Por Agustina Sosa
Cuando hablamos del consumo problemático de sustancias legales e ilegales en jóvenes de sectores vulnerables de nuestra sociedad, frecuentemente los pensamos como destinos que –inevitablemente- tendrán los siguientes desenlaces: delincuencia, cárcel, e incluso, muertes. Pero, ¿a qué responde esta naturalización de las situaciones o los peores panoramas? Y, en caso de que la respuesta se vincule a la cotidianidad con la que los medios de comunicación nos informan (generalmente asociándolos a la noción de peligro) sobre distintos episodios que incluyen estos componentes, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo al respecto?
Por estos días me llegaba la noticia de la aparición sin vida de un excompañero del secundario. Más allá del impacto propio de una tragedia semejante, y de todos los posibles escenarios, una certeza se instaló sin dudas aparentes: la desigualdad de oportunidades socioeconómicas y de contextos son algunos de los motivos, entre otros, por los cuales de aquel grupo de jóvenes que compartimos escuela, algunos estemos cercanos a cumplir 28 o 29 años, y otros tristemente no lleguen a alcanzarlos.
El siguiente informe está dedicado a intentar problematizar los preconceptos establecidos, como así también, a narrar cómo es la realidad de aquellos pibes invisibles.
Y también dedicado a él, que ya nunca más me escribirá para preguntarme si sigo estudiando.
¿Por qué hablar de consumo problemático?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al consumo problemático como “patrón de consumo que provoca problemas, ya sean individuales o colectivos, de salud o sociales”.
Sin embargo, pareciera que visto así, este concepto es complejo de identificar automáticamente.
Mariano Rey, licenciado en Psicología (UBA), docente y autor de varias publicaciones en Salud Mental y Consumos Problemáticos, explica: “El consumo problemático no es solamente aquel del que consume compulsivamente y organiza su vida en relación a la sustancia. El consumidor problemático puede ser el consumidor compulsivo; puede ser el consumidor ocasional que por las sustancias que consume se somete a algún tipo de riesgo; o situaciones como el consumo episódico excesivo de alcohol o en algunas fiestas electrónicas cuando se pasan con la cantidad de pastillas, y demás”.
Al ser consultado por la particularidad del consumo problemático en jóvenes de sectores con menos recursos, el especialista añade: “Hay que entender, primero, que los consumos problemáticos son un hecho. Existen. Ahora, de alguna forma el tratamiento que le dan los medios masivos de comunicación hace que la sociedad suponga que en realidad, si te fumás un porro, sos un criminal, un delincuente. Y en realidad eso tiene que ver con el estigma. Con la estigmatización y criminalización, que no solamente es la criminalización de los usuarios de drogas, sino que -me animaría a decirte- es la criminalización de la pobreza. Porque en realidad, lo que suele quedarse es la imagen cristalizada del joven adicto delincuente.”
Entre lo penal y lo sanitario
En la actualidad, las adicciones en sectores vulnerables, son un tema de debate recurrente en cuanto puede traer aparejado o no cuestiones delictivas. El problema es que, cuando eso sucede, muchas veces desde la Justicia no se garantiza un acompañamiento transversal sino que solamente se limita a la cuestión carcelaria.
En ese sentido, Rey explica que: “La ley de Salud Mental es la primera normativa que incluye el tema de los consumos problemáticos que deben ser abordados como parte de la política pública integral de salud mental. El art. 4 de la ley de Salud Mental, que es de carácter nacional y orden público, ubica a las adicciones como parte de la política integral de salud mental. En ese plano, una de las cuestiones -que no es menor porque también se da en el tema del consumo- una de las poblaciones más vulneradas en sus derechos ha sido y sigue siendo los consumidores problemáticos. Digo, en las instituciones que han estado abocadas al tratamiento, muchas han sido muy similares a lo que son las instituciones de encierro y también, al mismo tiempo, han proliferado por una cuestión de ausencia de respuesta estatal, una serie de dispositivos que comúnmente se los suele llamar “comunidades terapéuticas”, que muchas veces son granjas que incluso carecen de habilitación. Si carecen de habilitación, carecen de regulación por parte del Estado que debiera controlar”.
Además, en lo que refiere pura y exclusivamente al sistema penal, Rey es contundente: “El sistema penal es selectivo. Y eso no solamente acá en Argentina, a eso lo podés encontrar en cualquier parte del mundo. Vos vas a Estados Unidos y te vas a encontrar con que de la población prisionizada el 70% son negros y latinos. Es decir, solo el 30% de la población prisionizada es blanca.Entonces, digo, la selectividad también tiene mucho que ver en nuestros casos con la pobreza. La ley de Salud Mental es tan importante porque en realidad es la primera ley que incluye un enfoque de derechos. Entonces, la perspectiva de Derechos Humanos es transversal. En el artículo 7 de la ley de Salud Mental, hay una serie de incisos que definen cuáles son los derechos de los pacientes. Mejor dicho: de las personas con padecimiento subjetivo. Ahí uno puede encontrar que hay un montón que aplican a los dispositivos de adicción, por ejemplo, que tienen que recibir compensación justa por laborterapia, porque en realidad muchas veces en las comunidades la gente tiene que laburar y hacer un montón de cosas y se plantea como una instancia terapéutica cuando en realidad lo que se hace ahí es economizar costos”.
Este especialista también detalla que otro punto interesante es el de no romper el lazo social con el otro: “¿Quién soy yo como agente sanitario para decir con quién podés hablar y con quién no podés hablar o negarte la comunicación? Y también, hay cosas que son simbólicas y son importantes a nivel nacional, cuando se creó por ejemplo la autoridad de aplicación que es la dirección nacional, se aclara “Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones”, y me parece que en realidad el poner la palabra adicciones tiene poder al darle un estatuto, un poder ahí, para decir “de esto nos tenemos que ocupar, señores”.
La relación entre consumo problemático, crimen organizado y el Estado
Además de la delgada línea entre el abordaje del consumo problemático como una cuestión sanitaria o penal, aparece la complicada relación entre los jóvenes de sectores vulnerables y la venta de sustancias, intensificado por el contexto de crisis económica producto de la vuelta del neoliberalismo. Como bien explica Rey, “cuando hubo esfuerzos en estos últimos años de cambiar la ley de Salud Mental, una de las cosas que más quisieron cambiar fue el artículo 4, que es el que incluye a las adicciones, porque históricamente en nuestro país nos encontramos con distintas percepciones acerca de la problemática. Muchas veces, estas percepciones tienen que ver con una cuestión de tipo de seguridad; otros, que se piensan más progresistas, plantean que es una cuestión social, como si se acabara la pobreza entonces se acaban las adicciones, cosa que es mentira; y otros empezaron a pensar la cuestión en términos sanitarios”.
En lo referido a esto último, el profesional asegura: “Para mí es una problemática compleja y, en tanto problemática compleja, requiere un abordaje intersectorial. O sea, tampoco es una cosa exclusivamente sanitaria, sobre todo en contextos de vulnerabilidad. Porque si vos te ponés a pensar, todo lo que el Estado no regula lo agarra el crimen organizado. Y para el crimen organizado, los chicos en situación de vulnerabilidad, son mano de obra baratísima y, en muchos casos, mecanismos de subsistencia. Y allí encontrás un dato: que las mujeres prisionizadas por cuestiones de drogas, muchas de ellas, son cabezas de familias. Entonces, muchas veces, desde las autoridades hablan de meterse en lo que son las redes del narco, cuando en realidad se meten con quiénes son el eslabón más pequeño que está ligado también a cuestión de subsistencia”.
El consumo problemático y los diferentes abordajes médicos
Federico es un joven médico que trabajó en el hospital Rawson, también en el hospital Domingo Funes (ambos de la provincia de Córdoba) y actualmente es residente de cirugía cardiovascular en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, en España. Al ser consultado por su experiencia con pacientes con problemas de consumo, diferenció entre drogas legales e ilegales, sin negar el problema en ambos casos: “Pienso que en Argentina, las principales drogas, o al menos las que más he visto en los hospitales públicos, son los efectos del alcohol en pacientes que terminan siendo cirróticos, que terminan con punciones sucesivas porque juntan líquido en la panza, o que se mueren por hemorragia digestiva… entre otras cosas, si hablamos de las drogas legales. Pero en los últimos años yo podría decir que la principal droga en Argentina ha sido la marihuana, sobre todo en gente joven. Sin embargo, al ser una droga que tiene poca adicción, o mejor dicho, no tiene un componente altamente adictivo, los jóvenes no caen con intoxicaciones porque eso no te intoxica, no es una droga que nos cause mayores problemas a los médicos. En cambio, el alcohol sí. En cuanto a la cocaína, he visto pacientes jóvenes que sufren infartos, porque produce vasoconstricción y se tapan las arterias del organismo”.
Luego, el profesional de la salud expresó su preocupación por la manera de tratar estos pacientes en nuestro país: “El problema, es que en la parte pública, el abordaje integral no existe. Siempre para las drogas se plantea un abordaje integral, donde uno pueda atender médicamente al paciente, pero que después se le pueda dar un tratamiento de deshabituación, con medicinas o no, según el caso. Y en la parte pública, si bien en Córdoba uno tiene el servicio de salud mental en el hospital, lo que sucede es que muchas veces son los mismos médicos los que no quieren ver a los adictos o atenderlos en una guardia. Ya sea porque es un cuadro muy complejo, o está en situación de calle… los médicos muchas veces tratan de sacárselos de encima y no hay un servicio integral de atención al adicto. Lo que sí está es el equipo de salud mental en los hospitales que son un par de psicólogos o psiquiatras que no pueden hacer mucho, porque el abordaje debería ser integral. Esos pacientes requieren internación, esos pacientes requieren un sitio donde estar… y la mayoría de los pacientes con adicciones que no tienen nada, terminan en una institución psiquiátrica, compartiendo en el mismo sitio con pacientes de otro tipo”.
Al ser interrogado respecto a la comparación entre cómo se abordan los casos de adicciones en España, este médico comentó: “Acá en España el abordaje es más amplio, porque sí hay un abordaje integral. Hay un servicio del hospital dedicado exclusivamente al tratamiento de las adicciones, hay mucha más inversión en ese sentido. Sin embargo, acá las drogas son mucho más graves. Por ejemplo, acá hay mucho adicto a la heroína, que te causa problemas mucho más graves al ser endovenoso, se contagian enfermedades como Hepatitis B, SIDA; son pacientes que tienen problemas cardíacos, que se infectan y muchas veces terminan muriendo por esa razón. Nosotros acá hemos operado varias endocarditis que son infecciones del corazón por adictos endovenosos que en Argentina, la verdad, no había visto nunca”.
Entre el infierno de la cárcel y una ley que asoma la esperanza
“Encausados es el mismísimo infierno”, me dice un joven que pasó por la Expenitenciaría de los Encausados, hoy conocida como la UCA, situada en Córdoba Capital. De sus 18 años recuerda esos 15 días en los que se sintieron como mil años, encerrado en un lugar hostil, en donde la violencia imperaba y no te dejaba dormir por el miedo a morir, y los otros presos oscilaban entre malabares para comprar sustancias y tirarse aceite caliente durante las peleas.
Situación similar viven los jóvenes en las cárceles de otros lugares, por ejemplo Santa Fe, según comentan profesionales de una institución de salud mental de dicha provincia: “Cuando los chicos llegan acá empiezan a relatar –y es un relato que se repite- ‘me metieron en el buzón’, que es un lugar de 2×1 metros que tiene una especie de letrina, eso es todo el baño que tienen, a donde los envían si quisieron suicidarse o hicieron algún tipo de conflicto. Y ahí les otorgan algo para dormir y punto, no hay un tratamiento en sí. Además, ahí adentro no ves el sol, es un calabozo pero mínimo. Y el personal que trabaja ahí muchas veces lo pinta como un lugar de contención ‘para que no se autoagredan’”.
Afortunadamente, en provincias como Santa Fe y Entre Ríos, existen instituciones públicas dedicadas a la salud mental, en donde grupos multidisciplinarios e integrales, compuestos por abogados, médicos, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras, intentan hacer valer la Ley de Salud Mental. En estas provincias, se busca evitar la sobremedicación de los pacientes, elaborando esquemas de medicación responsables que intentan que las personas no sientan la necesidad de consumo. Otro punto interesante, además de que no existen las rejas ni el encierro de los pacientes, es que en casos de personas que llegan a estas instituciones desde los establecimientos penales, son custodiados por personal policial que no puede utilizar uniformes, armas ni esposas, para evitar perjudicar la sensibilidad de los otros pacientes que habitan también en el lugar.
La situación es crítica, trágica y triste en un contexto de crisis económica y un Estado que lejos de preocuparse por los jóvenes más desprotegidos, los condena a la violencia y el abandono, además de la persecución constante. Seguramente llevará años revertir la situación, volver a construir los lazos de contención social y garantizar igualdad de futuros para todos.
Quizás, como sostiene Rey, se trate de “recordar que tenemos personas delante de nosotros. Tenemos que arrancar desde ahí. No tenemos que caer en eso de ‘este es un cocainómano’, ‘este es el alcohólico’, ‘este es el pibe de pasta base’. Hay que correr el eje de ahí y entender que en realidad estamos hablando de personas que tienen cierto padecimiento subjetivo”.
Y yo me animaría a agregar: involucrarse. Y no olvidarse.
Mariano Rey: Licenciado en Psicología UBA. Consejero Superior de la UBA. Miembro de la comisión directiva de la asociación civil Enclaves: Salud Mental y Derechos Humanos. Docente y autor de varias publicaciones en Salud Mental y Consumos Problemáticos. Fue representante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante el Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental y miembro de la Comisión Permanente para la elaboración de estándares de habilitación, supervisión y auditoría de los establecimientos de salud mental públicos y privados.
Nota correspondiente a la edición n° 544 del periódico La Jornada, del 28 de agosto de 2019.
