A través de un comunicado, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) respaldó la demanda que desde hace años viene sosteniendo la tallerista de la Coopi y referente de la cultura del Sur de Punilla, Yanina Arias, por el acceso a la tierra y la vivienda.
Arias habita junto a sus cuarto hijxs un lote ubicado en barrio Comechingones de la localidad de Cuesta Blanca. Sobre ella pesa la imputación del delito de usurpación. Sin embargo, hasta el día de hoy ninguna persona física o jurídica ha dado muestra de tener la titularidad de la tierra (escritura en mano) sobre la cual la mujer viene ejerciendo el derecho de posesión.
“Desde marzo de 2012, Yanina Arias viene ejerciendo de manera pacífica el derecho a la posesión en un lote ubicado en el barrio Comechingones de la localidad de Cuesta Blanca. Tal como se ha dejado constancia en el expediente, el terreno fue cedido por el vecino José Altamirano. No hubo despojo. No hubo violencia. No hubo usurpación, sino ocupación pacífica de terrenos en vacancia cedidos por su anterior poseedor”, subraya el SIPOS en el comunicado.
Vale señalar también que en octubre del año pasado el juez de control de Villa Carlos Paz, Daniel Strasorier, resolvió declarar nulos todos los actos desarrollados por fiscal del Primer Turno, Gustavo Marchetti, quien viene interviniendo en la causa.
Marchetti apeló esta decisión y la Cámara de Acusación de Córdoba le dio lugar. Motivo por el cual, proceso sigue abierto. Desde el gremio que representa a lxs trabajadorxs de la Coopi señalaron que resulta necesario que el Poder Judicial se expida a los fines de restablecer el Estado de derecho.
“Siete años de una causa interminable que sólo se mantiene abierta con fines socialmente disciplinarios, en lo que constituye claramente lo que ha sido denominado como la criminalización del conflicto social. Se tipifica como una conducta delictiva, el efectivo ejercicio de un derecho, en el caso de Yanina Arias, la posesión que con arreglo al sistema jurídico vigente otorga derecho”.
El comunicado completo
POR LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO, SOBRESEIMIENTO A YANINA ARIAS
El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Córdoba (Si.P.O.S. Córdoba) hace pública su preocupación por la situación procesal de Yanina Arias, referente de la cultura del Sur de Punilla y tallerista en la Cooperativa Integral.
Desde hace siete años que sobre ella pesa la imputación del delito de usurpación, situación que persiste pese a que a la fecha no obra en la causa prueba alguna que permita sostener tal acusación.
Siete años de una causa interminable que sólo se mantiene abierta con fines socialmente disciplinarios, en lo que constituye claramente lo que ha sido denominado como la criminalización del conflicto social. Se tipifica como una conducta delictiva, el efectivo ejercicio de un derecho, en el caso de Yanina Arias, la posesión que con arreglo al sistema jurídico vigente otorga derecho. Metodología de tipificación penal del ejercicio de sus derechos que con frecuencia se utiliza contra los trabajadores.
Desde marzo de 2012, Yanina Arias viene ejerciendo de manera pacífica el derecho a la posesión en un lote ubicado en el barrio Comechingones de la localidad de Cuesta Blanca. Tal como se ha dejado constancia en el expediente, el terreno fue cedido por el vecino José Altamirano. No hubo despojo. No hubo violencia. No hubo usurpación, sino ocupación pacífica de terrenos en vacancia cedidos por su anterior poseedor.
Con mucho esfuerzo ha logrado construir la casa en la que vive junto a sus cuatro hijxs. En este punto bien vale mencionar que, al igual que el resto de las familias del barrio Comechingones, forma parte del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP), contemplado en la ley de Regularización Dominial, aprobada por el Congreso Nacional en octubre del año pasado.
Es por ello que, respetuosa pero enfáticamente, solicitamos que se defina su situación procesal declarando su sobreseimiento en función de la documental aportada en la causa, para terminar con una conflictividad estéril y que sea restablecida la vigencia de garantías constitucionales.
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