El pedido de juicio político contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, quedó cerrado el 2 de septiembre en la Sala Acusadora del Concejo de Representantes. Los cuatro integrantes de Carlos Paz Unido (Leonardo Villalobos, Raquel Merlino, Claudio Bocchetti y Marcela Bosch) votaron por declarar inadmisible la denuncia presentada por Santiago Juliá, mientras Pía Felpeto y Daniel Ribetti se pronunciaron por permitir que avanzara.
El oficialismo sostuvo que las expresiones públicas cuestionadas a Curvino estaban amparadas por la libertad de expresión y que no configuraban un incumplimiento suficientemente grave para habilitar el proceso. Felpeto y Ribetti entendieron, en cambio, que existían conductas reiteradas incompatibles con la independencia de la Defensoría.
La votación terminó 4 a 2 y reprodujo la misma relación de fuerzas con la que durante 2025 habían sido rechazados otros pedidos de juicio político contra Curvino, también sin llegar a la Sala Juzgadora.
Juliá cuestionó especialmente que el expediente se cerrara en la instancia inicial, sin avanzar hacia una discusión de fondo ni producir el descargo del defensor. “No se discutió la prueba. No se escuchó el descargo”, sostuvo, y acusó al oficialismo de “blindar” políticamente a Curvino.
Días después, el propio defensor respondió en sus redes sociales. Reivindicó su derecho a expresarse y aseguró que sus publicaciones habían sido una reacción frente a agravios previos. Al mismo tiempo, volvió a cuestionar a Juliá y a otros dirigentes opositores, a quienes calificó como “impresentables, inútiles e ineptos”, además de reiterar referencias a la “política berreta”.
La controversia quedó cerrada en términos institucionales, pero no políticos. El planteo no pasó a la Sala Juzgadora y la discusión sobre los límites de la actuación pública del defensor volvió a quedar expuesta.
Nota correspondiente a la edición n° 627 del periódico La Jornada, del 30 de septiembre de 2026.
