El Concejo de Representantes sancionó el jueves pasado una ordenanza que establece un cambio en la modalidad contractual de los profesionales que se desempeñan en el ámbito de la salud municipal en Villa Carlos Paz.
La norma fija que los médicos vinculados mediante locación de servicios con una antigüedad no inferior a cinco años al 31 de diciembre de cada año, sin que mediare interrupción, podrán pedir el pase a contrato administrativo. Y agrega: “Se considera interrupción cuando la desvinculación del municipio fuere mayor a seis meses consecutivos”.
La sanción de esta normativa generó un fuerte debate legislativo, que tuvo expresiones al menos polémicas de parte del presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, quien al hablar de derechos laborales en materia de salud admitió: “Por más liberal que parezca, es un gasto”.
“Es un gasto que implica que por cada peso que recibimos del FOFINDES (Fondo de Financiamiento para la Descentralización de Servicios), la ciudad pone cuatro. Los distintos candidatos a la gobernación se han cansado de decir que van a provincializar el hospital.
“Los concejales estuvieron conmigo cuando el concejal (Norberto) Luraschi le planteó al gobernador (José Manuel) De la Sota que provincialice el hospital. ¿Y por qué la provincialización? Porque se podrían resolver muchas de las cosas que plantea la oposición”, dijo Gispert.
Los planteos de la oposición giraron en torno a la necesidad de que no se ponga como requisito tener cinco años como locadores de servicio. En este punto, la edila de Unión para el Desarrollo, María Laura Orce, fue enfática al remarcar que “es una barbaridad” que se tenga a los profesionales de la salud trabajando “en condiciones de precarización”.
En este punto, sugirió que el municipio tenga a los trabajadores como locadores por seis meses y que luego se le dé la opción del pase a contrato administrativo. Propuso esa modificación en el texto de la ordenanza y Carlos Paz Unido hizo sentir el peso de su mayoría. La moción no contó con los votos suficientes (sólo votaron a favor los tres concejales de la oposición: Marcelo Cuevas del Pro, Natalia Lenci de la UCR y la propia Orce).
Como abogada, Orce explicó las diferencias entre una locación de servicio y un contrato laboral. La primera diferencia que marcó es que una locación de servicio “es un contrato de índole civil, no laboral”. Y detalló: “Una locación tiene que ver con una prestación determinada, que se genera en un tiempo específico. No hay jornada ni subordinación. Un contrato laboral tiene otras características: remuneración, prestación de un servicio y la subordinación”.
Sostuvo que dicha forma de vínculo laboral es usada tanto por el sector privado como por el Estado a nivel municipal, provincial y nacional. “¿Eso está bien? –se preguntó Orce- No. No está bien. Porque eso es precarización laboral. Una locación de servicio implica vulnerar y atropellar todos los derechos laborales, con la finalidad de eludir todas las cargas económicas que tiene que ver con la seguridad, los beneficios sociales y los aportes que todo empleado tiene que tener”, expresó.
Y añadió que esta modalidad de relación laboral, “genera juicios, que por supuesto se pierden todos”. “Una locación de servicio es un contrato laboral encubierto”, afirmó Orce y dijo que votar este proyecto significa “legitimar una situación ilegal” y “legalizar la precarización”.
Del oficialismo, quien planteó una mirada al menos reflexiva fue el concejal Omar Ruiz, quien reparó en que la figura del locador de servicio está contemplada en el artículo 103 de la Carta Orgánica. Sostuvo que la Convencional Constituyente de 2007 ya había puesto un límite a la precarización al no incluir a las becas como modalidad laboral. Al igual que lo detallado minutos antes por su par de banca Soledad Zacarías, Ruiz precisó que se le ha puesto un límite temporal a las becas (un año y cuatro meses) y que esto permitió que 116 becarios pasen a contrato.
No obstante, reconoció que de darse una eventual reforma de la Carta Orgánica, el tema podría volver a discutirse. “La locación de servicio no es lo ideal. Con el tiempo y probablemente si en algún momento se sostienen las condiciones económicas y sociales, el municipio pueda avanzar y se de una reforma de la Carta Orgánica, el municipio debería volver a discutir esto”, dijo.
Por su parte, la edila radical Natalia Lenci solicitó que el proyecto vuelva a comisión y se convoque a las delegadas de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS). En este sentido, Lenci llamó al Cuerpo Legislativo a no tener el mismo comportamiento que el asumido por el Ejecutivo. “Ellos tampoco están de acuerdo con los cinco años de locación de servicio para recién pasar a un contrato. Esto es legalizar la precarización laboral”, insistió.
Al ser sometida a votación la propuesta de Lenci, una vez más Carlos Paz Unido se abroqueló y no acompañó la propuesta. “Ya que el Ejecutivo no tuvo la dignidad de llamar a los médicos para tratar esta problemática, lamento que este cuerpo de concejales tampoco lo haya hecho. Esto va en contra de la democracia y de la idea de invitar a todas las partes”, expresó la concejala.
Al hablar del “otro gremio”, la respuesta del oficialismo fue diversa. La concejal Roldan invitó a la UTS a “actualizar su web” porque ahí no figura que la UTS tenga delegados en el hospital Gumersindo Sayago. “La página web es la entidad oficial y es el único acceso que tuvimos”, dijo. Por su parte, el edil Gustavo Molina llamó a que envíen una nota solicitando reunión. “Yo hubiese estado dispuesto si hubiésemos recibido alguna nota o invitación de parte de los sectores interesados, como lo hacemos habitualmente”, dijo.
Por su parte, Gispert dijo: “Esto es una negociación con los trabajadores. Habrá trabajadores que no están de acuerdo. Ahora, los trabajadores están representados por el sindicato. Si hay otro sindicato y si hay desacuerdos, seguramente habrá paros. Habrá crisis. ¿Y cuál es el problema? No es mi caso que me voy a poner colorado porque los trabajadores hagan paro. Pero como Estado tengo que tomar las medidas para que los servicios se presten, para que los sueldos alcancen y para que el presupuesto pueda llegar a fin de año”.
Tras el debate, el punto fue sometido a votación y contó con el aval de los nueve ediles del bloque de Carlos Paz Unido.
El nuevo esquema comenzará a regir desde el próximo 1 de julio.
Poco más de 40 profesionales de los 111 que están como locadores de servicio tendrán la posibilidad (vale recordar que es optativo) de tener un contrato administrativo que tiene una duración de seis meses.
Nota correspondiente a la edición n° 417 del semanario La Jornada, del 22 de mayo de 2015.
