retiró del auditorio. De hecho, tampoco hizo uso de la palabra cuando se trató el punto del aumento de la tarifa de taxis.
Quienes hablaron en ese punto –choferes y permisionarios- lo volvieron a acusar de no ser representativo del sector. Pidieron que se incluya una tarifa nocturna y dijeron que el municipio sí cumple con los controles (de uniforme, de las paradas, del estado de los vehículos, del seguro del ITV). También se afirmó que “se avanzó mucho en el blanqueo de los choferes”. “Solo quedan 40 choferes sin blanquear”, dijo Diego Esparvicres.
Presupuesto y Tarifaria 2017
Las alocuciones en torno al Presupuesto 2017, que para el año que viene asciende a 941 millones de pesos, giraron en torno a la baja ejecución de las partidas. “Considero que un presupuesto no puede tener superávit, porque esto significan dos cosas: o hay un mal cálculo técnico o no se ha ejecutado el total del presupuesto”, expresó el vecino Marcos Acosta y detalló que según figura en la página web municipal, la partida correspondiente a manteniendo de calles, su ejecución es del 11%.
También hubo quienes se quejaron de las cuentas de afectación específica. Y uno de ellos fue el presidente de la UCR local, Jorge Lassaga, quien dijo que estas cuentas “no son transparentes, no tiene gestión, no tiene control y por ahí se cuela la corrupción”.
Al hablar de la financiación del presupuesto, remarcó que la mayor cantidad de ingresos que maneja el municipio corresponde a “fondos propios”. Es decir, el dinero que se les cobra a los vecinos a través de las tasas. Y en esto apuntó a la buena relación que Avilés mantiene con el gobierno provincial y nacional, que no redunda en la llegada de fondos que permitan reducir la presión fiscal.
“La buena relación del intendente puede servirá para la gestión política, pero no para resolverle los problemas a los vecinos”, expresó.
La presidenta de la Fundación Unidos por la Inclusión Social, Lucía Torres, habló de la baja ejecución de partidas destinadas a personas con discapacidad. Sostuvo que las personas con discapacidad son “desaparecidos sociales”, puesto que las barreras urbanas hacen imposible que puedan salir de su casa y moverse con autonomía. Citó el censo de 2010, en el que consta que 800 personas de Villa Carlos Paz tienen alguna discapacidad y que la mitad de ellos son personas con alguna discapacidad visual o motriz.
Fue allí cuando repudio que el municipio se jacte de tener 20 millones de pesos en superávit, siendo que hay tantas necesidades sociales por atender. “¿Para qué quieren ahorrar dinero? ¿Para fomentar la invisibilización de estas personas?”, se preguntó.
Quien también habló fue la representante dela Coopi en el directorio de Carlos Paz Gas, Blanca Pérez, e hizo alusión a la baja ejecución de las partidas correspondientes al fondo de gas. Detalló que hay 23 millones de pesos disponibles en esa cuenta de afectación específica y otros 16 millones más en disponibilidades de la empresa.
También denunció que hay 17 mil metros de cañerías de gas que se han vencido y que hay otros 17 mil metros más que están a punto de vencerse. Esto representa un pérdida de 5 millones para la empresa. Recordó que el municipio tiene mayoría en el director de la empresa (tres por la municipalidad y dos por la Coopi). “La verdad es que falta gestión”, enfatizó.
Cuando se pasó al punto de la Tarifaria 2017, los argumentos fueron prácticamente los mismos: falta de ejecuciónde las partidas que no explican el aumento del 36% en las tasas que el municipio quienes aplicar para el año que viene.
“Están empobreciendo al pueblo”, se quejó Romualdo Farías y pidió que se dejen de cobrar las sobretasas de las cuentas de afectación específica porque ese dinero no se está usando. “Con lo recaudado en la cuenta del faldeo montañoso, ya se podría expropia toda la montaña”, ironizó.
Con más planteos técnicos, pero en la misma línea de argumentación se expresó el contador Emmanuel Conrero, quien hizo foco también en la presión fiscal del municipio y precisó que del 2012 al 2016 el municipio aumentó en un 49% la presión tributaria.
Detalló también que, con el correr de los años, el gobierno de Avilés ha aumentado el porcentaje de ingresos que proviene de “fondos propios”. 61% en 2012, 65% en 2013, 68% en 2014, 71% en 2015, 76% en 2016 y 78% se proyecta para el 2017. En este punto, sugirió que el gobierno considere otras formas de financiación, como la posibilidad de conseguir créditos para obras públicas, para que el esfuerzo mayor no siga recayendo en el contribuyente de Villa Carlos Paz.
El secretario de economía, Daniel Gilli, ensayó una endeble argumentación tratando de justificar las sobretasas diciendo que “representa el plan de gobierno”. “Ahí les estamos diciendo a los vecinos qué les estamos cobrando”, afirmó.
Todos estos puntos deberán ser tratados en segunda lectura antes del comienzo de año. Habrá que ver qué postura asumen los concejales. Si toman nota del contunden rechazo que los vecinos plantearon en torno al aumento de tasas y a la subejecución de partidas o si actuarán, como les dijo el vecino Gustavo Roque –asiduo participante de audiencia públicas – como un “frontón dogmático” donde todo lo que se dice en la audiencia simplemente rebota y sale sin ser ni siquiera considerado por los ediles.
