En la sesión del jueves pasado, el Concejo de Representantes resolvió comunicar al gobierno nacional “la preocupación de este cuerpo y ciudadanía sobre la situación de Santiago Maldonado, quien se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto del corriente año a partir del desalojo por parte de la Gendarmería Nacional de la protesta de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche en la provincia de Chubut, y solicita su pronto esclarecimiento”.
La iniciativa había sido presentada por la presidenta del cuerpo, Alejandra Roldán, y fue aprobada por unanimidad.
En los fundamentos se menciona que “familiares y organizaciones de Derechos Humanos de todo el país denuncian que (a Santiago) se lo llevó Gendarmería de manera forzada”.
En este sentido cabe destacar que la fiscal Silvia Ávila recaratuló la investigación como “desaparición forzada”, en lugar de “NN sobre averiguación de delito” como figuraba inicialmente en el expediente.
Los tres elementos que conforman la nueva figura son: privación de libertad contra la voluntad de una persona, participación de agentes gubernamentales en el hecho y negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.
¿Oportunismo?
El martes 22 de agosto, la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz ingresó una nota en el Concejo de Representantes instando a los ediles a pronunciarse sobre el hecho, “repudiando la represión contra el pueblo mapuche y exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y castigo a los culpables”.
“Solidarizarse y luchar por el derecho ancestral de nuestros pueblos originarios a la tierra no es delito. Delito es la voracidad de los poderosos que nuevamente nos golpea con su crueldad, otra vez con fuerzas de seguridad a su servicio.
Ningún ciudadano de bien puede permanecer indiferente frente a esta realidad aberrante: un país con presos políticos, con represión a quienes defienden sus derechos y ahora con una nueva desaparición forzada”, expresa el documento.
Sin embargo, la nota no ingresó como correspondencia en la sesión del jueves pasado lo que provocó malestar en los referentes del organismo de DD.HH. que responsabilizaron de esta situación a la titular del cuerpo y la acusaron, además, de “oportunista”.
“El pedido para que el Concejo se expidiera sobre Santiago Maldonado fue presentado el martes en tiempo y forma, pero llamativamente no fue ingresado como correspondencia, y sí apareció un proyecto de la oportunista presidenta del cuerpo, que no citó a nadie, como lo había prometido en la sesión anterior, para tratar el tema.
¿Qué pensar de semejante irrespeto? ¿Será muy mal pensado quien considere esto autoritarismo?”, se preguntó Sergio Bailone.
Nota correspondiente a la edición n° 480 del semanario La Jornada, del 27 de agosto de 2017.
