En agosto de 2017, el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, denunció ante la justicia a Arcoop (Asociación Regional de Cooperativas), por el volcamiento de líquidos cloacales sin procesar en el arroyo que lleva el mismo nombre de la localidad.
Arcoop, a través de Cuenca Serrana SA, tiene a su cargo la concesión para el tratamiento de líquidos cloacales de la región.
La causa recayó en la fiscalía a cargo de Martín Bertone quien resolvió imputar a Fernanda Monserrat Eguiguren (coordinadora general del área comercial) y Jorge Omar Pafundo (coordinador operativo) por los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos y desobediencia a la autoridad. Luego, en julio de este año, pidió la elevación a juicio de la causa.
La semana pasada se conoció la decisión que tomó el juez de Control de Cosquín, Gabriel Prémoli.
En cuanto al delito de ‘contaminación ambiental’ el magistrado dictó falta de mérito para elevar la causa a juicio, y devolvió el expediente al fiscal para que siga investigando con el objetivo de determinar quiénes son los responsables de la contaminación, constatada a partir de la intervención de diferentes organismos.
Respecto a la imputación de “desobediencia a la autoridad”, Eguiguren y Pafundo fueron sobreseídos.
La defensa de los cooperativistas está a cargo de los abogados Claudio Orosz y Julio César Martínez.
Este martes, Orosz consideró que el fallo del juez Prémoli “es salomónico, tipo Poncio Pilatos. Reconoció que tomaron al tun tun el nombre de dos empleados y lo pusieron en todos los medios, y dictó la falta de mérito en relación a la contaminación por residuos peligrosos, y el sobreseimiento definitivo por la acusación de desobediencia a la autoridad”.
“Prémoli es el tipo de juez de Control confirmador de todo tipo de acusación que favorezca al que gobierna aquí y ahora.
Debería haber sido citado al gobierno provincial por permitir la obsolescencia del material y se lo quisieron cargar a las cooperativas, en el marco del proyecto de reprivatización que desde abril de este año se transformó en otro sueño utópico por las políticas económicas que pusieron a la Argentina al borde del default”, señaló a VillaNos Radio.
El letrado hizo hincapié en las irregularidades de la investigación, como el hecho de tomarles declaración indagatoria a los acusados sin la presencia de sus abogados defensores.
“Llevamos una enorme cantidad de pruebas documentales”, precisó.
Para poner la situación en contexto recordó que a principios de los 2000 “el servicio estaba privatizado, y ante la crisis económico la concesión fue abandonada. Allí el gobierno provincial pidió a las cooperativas que se hicieran cargo de urgencia, comprometiéndose en un acuerdo marco a que iban a establecer las amortizaciones necesarias para reemplazar lo que estaba obsoleto. Pero ese cargo para amortización prácticamente nunca se pagó. Más cerca a esta fecha se hicieron convenios que nunca se cumplieron en su totalidad y el sistema estaba cada vez más obsoleto. Por eso, si bien se lo reparaba, no alcanzaba”.
Según Orosz, la denuncia de Montoto se dio en un momento cuando “los punteros políticos de la zona, olieron sangre. Pensaron que iban a llegar préstamos en dólares y vieron la posibilidad de reprivatizar el servicio con los negocios que esto implica para los sectores políticos allegados”.
“Incluso algunos intendentes voceaban en sus pueblos que la gente no pagara la tarifa. Hacen esta denuncia a raíz de los volcamientos que se producen por la rotura de materiales, pero mostramos la documentación donde se reclamaba su reemplazo y que se cumpliera con lo acordado”, detalló.
Enfatizó, además, que el Ersep concluyó que no se trata de residuos peligrosos, como planteaba la acusación.
Con la investigación de nuevo en la fiscalía, “no les quedará más remedio que leer la abundante información que llevamos, se van a dar cuenta que no hay residuos peligrosos y no habrá otro camino que el sobreseimiento también en esta causa”, concluyó Orosz.
