El miércoles pasado el abogado Carlos Nayi presentó en la fiscalía nº 3 una denuncia penal contra las autoridades del municipio, provincia y nación por el estado del lago San Roque.
“No es un amparo ambiental, es una denuncia penal por violación al artículo 55 de la ley 24051 de Residuos Peligrosos, en consonancia con el Código Penal, y del artículo 200 de delitos contra la Salud Pública”, en la que están involucrados “el gobierno municipal, provincial y nacional por contaminar un curso de agua”, explicó. Y acusó que, “el lago está abandonado, enfermo y en terapia intensiva”.
Según Nayi, “lo que están viviendo los vecinos, turistas y la sociedad” son las consecuencias “del incumplimiento de un mandato judicial”.
“En 2013 un juez emitió una orden directa en el marco acción amparo para se lleven adelante obras tendientes a sanear el lago, y lo que se hizo se hizo a medias y no correctamente”, aseguró.
“Hoy tenemos un lago envenenado, que afecta la salud, al medio ambiente y puede comprometer la vida de las personas”, alertó.
La denuncia, explicó, tiene por objetivo “que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir y se convoque al Comité de Cuenca para remediar el enorme daño que se ha hecho”.
“Un muestreo de Cirsa (Centro de la Región Semiarida) en enero comprobó la falta de oxígeno en el agua, lo que provoca mortandad de peces, malos olores y putrefacción”, agregó.
La denuncia se presentó ante la fiscal Jorgelina Gómez quien, según opinó Nayi, “tiene que dar respuesta, verificar si se cumplieron las medidas dispuestas por el juez, en qué magnitud, si fueron suficientes, por qué está ocurriendo esto y determinar responsabilidades”.
El abogado planteó que sólo el 30 % de la población carlospacense tiene acceso a la red cloacal, y se preguntó por los “57 millones de pesos que en tres presupuestos municipales han sido asignado para esta tarea”, y que no han sido utilizados.
“Es un interrogante que deberá develar la justicia”, finalizó.
