La Justicia de Brasil compartirá con el poder judicial argentina la información del Lava Jato que tuvo ramificaciones en el país por las obras públicas que realizaron empresas brasileras. El anunció de cooperación se oficializó, a través de la Procuración General de la Nación, después de cinco meses de trabajo en torno a una mesa interinstitucional.
Las empresas brasileras implicadas Andrade Gutierrez SA, Camargo Correa SA, Norberto Odebrecht SA, OAS Limitada y Queiroz Galvao SA operaron en argentina bajo la figura de Unión Transitoria de Empresas (UTE) en asociación a firmas argentinas.
Las obras bajo investigación van desde plantas potabilizadoras pagadas por AySa, el soterramiento del tren Sarmiento, la ampliación de los gasoductos norte y sur, la venta de la empresa Transener, hasta la construcción de una planta de YPF.
“La suscripción de este modelo de compromiso es un requisito necesario para acceder a la prueba judicial disponible en Brasil que conlleva una limitación en el uso de las pruebas que se obtengan, que no podrán utilizarse en contra de quienes se encuentran alcanzados por los acuerdos de lenidad ni en procesos distintos en los que la información fue compartida”, estimó la Procuración.
Además se destacó, en el comunicado, que los fiscales evaluarán la conveniencia de utilizar la herramienta de cooperación que se presenta desde este viernes.
En Córdoba los legisladores opositores Liliana Montero, Aurelio García Elorrio y Juan Pablo Quinteros, reclamaron que se investigue la licitación de obras de gasoductos en 2008, que finalmente no se concluyeron, por las cuales el “arrepentido” Alberto Youssef dijo que se pagó una coima de 36 millones de dólares a las empresas Andrade Gutierrez y OAS.
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