Por Jorgelina Quinteros
El 22 de febrero de este año la ciudad amaneció con una terrible noticia. Un joven de 18 años fue víctima del primer caso de gatillo fácil que se conoce en esta zona de Punilla.
“Nos toca escribir la nota que no quisimos escribir nunca. Nunca. El asesinato de un joven a manos de la policía”, asegurábamos en el informe producido por La Jornada para la edición del 26 de febrero.
Hoy la sensación es la misma. A pesar de que transcurrió medio año de aquella nefasta madrugada, la conmoción continúa. Pero, en este caso, el avance de la investigación promete brindar explicaciones sobre lo que sucedió esa noche y comenzar a juzgar a los responsables materiales del asesinato de Franco.
Franco Enrique Amaya fue asesinado en la intersección de calle Alem y Los Gigantes por un disparo del arma reglamentaria del oficial de la Policía de Córdoba Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (25) durante un control vehicular. Tanto Bustos como su compañero José Ezequiel Villagra (22) estaban alcoholizados.
A seis meses de este crimen, la fiscal de Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, pidió la elevación a juicio de la causa.
Por el hecho ratificó la imputación de Bustos quien está acusado de “homicidio agravado por la calidad de autor y por el uso de arma de fuego en concurso ideal”. En tanto, Villagra, el oficial a cargo del control, está imputado de “omisión de los deberes de funcionario público”.
Vale mencionar que Bustos está detenido en la cárcel de Bouwer, mientras que Villagra permanece en libertad. Según indicó la fiscal, “en principio” no se encuentra en ejercicio de sus funciones. “Hasta el momento no tenemos ninguna información como que esté prestando función”, dijo.
“Los elementos de prueba son contundentes. Entre ellos, una serie de testimonios los cuales precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las cuáles habría acaecido el hecho”, planteó Gómez a VillaNos Radio.
A su vez, explicó que resta esperar que el pedido de elevación a juicio quede firme. “Una vez que las partes fueron notificadas, tienen el transcurso de tres días donde pueden oponerse a la elevación de la causa a juicio, ya sea solicitando el sobreseimiento o el cambio de calificación legal”.
La respuesta de parte de la defensa de uno de los imputados no se hizo esperar.
Inmediatamente, el abogado defensor de Bustos, Iván Sironi, declaró a Radio Universidad que “se oponen” al pedido de la fiscal. “Empezamos la oposición a la elevación de la causa a juicio siguiendo la línea de defensa. Argumentamos que se le escapó el disparo Empezamos el proceso para seguir nuestra línea: el disparo se le escapó (a Bustos)”, advirtió Sironi. “En ningún momento tuvo una intención homicida. Hizo un movimiento y se le escapó”, remarcó.
El intento de la defensa es que Bustos sea imputado de homicidio culposo.
Seis meses de investigación
“A quemarropa”, así calificó Carlos Nayi, el abogado de la familia de Franco Amaya, el asesinato del joven. “La trayectoria de la bala va de izquierda a derecha y de frente, lo que excluye la posibilidad de hablar de una actitud evasiva. Disparó a menos de 30 centímetros, prácticamente cuerpo a cuerpo”, precisó unos días después del crimen, cuando se conocieron los resultados de las primeras pericias a cargo de la Fiscalía Nº 3.
La madre del joven, Laura del Valle Cortez, se constituyó como querellante en la causa desde un primer momento, con la representación de Nayi.
La instrucción de la causa determinó que el policía Rodrigo Velardo Bustos llevaba sólo nueve meses en la fuerza, estaba alcoholizado y disparó a corta distancia con su arma reglamentaria 9 milímetros.
Según el dosaje realizado en el marco de la investigación, los oficiales Bustos y Villagra presentaban 0,84 y 0,87 de alcohol en sangre. “Estos valores no serían acordes a la función que estaban desempeñando ese día. Estaban a cargo de un control policial y esa es una cuestión que también se le endilga a Villagra, porque él era responsable de dicho control”, expresó la fiscal.
Y remarcó: “Estamos hablando de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que tienen que cumplir determinadas normas internas, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de armas de fuego”.
En la causa también se realizaron pericias en la motocicleta de Franco, que dieron como resultado que el vehículo no tenía frenos. Esta información coincide con la declaración de Agustín, el primo de Franco que lo acompañaba en la moto cuando pasaban por el control y es uno de los principales testigos de lo ocurrido.
“Le hacía señas con la mano de que no tirara. Que no teníamos frenos. No nos íbamos a dar a la fuga ni nada, si no estábamos haciendo nada malo”, relató.
El testimonio del primo también dio cuenta del accionar de ambos efectivos policiales (Bustos y Villagra), luego de que el oficial Bustos efectuara el disparo que impacto en el pecho de Franco. Agustín denunció que se le negó la posibilidad de trasladar con urgencia a Franco, que se encontraba agonizando, hacia un centro médico.
“Como mínimo paré 10 autos para que lo llevaran. Taxis, lo que sea. Y les decían que no, que se fueran. Que no lo cargaran. (El policía) decía que en ningún momento había sacado el arma. Que había tirado otro policía, que se había ido corriendo”, describió.
Pese a la oposición de los uniformados, Franco fue trasladado por su primo y un amigo que pasaba por el lugar hasta el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Carlos Paz. Judith Barrera, directora del hospital en ese momento, confirmó que el joven ingresó a las 2,20 de la madrugada “con una herida de arma de fuego en el tórax, con orificio de entrada y salida, y ya en paro cardiorrespiratorio, sin signos vitales”. A pesar de las maniobras, falleció.
Un elemento de prueba contundente y durísimo fue difundido por Teleocho Noticias. Un video que muestra el momento en que Franco Amaya era subido a un auto para ser trasladado al hospital, minutos después de ser baleado. Las imágenes muestran a Agustín pedir desesperadamente que ayuden a su primo, sin recibir ninguna respuesta de parte de los policías.
También, se ve claramente al policía que ejecutó el disparo con guantes de látex puestos, sin colaborar en el traslado del joven herido. En ese contexto, y cuando lo acusan de haberle disparado a quemarropa, lo negó: “Cómo le voy a pegar un tiro, estás loco vos”, respondió.
Gómez fue consultada por la posibilidad de que se puedan juzgar también responsabilidades superiores en torno a la capacitación que recibieron los policías y respondió: “En esta instancia procesal, hasta el momento, nosotros hemos circunscripto la investigación a dentro de lo que es determinar los autores del hecho. Con respecto a otras cuestiones, hay que ver qué es lo que surge del curso del debate”.
Vale recordar que el mismo 22 de febrero, familiares, amigos y vecinos se manifestaron ante la Departamental Punilla, reclamando justicia por Franco Amaya. La protesta terminó con 10 personas detenidas, entre las cuales había cuatro menores.
Según los relatos de los detenidos, la policía actuó de civil y aplicando mucha violencia. Incluso todas las detenidas mujeres fueron obligadas a sacarse la ropa.
Tras su liberación, los detenidos hicieron una presentación ante la Fiscalía Nº 3 solicitando conocer las razones de las imputaciones y que se brinden explicaciones sobre la represión policial que llevó adelante el personal de la Departamental.
Gómez aseguró que ella dio la orden de detención: “Las órdenes fueron impartidas por esta fiscalía con respecto a la aprehensión de los imputados. Del curso de la investigación surgirá si hay algún tipo de responsabilidad por parte del personal policial que actuó en su momento”.
Tras el crimen de Franco, hubo cambios en la cúpula de la policía local. Fue separado de su cargo y sometido a un sumario interno el comisario Mayor Ángel Costero, jefe de la Departamental Punilla. Su reemplazo fue el comisario Inspector Leonardo Páez Stelmach.
Asimismo, el gobierno de la provincia de Córdoba fue duramente cuestionado por la formación que reciben los policías en relación a este caso. Bustos antes de salir con un arma a la calle se había capacitado en la Escuela de Suboficiales General Manuel Belgrano de Córdoba. Después de nueve meses tuvo autorización para portar un arma 9 milímetros. Con 25 años de edad y seis meses de servicio en la policía, hoy cumple prisión preventiva en la cárcel de Bouwer por el homicidio de un joven siete años menor que él.
También, se reabrió el debate por las irregularidades que se producen de manera recurrente en los controles vehiculares que lleva adelante la fuerza, especialmente, cuando a los jóvenes de sectores populares que circulan en moto por determinadas zonas de la ciudad se los relaciona directamente con el delito. El secretario de Seguridad, Diego Hak se vio obligado a anunciar modificaciones en los controles de la Policía de Córdoba.
Ni un Franco más
El crimen comparte similitudes con el caso de Alberto Fernando Pellico, que hace tres años fue asesinado en barrio Los Cortaderos de la ciudad de Córdoba. El “Güere” fue fusilado por la policía cuando se trasladaba en su moto junto a su primo. Por este hecho fueron condenados, en una sentencia que sentó precedente en la provincia de Córdoba, el agente Lucas Chávez (33) y el sargento primero Rubén Leiva (51) a cadena perpetua.
Cinco días después de la condena a los asesinos de “Güere”, su vecino Raúl Ledesma fue baleado presuntamente por un policía de civil mientras viajaba en moto con un acompañante, alrededor de las 8 de la mañana del primer día del 2017 en las inmediaciones de la calle Spilimbergo. Murió minutos más tarde en el dispensario del barrio.
Dos años antes del homicidio de Franco, en febrero de 2015, Ezequiel Reinoso sufrió un ataque parecido por no detenerse en un control policial. Con la diferencia de que, en este caso, Ezequiel azarosamente salvó su vida, quedando con secuelas graves para su salud hasta lograr su recuperación.
Franco Amaya trabajaba en un lavadero y estudiaba para ser peluquero. Le faltaban pocos días para recibirse. Esa noche se preparaba para ir ver al cuartetero Ulises Bueno en el boliche Molino Rojo, adelantando el festejo.
Su vida y la alegría de ir al baile quedaron truncas por una bala policial, como la de tantos jóvenes de sectores populares que son víctimas diariamente de la violencia institucional en nuestro país. Cada historia quisiéramos que escriba un Nunca más a la violencia que ejerce el Estado sobre su pueblo. Pero cada muerte, cada desaparición forzada reavivan el discurso cómplice de la ciudadanía con el abuso de poder.
Los casos de violencia institucional y las irregularidades en las investigaciones del accionar de las fuerzas de seguridad se reiteran. Y ante esa realidad, sólo queda como respuesta la organización y la movilización popular exigiendo un control social a estas instituciones, presionando para que sean juzgados hasta los más altos responsables del Estado y demandando que se desempeñen con total respeto de los Derechos Humanos.
Por eso, es imprescindible hacer un ejercicio de sensibilidad, resistencia y solidaridad para hacer de la lucha antirrepresiva un solo grito, una sola voz: “Ni un pibe menos. Ni un Franco más”.
La CORREPI se propone hacer pie en Córdoba: “La única forma de dar respuesta al avance represivo es fortaleciendo la lucha organizada”
Tras 25 años de trabajo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) desembarca en Córdoba. El viernes 8 de septiembre se hizo el lanzamiento oficial de CORREPI Córdoba, con la presencia de la abogada y fundadora de la agrupación María del Carmen Verdú, quien estuvo acompañada por la referente en Córdoba, Mariana Carmona.
“Es nuestra primera experiencia más allá de la provincia de Buenos Aires. Creemos que están dadas todas las condiciones para que puedan crecer, ampliarse y poder abarcar todo el territorio”, expresó Verdú a VillaNos Radio.
La presentación se hizo en la Plazoleta Jesuítica, al lado de la Facultad de Derecho, donde se realizó una intervención con nombres de las víctimas de gatillo fácil. Entre ellos estaba el Franco Amaya, el joven carlospacense que fue asesinado el 22 de febrero en un control vehicular en Villa Carlos Paz.
En el último informe anual de la CORREPI figura que desde el comienzo de la democracia hasta fines de 2016 fueron 4960 las víctimas de la violencia institucional. De las cuales 259 pertenecen a la gestión de Cambiemos que, además, acortó el tiempo en que se producen las muertes: una cada 25 horas.
“Cualquiera de las herramientas represivas clásicas que conocemos y que siempre están en la mochila de cualquier gobierno que administra una sociedad dividida en clases, está siendo llevada adelante con niveles de una profundización y amplificación en estos últimos casi dos años, como nunca lo hemos visto antes”, advirtió Verdú.
En ese sentido, Carlos Paz es un ejemplo de una ciudad que decidió otorgarle más poder e injerencia a la Policía de Córdoba en el territorio local, reforzando un paradigma punitivo de la seguridad que apunta a la persecución de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Por eso, el asesinato de Franco no es un caso aislado ni el accionar del oficial Bustos es un hecho excepcional dentro de la fuerza policial. La muerte de Franco es la consecuencia de un aparato represivo que nunca fue desmantelado con el regreso a la democracia y que todavía legitima y aplica prácticas forjadas durante el Terrorismo de Estado en nuestro país.
Lamentablemente, un relevamiento inicial que se realizó en Córdoba fortalece esta mirada e identifica, por lo menos, 400 muertes por violencia institucional en Córdoba desde 1983 hasta la actualidad.
“Por eso están importante haber asumido esta decisión de tratar de llevar la organización a distintos lugares del país. La única forma de dar respuesta a este avance represivo que no cesa y que promete empeorar, de la mano del ajuste, es fortaleciendo la lucha organizada y la unidad de acción”, expresó.
Córdoba toma la posta de la nacionalización de CORREPI con el objetivo de ser un núcleo multiplicador hacia el interior provincial y otras provincias vecinas. “Convertimos el dolor personal en motor para la lucha organizada y militamos con alegría desde el lugar de la represión, la tortura y la muerte”, concluyó Verdú.
Nota correspondiente a la edición n° 483 del semanario La Jornada, del 17 de setiembre de 2017.
