Por Felipe Etkin
Hace tan sólo un año, Franco era un pibe de barrio más. Con un oficio que en poco tiempo se concretaría y la alegría cuartetera que palpitaba en la piel antes de entrar al baile.
Ese año fugaz, que transcurre rápidamente cuando uno piensa en los pasos de algún conocido que ya no está, se transforma en una estática eternidad para quienes buscan justicia y cuentan el paso de las horas esperando que sus asesinos se sienten en el banquillo de algún juzgado público.
En febrero de 2017, Franco Enrique Amaya moría en la vía pública fusilado por un policía que disparó a quemarropa y luego se negó a prestarle auxilio. Sucedió la madrugada del 22, mientras los oficiales Maximiliano Velardo Bustos (25) y José Ezequiel Villagra (22) eran los responsables de un control vehicular emplazado en la intersección de las calles Alem y Los Gigantes. Ambos se encontraban alcoholizados cuando Velardo Bustos empuñó su arma reglamentaria y decidió acabar con la vida de Amaya, quien se trasladaba en moto junto a su primo.
Transcurridos seis meses del crimen la fiscal de Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, solicitó la elevación a juicio de la causa. Para ese momento ya se conocían los resultados del análisis toxicológico que indicaba la presencia de alcohol en la sangre de los policías; a la vez que los testimonios aseguraban al unísono que se trató de un asesinato a sangre fría. La fecha de comienzo del juicio era imprecisa, aunque desde la Justicia aseguraban que sería a principios de este año. Al cierre de esta edición no fue posible acceder a información concreta respecto del inicio.
A quemarropa
La reconstrucción de las circunstancias en las que Franco fue asesinado, en gran medida es posible mediante las declaraciones de Agustín, su primo, que se trasladaba junto a él en motocicleta, siendo testigo directo del accionar de los funcionarios públicos.
Aquella noche, los dos jóvenes se dirigían en busca de una camisa para estar acordes al evento que, de acuerdo con sus planes, les esperaba: el “clásico de Ulises”, como Franco había manifestado en las redes sociales horas antes. Nunca llegaron a su destino. Sucedió que en el control policial los agentes exigieron la detención de la moto, lo cuál no pudo concretarse ya que el vehículo se encontraba sin frenos. Con una celeridad tan espantosa como efectiva, Velardo Bustos detuvo a los conductores asesinando a uno con un tiro en el tórax. Posteriormente, el peritaje realizado en la motocicleta confirmó que la misma, efectivamente, se había quedado sin frenos.
“Le hacía señas con la mano de que no tirara. Que no teníamos frenos. No nos íbamos a dar a la fuga ni nada, si no estábamos haciendo nada malo”, relató Agustín.
El testimonio del joven también dio cuenta del accionar de ambos efectivos policiales (Bustos y Villagra), luego de que el oficial Bustos efectuara el disparo que impacto en el pecho de Franco. Agustín denunció que se le negó la posibilidad de trasladar con urgencia a Franco, que se encontraba agonizando, hacia un centro médico.
“Como mínimo paré 10 autos para que lo llevaran. Taxis, lo que sea. Y les decían que no, que se fueran. Que no lo cargaran. (El policía) decía que en ningún momento había sacado el arma. Que había tirado otro policía, que se había ido corriendo”, describió.
Pese a la oposición de los uniformados, Franco fue trasladado por su primo y un amigo que pasaba por el lugar hasta el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Carlos Paz. Judith Barrera, directora del hospital en ese momento, confirmó que el joven ingresó a las 2,20 de la madrugada “con una herida de arma de fuego en el tórax, con orificio de entrada y salida, y ya en paro cardiorrespiratorio, sin signos vitales”. A pesar de las maniobras, falleció.
Horas después del crimen, una multitud se reunió frente a la Departamental Punilla para exigir justicia, reclamar por el joven muerto y manifestar su tristeza frente a la violenta brutalidad de las Fuerzas de Seguridad. La concentración finalizó con destrozos en la fachada de la comisaría y 10 personas detenidas, entre ellas cuatro menores. Además, en el marco de estos sucesos se produjeron cambios en la cúpula de la policía local: el entonces jefe de la Departamental Punilla, Ángel Costero, fue separado de su cargo y sometido a un sumario interno; mientras que su reemplazante fue el Inspector Leonardo Páez Stelmach, quien actualmente continúa en el cargo.
Tras solicitar la elevación a juicio, la Fiscal comentó a VillaNos Radio que los elementos de prueba eran contundentes. Entre ellos, “una serie de testimonios los cuales precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las cuáles habría acaecido el hecho”.
Puntería perfecta
Luego de 25 años de existencia, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) desembarcó en la provincia de Córdoba en septiembre del año pasado con el objetivo de visibilizar y luchar contra la violencia del Estado hacia a los sectores populares y vulnerables. A nivel nacional, uno de los últimos hitos de esta organización fue la realización de un informe en el que lograron recabar datos en profundidad respecto de este tipo de situaciones, lo que permitió un trabajo estadístico sobre muertes en comisarías, asesinatos por gatillo fácil, persecuciones y hostigamientos. De acuerdo con la investigación, los hechos fatales en la Argentina en los últimos años se aproximan a un caso cada 23 horas.
De acuerdo con Mariana Carmona, vocera de CORREPI en Córdoba, con el cambio de gobierno la situación se agravó. “Se profundizó el aparato represivo y esto se refleja en las estadísticas”, aseguró. Además, manifestó que existe un patrón muy definido en relación a quiénes son los sujetos más perseguidos por la policía. “Se trata de la figura del pibe de barrio. En nuestros estudios estadísticos se ve claramente que, principalmente, son los varones entre 15 y 25 años proveniente de sectores populares o sitios marginales que utilizan determinadas características de vestimenta”, observó; y remarcó que, no casualmente, Franco Amaya como cualquiera de los jóvenes asesinados en el último tiempo en la provincia, coinciden con ese patrón.
Desde CORREPI analizan que la política represiva por parte de las fuerzas de seguridad responde a una lógica integral. “La represión se da en dos sentidos- comenta Carmona- por un lado, se ejerce un persecución preventiva que se desarrolla en cuadrantes de barrios con la persecución de los pibes que viven en esos territorios; y otra más selectiva que consiste en identificar a quienes forman parte de organizaciones para cercenar, hostigar, detener y amedrentar con el fin de construir el enemigo interno”.
Asimismo, consideró que “el dato más preocupante” es que desde marzo del 2017 funciona la División de Inteligencia Antiterrorista que forma parte de la Policía y tiene el objetivo de generar un equipo “capacitado por funcionarios de Estados Unidos y otros países en los nuevos formatos de lucha contra el terrorismo a partir de la tipificación de un sujeto específico, que es el luchador popular”.
La entidad, alerta que la profundización del andamiaje represivo en la provincia de Córdoba se produce mediante la asignación de mayor presupuesto, mejoras en el equipamiento, y la inversión en “ostentosos cursos de formación para tener más presencia pública”.
Si bien las organizaciones sociales y políticas han desempeñado un papel fundamental para visibilizar y denunciar este tipo de injusticias; en lo concreto, se produce un incremento del número de sucesos. El más reciente es la muerte de Jonathan Centeno (22), quien falleció el pasado 5 de febrero mientras era trasladado en un móvil policial luego de permanecer dos días detenido.
“Centeno era trasladado a la Alcaidía de Tribunales II a fin de realizarle una pericia psiquiátrica y sufrió una descompensación a bordo del móvil en el que era conducido junto a otros internos”, informaron desde el Servicio Penitenciario de Córdoba.
Por su parte, Carmona comentó que mientras la Policía sostiene que se trató de una sobredosis, hay datos que permiten inferir que se produjo por situaciones “mucho más graves” que una intoxicación. “La policía arbitrariamente lo detuvo y lo dejó morir, sumado al maltrato que sufrió durante un día y medio. Se lo llevaron estando cerca de su casa y a los dos días le avisaron a la familia que se murió”, relataron desde CORREPI.
“Hay diferentes formas de asesinatos, pero el perfil de las víctimas es el mismo”, sentenció Carmona.
El gatillo en agenda
El primer día de febrero, el presidente Mauricio Macri, junto con la ministra de Seguridad Patricia Bullrrich, recibieron en la Casa Rosada al policía Luis Chocobar; quien se encuentra procesado por asesinar a un presunto ladrón por la espalda mientras huía. Mientras el pasado viernes la Sala IV de la Cámara del Crimen confirmaba la imputación por homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en exceso en el cumplimiento del deber, funcionarios de alto rango del gobierno continuaban respaldando públicamente al acusado.
Horas antes de la decisión de la Cámara, los ciudadanos de Nueva Córdoba se despertaron con un tiroteo en plena vía pública que finalizó con un uniformado y dos ladrones muertos en el marco de un gran asalto, según los datos de la policía, con ametralladoras de alto calibre.
El reguero de sangre, junto con la morbosidad exacerbada las veinticuatro horas por televisión, instalan un microclima en el que proliferan los discursos que legitiman el accionar represivo por parte del Estado. De hecho, en el marco del caso Chocobar, la ministra de Seguridad no dudó en posicionarse y llevar el asunto hasta plantear una reforma del Estado. Fue en una entrevista junto a Ernesto Tenembaum para FM Radio Con Vos, donde Bullrich expresó: “Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la Policía y construyendo una nueva doctrina: el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito. Vamos a invertir la carga de la prueba, (…) estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal, vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías”.
Por su parte, desde CORREPI evalúan que la perspectiva del gobierno nacional es “gravísima”: “Es una política de Estado, que no responde exclusivamente a la gestión de Macri, pero ahí se hizo mucho más abierta y pública. Otros presidentes no se han querido hacer cargo de asumir que se trata de una política de Estado. Anteriormente estas situaciones de asesinatos se las explicaba como excesos, un abuso de la fuerza o la hipótesis de la manzana podrida donde un policía se excedió porque no cumplía con su mandato, etc. En el caso de Macri recibiendo a Chocobar implica dar una señal clara que especifica que el estado y su gestión toman la represión como una herramienta de intervención, control y disciplinamiento social”, explicó Carmona.
La trama y el desenlace
Un hilo se empieza a deshilachar, pero el tejido es más denso de lo que puede parecer a simple vista. Las complicidades, las responsabilidades y la sangre manchada exceden ampliamente a quienes accionaron el gatillo. No es para menos, ya que este lunes comenzará un juicio sin precedentes cuya génesis se encuentra en un caso de gatillo fácil; y que hoy lleva al banquillo al ex-jefe de la Policía de la Provincia por amenazas al periodista que lo denunció.
En diciembre del 2016 la justicia condenaba a prisión perpetua a los dos policías que asesinaron a sangre fría a Fernando “Güere” Pellico de 18 años en el barrio Los Cortaderos de la ciudad de Córdoba. Al igual que en el caso de Franco Amaya, Güere y su primo se trasladaban en moto en julio del 2014 cuando los policías abrieron fuego apuntando directo a su espalda. Lucas Chávez (33) y Rubén Leiva (51), cumplen actualmente la máxima condena, ostentando ser los protagonistas de un juicio que sentó precedentes importante.
La represión de Los Cortaderos fue denunciada públicamente por el comunicador Dante Leguizamón en los Servicios de Radio y Televisión (SRT) pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba, quien recibió respuestas de puño y letra de Julio César Suárez, Jefe de la Policía en ese momento. “Yo me voy a encargar de vos”, vociferó el funcionario que hoy está siendo juzgado por los cargos de coacción y amenazas contra el periodista. Es la primera vez en la historia de la provincia que sucede; y, en caso de ser condenado, el ex-mandamás de la fuerza podría afrontar penas de hasta cuatro años en prisión. Los asesinos y el Jefe, juicios distintos de una misma urdimbre.
En el caso de Franco Amaya, luego de la investigación y los peritajes, el inicio del juicio despierta expectativa por la evidencia contundente que complicaría la situación de los imputados. Videos, testimonios, análisis de sangre y pericias; todo parece estar contra cualquier tipo de explicación que no sea un fusilamiento por gatillo fácil.
¿Hasta dónde llegará la trama de este asesinato? ¿Qué responsabilidades sabrá condenar la Justicia? ¿Cuál es el hilo del que tenemos que empezar a tirar para desandar el tejido? Interrogantes que sirven más para ejercitar la esperanza que para obtener resultados concretos. La respuesta, probablemente, sea una sola: Nunca más.
Una intervención para exigir justicia
Este jueves 22 de febrero a las 11 horas en la esquina de Los Gigantes y Alem, familiares, amigos y organizaciones sociales llevará adelante una intervención en sitio donde Franco Amaya fue asesinado. Vale mencionar que Franco es una de las 11 personas que fueron asesinadas por la policía de Córdoba durante 2017. La intervención tendrá como finalidad reclamar justicia por Franco y denunciar los abusos policiales.
Nota correspondiente a la edición n° 502 del semanario La Jornada, del 19 de febrero de 2017.
