El municipio de Villa Carlos Paz le aplicó una multa de 961,08 pesos al legislador provincial Eduardo Salas (Frente de Izquierda) por ocupar la vía pública con una mesa, con cartelería y equipo de audio, “sin la autorización municipal correspondiente y a su vez con el sonido elevado creando ruidos molestos hacia terceros”.
El hecho en cuestión ocurrió el pasado 28 de enero en plena peatonal en el marco de una actividad que desarrolló el Partido Obrero, juntando firmas en apoyo a los trabajadores de la planta AGR-Clarín.
Los inspectores municipales esgrimieron que se violaba la ordenanza 1.765-965 y labraron un acta que, luego, se tradujo en una cédula de notificación con la multa. “Es anticonstitucional”, dijo Salas sobre la ordenanza y adelantó que no pagará la sanción. “Vamos a ir hasta la Corte Suprema y si hay que llegar al Tribunal de La Haya, lo vamos a hacer”, adelantó a VillaNos Radio 100.7. Y explicó: “Voy a seguir esto por la vía judicial no tanto por mí ni por el monto de la multa, si no porque creo que se trata de una violación abierta a todas las libertades públicas y democráticas”.
“No se puede requerir previa autorización para una actividad política. No se le puede dar al departamento ejecutivo la autoridad de decidir si se habla de política o no en las calles de la ciudad”, advirtió.
Recordó que la actividad se desarrolló “con mucho respeto”, e incluso “accedimos a quitar el sonido, pero lo volvimos a poner cuando vimos que seguían pasando las camionetas con la música muy alta”.
Salas afirmó que, “las dos ordenanzas que prohíben esto nunca se pusieron en práctica, salvo con el gobierno de Avilés”.
“Esto no vale para el Partido Obrero, vale para todos los ciudadanos. Por eso, si pagamos la multa estaremos avalando que se instaure una política abiertamente limitante del derecho de expresión”, reiteró.
En esta línea, sostuvo que esta política, “es evidente que se quiere instaurar y afirmar. Como desafié el punto, se ve que quieren conmigo hacer una suerte de confirmación efectiva de que en Carlos Paz está prohibido hacer expresión de las ideas de uno si no lo autoriza previamente el intendente o los funcionarios municipales”.
“Es un ataque a las libertades públicas”, dijo, y cuestionó que la actividad política quede restringida únicamente a los momentos electorales.
“Tuvimos un problema parecido durante las elecciones de 2015, cuando nos dijeron que sólo se podían hacer actividades en lugares cerrados y con autorización.
El intendente hace política todos los días. La actividad política no puede estar reservada para algunos”, subrayó.
Indicó que el tema de la multa aun no lo llevó al seno de la legislatura, aunque sí confió que comentó la problemática con legisladores de diferentes espacios políticos.
“Lo he comentado con muchos y todos dicen por lo bajo que en Carlos Paz hay una dictadura. Han señalado mil problemas y nosotros esa constatación la tuvimos en 2015 durante la campaña”, aseguró.
Por otro lado, adelantó que a través de los militantes del FIT en Carlos Paz presentarán un proyecto al Concejo de Representantes para que ambas ordenanzas sean derogadas.
Sobre la multa, precisó que esta semana se presentará ante el juzgado de Faltas para hacer su descargo. Si la sanción es confirmada, “apelaré a otras instancias, en este caso judiciales”.
“Tengo la obligación de no dejar pasar esto. Si lo hago le haría un muy flaco favor a la población. Se trata de una violación a la libertad de expresión inadmisible”, finalizó.
Nota correspondiente a la edición n° 455 del semanario La Jornada, del 05 de marzo de 2017.
