Franco llegó a la plaza

Por Evelina Ramírez

Una bala policial detuvo el camino y la vida de Franco Amaya el 22 de febrero de 2017. Pero a fuerza de construcción colectiva y demanda de justicia, Franco llegó a la plaza de avenida Perón y Los Gigantes.

Su mamá, Laura Cortez, fue quien forjó el camino. Convirtiendo el dolor en organización, trocando lágrimas por palabras, transformándose en una referente de la lucha contra la violencia policial.   

Franco llegó a la plaza.

Y lo hizo para quedarse entre nosotros como demanda de justicia, como ejercicio de memoria activa, como mensaje de libertad, como interpelación directa a quienes siguen dándole poder a la policía por creer que de esa manera se construye más seguridad.

En la sesión del pasado 15 de abril, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó por unanimidad el cambio de nombre a la plaza de avenida perón y Los Gigantes para que lleve el nombre del joven víctima de gatillo fácil.

“Esto un alivio a mi alma y a mi corazón, después de tanto dolor. Es una caricia y estoy contenta de que se haya aprobado”, dijo a Laura a VillaNos Radio.

La iniciativa fue impulsada por la familia en mayo de 2019. En esa oportunidad se solicitaba que sean tres los espacios públicos que lleven el nombre del joven (el puente Arturo Illia, la calle Los Gigantes y la plaza). El proyecto pasó a comisión.

Al no recibir tratamiento legislativo, fue el Parlamento Juvenil -a instancias de la agrupación Jóvenes Transformando- que generó un nuevo proyecto que terminó siendo aprobado por unanimidad en noviembre de 2020. “Tenemos que marcar un rumbo nuevo a una realidad distinta. Lo que pasó con Franco Amaya es algo deplorable, que no debería pasar, pero sabemos que no es un caso aislado”, consideró Mirko Quinteros, parlamentario de la agrupación, tras la aprobación.

Franco tenía 18 años, estaba a punto de recibirse de peluquero y cursaba sus estudios secundarios en el Cenma 2017.

En la madrugada del 22 de febrero de 2017 conducía la moto en la que iba con su primo Agustín a su casa en busca de una camisa para ir a ver a Ulises Bueno en el boliche Molino Rojo. Al pasar por el control vehicular de Los Gigantes casi esquina Alem, el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (26) le disparó por considerar que estaban evadiendo el control.

Las pericias judiciales demostraron que a la moto le fallaban los frenos y que Franco intentó detenerse utilizando los cambios. Según se pudo conocer, Bustos tenía apenas seis meses de antigüedad en la fuerza. José Ezequiel Villagra (23), era el oficial responsable del control con dos meses de experiencia, se negó a auxiliar al joven que agonizaba. Ambos estaban alcoholizados.

En mayo de 2018 hubo un juicio. Allí Bustos fue condenado a 12 años por el crimen y Villagra fue absuelto por el tribunal de la Cámara 11ª del Crimen, presidida por Daniel Ferrer Vieyra e integrada por las vocales Graciela Bordoy de Pizzicari y María Susana Frascaroli.

Los jueces consideraron que Bustos actuó por “dolo eventual” y no por “culpa consciente”, es decir que no tuvo intenciones de matar. El tribunal consideró que, el hecho de que los policías estuvieran alcoholizados, fue un atenuante.

La familia apeló el fallo. Laura dijo que tiene expectativa de que este año haya novedades. “Tengo la esperanza de que este año salga la apelación. Quiero ir a Tribunales a pelear por eso. Si tuviera la oportunidad de hablar con los concejales que decidieron aprobar el cambio de nombre de la plaza, les diría que ellos también me pueden acompañar en este pedido de justicia. Franco es un hijo de Carlos Paz, es un hijo de todos. Porque, así como le pasó a mi hijo, le podría haber pasado a cualquiera. Y creo que todos son padres.

“Mi hijo fue el que le puso el pecho a esa bala. Me gustaría que Franco sea hijo de todos. El hermano, el amigo de todos. Porque ayer fue Franco y mañana puede ser otro. Les pido que acompañen esta lucha, que no es fácil. Hubo juicio, pero no justicia. Les pido que me acompañen. Que todos peleamos por los mismos derechos de todos los pibes y pibas y no sólo de Carlos Paz”, expresó.

Y remarcó: “A los que matan se los tiene que condenar como se debe. Así como madre me condenaron a estar toda la vida sin mi hijo, que a los responsables se les prohíba la libertad para toda su vida”.

En este sentido, insistió en la demanda de ser acompañada en ese reclamo de justicia. “Hace falta que te acompañen, porque te duele cuando te dan vuelta la cara. Duele porque te sentís nada, te sentís nadie”, manifestó.

Que no se repita

Previo al tratamiento legislativo, el proyecto pasó por la instancia de audiencia pública que, por razones sanitarias, se desarrolló de manera virtual. Más de 20 personas se anotaron para participar y todas se expresaron a favor del cambio de nombre. Laura y sus hermanas participaron conectándose directamente desde la plaza. “Es importante que la gente sepa qué pasó en este lugar, quién era Franco Amaya y quien lo asesinó. Necesitamos cambiar el accionar que tiene la policía sobre los jóvenes. Los asesinan a sangre fría y sin ningún motivo”, expresó la mujer.

Eduardo Amaya, tío de Franco, también participó de la audiencia diciendo: “Cuando pasó lo de Franco, en ese momento, nuestros representantes, el intendente de ese momento y el señor gobernador dieron la espalda a este caso. No se hicieron cargo de nada. Lo mínimo que se puede hacer es ponerle el nombre de Franco a la plaza para su memoria”.

Uno de los argumentos que más se reiteró fue en la demanda de trabajar porque el crimen no vuelva a repetirse. “Queremos que la plaza lleve el nombre de mi sobrino, más que nada en su memoria. Si Franco queda en el olvido, pasará como un caso más”, dijo Brenda Cortez, tía de Franco.  

Vale recordar que según el informe de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) durante el 2017 en Argentina, 258 personas fueron asesinadas por las denominadas “fuerzas de seguridad”. En Córdoba fueron 11 las víctimas de gatillo fácil; Franco fue una de ellas.  

“Hay muchos testimonios de jóvenes que tienen miedo y han sufrido diferentes violaciones a sus derechos por parte de las fuerzas policiales. Se les hace hasta normal y natural que esto ocurra, lo cual me parece gravísimo. Es fundamental reconocer las violaciones que comete el Estado contra nuestros jóvenes. Tenemos una institución policial sin formación en derechos humanos, racista, machista y que comete delitos. Es necesario que eso se modifique”, expresó la docente Paula Gaitán.

“Villa Carlos Paz no tiene que ser una ciudad de la superficialidad. Tiene que ser una ciudad que acompaña a las familias y a las víctimas en cada uno de los casos. Que tenga la sensibilidad, la altura y la coherencia para estar a la par. Esto no tiene que quedar en una placa conmemorativa. Esa plaza se tiene que llamar Franco Amaya y es una primera conquista”, consideró Micaela Farías, de la agrupación Jóvenes Transformando.

“Villa Carlos Paz necesita de un espacio de memoria que se llame Franco Amaya. Un espacio que nos interpele como adultos responsables de una construcción colectiva injusta, que discrimina a los jóvenes y justifica la violencia institucional por parte de la policía y de las instituciones que dicen velar y representar a los intereses de todos y todas. Es solo cambiar el nombre, pero es el primer paso para pensar una Villa Carlos Paz un poco más inclusiva y justa”, enfatizó Gisela Flores, docente e integrante de la delegación Punilla Sur de la fundación María Elba Martínez.

Vale decir que esa agrupación ya había advertido el incremento de la violencia policial en Villa Carlos Paz y localidades vecinas. Tras presentar un informe sobre las situaciones de abuso y maltrato policial (enviado al Ejecutivo, al legislativo y a la Defensoría del Pueblo), en abril de 2016 se concretó una reunión con la comisión de Seguridad del Concejo de Representantes. Solo participaron el por entonces director de Defensa Civil, Roberto Giménez, la concejala Laura Orce y el edil Marcelo Cuevas (quien era presidente de la Comisión). Nada se hizo por prevenir las situaciones de violencia policial.

10 meses después ocurrió el asesinato de Franco.  

“Nosotros comentamos el problema que había con la policía en Villa Carlos Paz y como se perseguía los jóvenes de nuestra ciudad. Y me duele mucho ver como muchos concejales tampoco ahora están prestando atención cuando todas las personas están exponiendo en un tema tan importante. Estamos hablando que se mató a un joven de nuestra ciudad, a un joven de nuestras escuelas”, dijo con enojo la docente e integrante de la agrupación Eugenia Cazenave.

Y agregó: “Ojalá la plaza se llamara de otra manera y no tuviéramos que ponerle el nombre de Franco Amaya. Es una pena, una tristeza, un dolor en el alma que un joven haya sido asesinado por un policía borracho”. 

Desterrar la violencia policial

Las prácticas violentas de la policía están profundamente arraigadas dentro de la institución. Y los cambios que se requieren no son solo de normas.

Agustín Sposato, integrante de la asociación civil La Minga, una de las organizaciones que integra el colectivo que impulsa la Marcha de la Gorra, recordó en la audiencia pública que el asesinato de Franco fue muy similar al de Fernando “Güere” Pellico (18), ocurrido el 25 de julio de 2014 en barrio Los Boulevares (Córdoba). Él también fue baleado cuando se trasladaba en motocicleta junto con su primo Maximiliano Peralta tras cruzar un control policial. “Es una tarea de todas y de todos acabar con estas prácticas policiales. Debemos hacer fuerza y en todos los ámbitos llevar adelante estos pedidos”, expresó.

En la misma línea vale recordar que en agosto de 2017 -y tras el crimen de Franco-, el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba con la colaboración de fiscales del Poder Judicial presentó el “Protocolo de Control Vehicular Policial Urbano”.

Una de las disposiciones explícitas que aparece en ese protocolo es que “en ningún caso de evasión o fuga se apelará a la persecución por parte del móvil afectado al control vehicular ni al uso del arma de fuego”.

Sin embargo, esto no evitó la muerte de Blas Correas el año pasado, cuando iba en un auto con sus amigos, en Córdoba capital.

“Claramente que haya un mural no va a impedir que la policía siga teniendo estas prácticas. Que se modifiquen protocolos y que se formen policías con valores democráticos y de derechos humanos, tampoco lo está resolviendo. Pero que esta plaza tenga el título oficial va a contribuir a fortalecer nuestras herramientas de lucha. Va a construir a que la comunidad siga reflexionando sobre qué seguridad queremos”, subrayó Agustín en su exposición.   

Está claro que la violencia policial tiene raíces muy profundas y se necesitan mecanismos de control político y ciudadano que desde el municipio se pueden activar.

En lugar de darle más poder a la policía, es necesario que el municipio asuma un rol activo atendiendo los reclamos de las y los jóvenes que son víctimas del proceder policial abusivo. Es urgente y necesario activar los mecanismos institucionales que establece la Carta Orgánica Municipal para proceder, dentro del marco democrático, a dar respuesta a las problemáticas que afectan a nuestra juventud, así como controlar las fuerzas represivas del Estado.

Que la plaza Franco Amaya sea un acto de memoria activa y de reparación, pero también sea el comienzo del desarrollo de políticas públicas por parte del municipio que nos permitan ponerle un freno a la violencia policial.

Lo decimos una vez más, justicia por FRANCO es que no pase NUNCA MÁS.

Nota correspondiente a la edición n° 564 del periódico La Jornada, del 28 de abril de 2021.