Mientras avanza la investigación del fiscal Ricardo Mazzuchi respecto a la denuncia formulada por el municipio por ‘ejercicio ilegal de la medicina’ contra la médica ‘trucha’ que atendió en el dispensario de Colinas durante tres años, las miradas apuntan a la respuesta política que el intendente Esteban Avilés se niega a dar.
Es que, más allá de intentar instalar que el municipio fue una ‘víctima’ de la mujer que se hizo pasar por médica, nada se ha dicho hasta el momento sobre cómo pudo burlar los controles que existen a la hora de contratar personal municipal, y más aún en un área tan sensible como la salud.
Por eso, los funcionarios involucrados en el escándalos comienzan a mirarse se reojo, y las versiones sobre quién ‘apadrinó’ o ‘recomendó’ a la médica ‘trucha’ para que sea contratada están a la orden del día.
Cabe acotar que, según trascendió, la mujer comenzó a trabajar en el Centro de Salud de la Zona Oeste en octubre de 2015.
En aquel momento el secretario de Salud Pública ya era Rubén López, mientras que el secretario de Gobierno y Asesor Letrado, Juan Villa, tenía a su cargo el área de Recursos Humanos; el actual defensor del Pueblo, Daniel Mowszet, se desempeñaba como coordinador de los Centros Periféricos; y Esteban Avilés comenzaba a transitar su segundo mandato como intendente.
Desde la oposición ya han advertido que “las responsabilidades no terminan en López” y, aunque este jueves se tratará en el Concejo de Representantes un pedido de interpelación al secretario de Salud Pública, la intención es determinar qué nivel de decisión tuvieron todos los funcionarios involucrados.
En este marco, lo que preocupa es un artículo del Código Penal Argentino que, si se aplica contra un funcionario específico, significaría una retirada ‘por la puerta de atrás’ de la gestión pública,
Es el artículo 253, incluido en el Capítulo IV que aborda ‘Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos’: “Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales”.
Está claro que la médica ‘trucha’ no cumplía con los requisitos legales para ejercer como profesional de la salud, entonces la pregunta es quién es el funcionario que se hará responsable de su designación. Y si bien no hay riesgo de que vaya a prisión, la inhabilitación, en términos políticos, será en la práctica el fin de su carrera.
¿‘Sacrificará’ Avilés a López, como se comenta en el Palacio 16 de Julio, para intentar cerrar el tema y blindar al resto de su gabinete? ¿Buscarán en un empleado de menor rango descargar toda la responsabilidad? ¿O la apuesta será, como en otras ocasiones, hacer como que no ha pasado nada?
Veremos.
