Organizaciones sociales, culturales, sindicales y de derechos humanos de Punilla difundieron un pronunciamiento en el que denuncian violencia institucional, exigen el avance de la causa por la muerte de Samuel Tobares y reclaman garantías para los testigos.
“En Punilla nos falta un joven. Un hijo, un hermano, un trabajador, un vecino”. Con esa frase, diversas organizaciones de la región sintetizaron el dolor y la preocupación que atraviesan el valle tras la muerte de Samuel Tobares, en un documento en el que denuncian presuntos hechos de violencia institucional y exigen justicia.
Las entidades firmantes se manifestaron “a favor de la libre circulación de las personas en el territorio que habitamos sin tener que lidiar con el control policial como si fuésemos sospechosos de delito y mucho menos como merecedores de violencia y muerte”, cuestionando el uso del llamado “instinto policial” como justificación para intervenciones arbitrarias.
En el texto advierten que “las acciones irregulares de la policía se justifican apelando a vacíos o zonas grises dentro de la normativa”, y remarcan que muchas veces se habilita a efectivos a golpear, agredir verbalmente o incluso detener a personas solo porque les resultan sospechosas. Esa práctica, señalan, termina siendo “completamente arbitraria y cargada de discriminación”.
Las organizaciones plantean que la Policía de Córdoba y de Punilla vuelve a quedar bajo sospecha, “no solo de abuso de autoridad sino de ser ejecutores de un crimen, otro más de la lista que se engrosa con los años”, y subrayan que la violencia policial “produce miedo y dolor” y no puede ser asumida como algo normal ni legítimo dentro de sus funciones.
Reclamos al Estado y pedido de garantías
En el pronunciamiento se sostiene que la democracia y sus instituciones “debieran garantizar la vida en paz de las personas”, y se reclama que el gobierno se pronuncie “a favor de la vida de los ciudadanos, no de sus efectivos”. También remarcan que la noticia “demasiado cruel” de la muerte de Samuel Tobares no puede ser recibida con silencio ni indiferencia.
Entre los puntos concretos, las organizaciones piden “una investigación sin presiones de altos mandos” y exigen protección para los testigos “que se han expuesto al declarar lo que vieron”. A la vez, reclaman que “caiga todo el peso de la justicia hacia quienes hayan ocasionado la muerte” del joven.
El documento concluye con una consigna clara y contundente: “La violencia institucional mata”, en referencia a los casos en los que fuerzas de seguridad aparecen involucradas en hechos de gravedad contra la población civil.
Amplio arco de organizaciones firmantes
El pronunciamiento lleva la firma de un amplio abanico de espacios sociales, culturales, educativos, sindicales y de comunicación del valle y la provincia. Entre ellos se encuentran Colectivo 24 de Marzo, Mesa de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, Mesa de DDHH de Cosquín y Santa María, bibliotecas populares, fundaciones, espacios culturales, radios comunitarias, organizaciones de víctimas, gremios y colectivos docentes y socioambientales de Punilla.
Firman, entre otras, la Biblioteca Popular Los Morteritos, la Biblioteca Popular Rosa Areal de Molina, la Biblioteca Popular Murika de Siquiman, Fundación Otilia, Fundación Marta Juárez, Aliwen Espacio de Movimiento y Expansión, La Calandria Espacio Cultural, Urdimbre, Colectiva Corta la Mecha, Red Escénica Punilla, Centro Cultural Sonia Torres, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Delegación Punilla), VillaNos Radio, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, la CTA Regional Punilla y distintas asambleas socioambientales, políticas y culturales de la región.
Todas coinciden en un mismo eje: que la muerte de Samuel Tobares no quede impune y que el caso marque un límite claro frente a la violencia institucional en Punilla.
