El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación, Germán Garavano, encabezó en Villa Carlos Paz el pasado miércoles la inauguración de las reformas en la Unidad Judicial.
El acto se llevó a cabo en la sede de la departamental Punilla de la policía de Córdoba y contó con la presencia, además, del Fiscal General de la provincia, Alejandro Moyano.
También participaron de la ceremonia el jefe de la Departamental Punilla, Leonardo Páez Stelmach, y los fiscales Gustavo Marchetti y Jorgelina Gómez.
En el marco del acto, el funcionario nacional fue increpado por representantes de organismos de DD.HH. que le reclamaron las condolencias que brindó a la familia del genocida Carlos Chasseing. También receptó el reclamo de la carlospacense Fernanda Moyano, involucrada en la causa del cannabis medicinal, en el sentido de que “busquen a los verdaderos narcos” (ver aparte).
“La idea es ponerse en el lugar del otro”
Ante las autoridades judiciales, provinciales, municipales, legislativas y de las fuerzas de seguridad, Garavano planteó que las reformas responden a “un nuevo modelo de organización del Ministerio Público que ayuda a la víctima de los delitos”.
“La víctima siempre ha sido revictimizada y me parece que en esto hay una respuesta de la Fiscalía de la provincia que es acompañarlas”, dijo. Y destacó que “son 16 las Unidades Judiciales que se están refuncionalizando”.
Las nuevas instalaciones en la Unidad Judicial carlospacense permiten mejorar las condiciones de atención al público, buscando optimizar el trabajo con las personas que fueron víctimas de delitos.
“La idea es ponerse un poco en el lugar del otro, del lado de quien llega con una denuncia a la unidad judicial. Esto permite atender mucho mejor a las personas”, valoró.
Para Garavano, este sistema de asistencia “es inédito en el país”.
“Si bien se hizo algo menor en Buenos Aires, esto acelerará la denuncia y el proceso de investigación de delitos. La víctima de un delito siempre fue revictimizada. Con este nuevo sistema, hay una respuesta de la fiscalía de la provincia de Córdoba a las víctimas que es valiosa”, insistió.
En la misma línea se expresó Alejandro Moyano, fiscal General de la provincia: “Con esto mejoramos la calidad de atención del ciudadano que viene para efectuar una denuncia y necesita una respuesta ágil”.
Las explicaciones por las condolencias a la familia Chasseing
El ministro de Justicia y derechos humanos de la Nación, Germán Garavano, justificó en Villa Carlos Paz la publicación del saludo de condolencias ante el fallecimiento del General de Brigada (R) Carlos Bernardo Chasseing, quien fuera el interventor de facto del Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre abril de 1976 y febrero de 1979, durante la dictadura cívico militar.
Ante los medios, el funcionario dijo que la salutación estaba dirigida al hijo de Chasseing, que trabaja con él en el ministerio desempeñándose como asesor técnico en cuestiones gremiales.
“Las condolencias no se dan al muerto, sino a sus familiares. Basta leer lo publicado en el diario para ver que las condolencias fueron dirigidas a su hijo que trabaja en el Ministerio de Justicia”, dijo el ministro.
Además, acusó a los organismos de derechos humanos de tener una “reacción autoritaria al límite con el fascismo”.
“Uno no puede perseguir a un hijo, ni a una mujer ni a nadie por lo que hizo un padre o un marido”, dijo ante la interpelación de representantes de organismos de Derechos Humanos.
Antecedentes
Carlos Bernardo Chasseing fue interventor de facto del gobierno de la provincia de Córdoba entre abril de 1976 y febrero de 1979, durante la dictadura cívico-militar. Es definido como “el brazo político” del genocida Luciano Benjamín Menéndez y partícipe del terrorismo de Estado en Córdoba.
Fue liberado por la Ley de Punto Final y falleció el lunes pasado. Ante ello, el ministro Garavano publicó una salutación que generó el repudio de los organismos de derechos humanos.
“Participa su fallecimiento y acompaña con afecto a su hijo Pablo y a su familia en este momento de dolor”, manifestó Garavano en un aviso publicado en el diario La Nación en el que no omitió su cargo como miembro del gabinete del gobierno de Mauricio Macri.
Los organismos de derechos humanos salieron rápidamente a denunciar el mensaje del ministro a través de una carta, en la que consideraron “inadmisible” que, “desde el más alto cargo que instituye la democracia para llevar adelante políticas de Justicia y Derechos Humanos” se salude al “más alto funcionario público durante la aplicación del terrorismo de estado en Córdoba entre 1976 y 1979”.
“Con su mensaje fúnebre Garavano degrada la institución de la que es titular, y va en contra de lo que el mismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declara públicamente como parte de su misión institucional: Entender en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos”, sostiene el comunicado.
El reclamo de Fernanda Moyano: “Busquen a los narcos de verdad”
Fernanda Moyano, la carlospacense que se encuentra imputada en el marco de la causa por el cannabis medicinal, llevó ante el ministro Garavano su reclamo de que “busquen a los narcos de verdad y dejen de perseguir a los cultivadores de medicina”.
Así decía el cartel que portaba con firmeza, sosteniéndolo pese a las intimidaciones de la policía que la llamaba por su nombre y que le pedía que lo bajara.
La mujer tuvo un breve intercambio con Garavano, a quien le contó su situación. “Estuve siete meses presa por cannabis medicinal. Todavía la justicia de Córdoba considera al cannabis medicinal como droga. Siete meses detenida yo y otros compañeros que le dábamos el aceite de cannabis a nuestros hijos con discapacidad”, le dijo Moyano al ministro.
A lo que Garavano contestó: “Como ustedes saben, la ley se sancionó ya estando este gobierno. Nos parece que es un tema que hay que atender. No puedo habar del caso concreto. No me corresponde. Pero sí es una cuestión que el gobierno ha tratado de solucionar. Es un tema del cual hemos hablado con la ministra Bullrich varias veces y es una tema que nos ocupa”.
Ante la prensa, Moyano dijo que se presentó porque quería “visibilizar al causa”.
“Era el momento para hacerlo”, afirmó. Y añadió: “Me enteré que venía el ministro, que es uno de los interventores de la ley del cannabis medicinal, lo cual deja muchísimas falencias. Había fiscales presentes. Uno de ellos es el que nos metió presos por el cannabis medicinal (en alusión al fiscal de Instrucción del fuero de Lucha contra el Narcotráfico Raúl Ramírez)”.
Recordó que sobre ella todavía pesa la imputación de “Comercialización de Estupefacientes y Confabulación en Concurso Real”, pese a haber recuperado la libertad.
“Todavía tenemos que demostrar que no somos narcotraficantes. Por eso esta lucha recién comienza para nosotros. Se nos considera narcotraficantes a quienes hacemos la medicación para nuestros hijos. Los verdaderos narcotraficantes son los que matan niños y a un montón de personas con la adicción”.
La madre de Moyano, Teresa Gómez, se acercó por su parte al fiscal General de la provincia Alejandro Moyano, y le hizo saber del proceder abusivo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en el marco del allanamiento realizado en agosto del año pasado.
“Se lo digo como ciudadana, como madre y como abuela. Hicieron un allanamiento en mi casa y había menores de edad. Les pedimos que los menores no estuvieran y no los sacaron. Estuvieron ocho horas presenciando todo”, le reclamó la mujer. “Tiene que hacer una denuncia para ver si hubo una error”, le contestó Moyano.
Nota correspondiente a la edición n° 511 del semanario La Jornada, del 23 de abril de 2018.
