La ONG Asociación Amigos del Río San Antonio (ADARSA) emitió un comunicado denunciando nuevamente las irregularidades de la obra en el camino Las Jarillas – San Antonio. “No cuenta con la autorización ambiental correspondiente, tal cual lo informara la propia Secretaría de Ambiente de la Provincia, sin embargo las topadoras siguen desfigurando la identidad de esta localidad serrana, dentro de un área protegida, en la Reserva Natural Valle del Cóndor”, advirtieron.
“Si bien es un proyecto que está desde el 2011 en la Secretaría de Ambiente tramitándose, evidentemente han trabajado todo el año pasado sin esta licencia ambiental. Lo cual es de una gravedad institucional importante, porque creo que a esta altura lo menos que le podemos pedir a los gobiernos de turno es que cumplan las leyes”, explicó en comunicación con VillaNos Radio Marcela Fernández, abogada representante de ADARSA. Y remarcó: “Creo que eso es básico en un Estado de derecho, en una democracia el tema de la transparencia tiene que ver con todo esto”.
Vale recordar que la organización presentó el año pasado un pedido de informe para conocer si la obra “Nuevo Camino que une a Las Jarillas con San Antonio de Arredondo” contaba con las autorizaciones correspondientes. La solicitud fue respondida el 28 de diciembre de 2017 y dio cuenta de que la obra no tiene licencia ambiental.
Sin embargo, las máquinas avanzan sin freno por las sierras realizando trabajos de ensanchamiento, movimiento de suelo y desmontes, por eso desde la ONG instaron a los vecinos a realizar la denuncia correspondiente ante Policía Ambiental comunicándose a los teléfonos: 0351 4321286 y 0800-777-0220, enviando un mensaje con las letras PA (un espacio) y la denuncia al 60606 o por e-mail a [email protected]. A pesar de que hasta ahora el área se ha caracterizado por la inacción frente a este reclamo.
“Hay reticencias a tomar la denuncia o falta de confirmación y, por supuesto, ninguna actuación hasta el momento. La Policía Ambiental es la entidad competente para verificar el cumplimiento de las normas y velar por toda la cuestión ambiental, pero brilla por su ausencia”, criticó Fernández.
Asimismo, la abogada se mostró preocupada por la falta de información sobre la factibilidad de uso del suelo que tiene que ser otorgada por el municipio o la comunidad regional de Punilla, según las jurisdicciones que atraviesa ese camino. “La factibilidad debía ser debidamente fundada como indica el decreto reglamentario de la ley de bosques. Hay que cumplir una serie de pasos previos, por lo tanto el municipio de San Antonio de Arredondo no es ajeno”, sentenció.
Fernández destacó la necesidad de abrir un debate sobre las medidas de seguridad que tiene que tener la ruta, “pero ni siquiera lo hemos podido discutir y analizar porque no hubo procedimiento, no hubo audiencia pública”. También, hay que tener en cuenta que las obras se realizan en una reserva natural que fue creada “para resguardar las cuencas hídricas y el bosque nativo, porque no se iba a construir el dique de Cuesta Blanca, y ahora estamos yendo contra el mismo objetivo que tenía la ley que era proteger las fuentes de agua”, destacó.
Nota correspondiente a la edición n° 500 del semanario La Jornada, del 05 de febrero de 2017.
