Félix Agustín Dahan y Oscar Aquiles Gallopa, en calidad de copropietarios de un terreno que linda con el lago San Roque, formalizaron una denuncia penal contra el municipio de Villa Carlos Paz y la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI).
La presentación se realizó el pasado viernes 14 ante la fiscalía 1 turno 2 a cargo de Guillermo González de la ciudad de Córdoba, pero por una cuestión de competencia la causa ya fue trasladada a Villa Carlos Paz.
El pedido de investigación apunta a saber si los funcionarios municipales y provinciales cometieron los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia a la autoridad y usurpación.
Los hechos ocurrieron a fines del año pasado, más precisamente el 27 de diciembre, en el predio que incluye el sector costero donde supo funcionar durante años el parador ‘Los Mimbres’.
Los denunciantes cuestionan en primer lugar una resolución de la APRHI del 13 de diciembre otorgando el uso precario del terrenos a la recién iniciada “Asociación civil los Bigüa del Lago” (en formación), “con el inconfesado propósito de utilizarlo como lugar para eventos multitudinarios y de altísima rentabilidad económica como fiestas electrónicas”.
Para ello, detalla el escrito judicial, “funcionarios de la municipalidad llevaron a cabo la ejecución de esa decisión usurpando brutalmente nuestro inmueble, arrasando con todas las medidas de seguridad del inmueble (tranquera, candado, cadena y cerco) y destruyendo el bosque nativo existente en el lugar”.
“Requerimos una investigación ágil y profunda que permita poner al descubierto la trama de los negocios que estarían detrás estos sucesos”, sostienen.
En diálogo con VillaNos Radio, el abogado patrocinante, Santiago Fernández, recordó que, además, todo ese sector está alcanzado por un ‘status quo’ judicial a raíz de una disputa entre los municipios de Villa Carlos Paz y Villa Santa Cruz del Lago por la cuestión del ejido.
“Hicieron caso omiso a la orden judicial de no innovar”, afirmó Fernández, como agravante de la usurpación de una propiedad privada.
De acuerdo a la denuncia, el 27 de diciembre de 2019, “y alertados por vecinos del sector, fuimos anoticiados de que en el campo de nuestra propiedad, personas desconocidas habían ingresado rompiendo el candado, tranquera y cerco (…). Al llegar al lugar, y con gran sorpresa, nos encontramos con que además de romper el ingreso de manera brutal, había dentro del inmueble una maquina vial propiedad de La municipalidad de Villa Carlos Paz, y que las personas ‘trabajando’ dentro de nuestro campo eran de la municipalidad y personal de la Patrulla del Rio (ministerio de Ambiente y Recursos Hídricos), que sin permiso alguno de los propietarios, habían abierto un camino dentro de nuestro predio, de más de un kilómetro de longitud, hasta llegar a la costa del lago San Roque”.
“Allí también nos enteramos, por un señor que se identificó como Fuentes, jefe de la Patrulla del Rio, que tenían órdenes de abrir una calle que atravesaba nuestra propiedad, para llegar a la costa el lago y comenzar con los trabajos para ‘armar’ un parador entre la cota 35 y 36, y que esto estaba aprobado por el APRHI”, relataron los denunciantes. Y subrayaron que, “todos estos actos fueron estratégicamente realizados procurando que el despojo sea consumado con la clandestinidad suficiente para que nadie pudiera advertirlo y oponerse a tiempo, ya que una vez que el parador estuviera en funcionamiento, estaríamos frente a una batalla judicial de años en tribunales. Casi lo lograron pero la alerta de los vecinos permitió nuestra defensa”.
El abogado afirmó que otro dato que llamó la atención es que la asociación “fue constituida el 10 de diciembre y el 13 ya tenía otorgado el permiso de uso, y al mismo tiempo se estaba publicitando en las redes sociales la reinauguración del parador bajo el nombre de ‘Sunset’”.
“Queremos que el fiscal investigue quienes dieron la orden para consumar este atropello”, insistió. Planteó además, el daño ambiental que realizó la máquina de la municipalidad, arrasando el bosque nativo existente en el sector.
“Estaríamos ante un auténtico negociado que se esconde bajo el disfraz de la citada resolución administrativa en virtud de la cual se usurpó el terreno de nuestra propiedad con el inconfesado propósito de utilizarlo como ‘parador’ para organizar fiestas electrónicas (Sunset), que reportarían ingresos millonarios a quienes verdaderamente se encuentran detrás de la fachada de esa recién creada asociación civil, sin trepidar en los graves daños ambientales ya producidos y en los que inevitablemente se provocarán”, enfatiza la denuncia. Y acusa que la maniobra “ha sido ejecutada de una forma harto ‘patotera’ como se podría esperar del más ávido delincuente particular pero jamás de parte de funcionarios del Estado Provincial que, acompañados por dependientes del municipio de Villa Carlos Paz, ingresaron con una retroexcavadora al campo de nuestra propiedad de forma brutal y prepotente. Una vulgar usurpación que sólo resalta por la calidad de sus autores”.
El escrito también menciona “las insólitas explicaciones” que intentó brindar el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental de la municipalidad, Gustavo García Setti, “cuando refirió que hubo ‘equivocación’ del maquinista, que debía limpiar la calle Donatello y que ‘sin querer, o darse cuenta’, rompió tranquera, alambrado y candado, árboles etc.”.
La denuncia penal se presentó una vez considerada agotada la vía administrativa ya que ni la municipalidad ni las autoridades provinciales respondieron a las notas reclamando explicaciones.
En el Concejo
El tema fue fuertemente discutido en el Concejo de Representantes en la sesión del 9 de enero pasado, cuando el oficialismo cerró filas e impidió que se apruebe un proyecto de resolución firmado por los cinco concejales de la oposición (Natalia Lenci, Carlos Quaranta, Gustavo Molina, Jorge Lassaga y Daniel Ribetti) dirigido al intendente Daniel Gómez Gesteira reclamando información para aclarar el tema.
Nota correspondiente a la edición n° 550 del periódico La Jornada, del 26 de febrero de 2020.
