Un nuevo caso de abuso policial se habría registrado el lunes pasado en Villa Carlos Paz.
La familia de un joven que fue detenido en barrio Miguel Muñoz “B” cuando volvía de trabajar denunció que lo agredieron ferozmente por preguntar cuáles eran las razones que motivaban la aprehensión.
Desde la departamental Punilla salieron a desmentir el hecho, mientras que la agrupación Punilla Sur Contra el Código de Faltas, dependiente de la Fundación María Elba Martínez, emitió un comunicado expresando “su más enérgico repudio a los abusos policiales” (ver aparte).
La denuncia
El miércoles, Vanesa Bazán, madre del joven, denunció públicamente en distintos medios de prensa el hecho por el que fueron llevados a una comisaría el muchacho y su primo que, al igual que otras personas, intentó evitar el maltrato.
“Mi hijo volvía del trabajo cerca de las 14 y a media cuadra de mi casa un móvil lo para supuestamente para hacer un control de rutina. Le dicen `ahora te vamos a llevar preso´ y él pregunta por qué. Entonces, frente a un vecino, le responden `por fachero´ y lo empezaron a golpear”, narró Bazán al programa Nada del Otro Mundo (Radio Universidad).
Ante la violencia desatada por los oficiales, familiares y vecinos intervinieron pidiendo que dejaran de golpear al muchacho. Según el relato de la madre, al comienzo eran tres policías, pero luego se sumaron más tras la intervención de los habitantes del lugar.
Una vez en la comisaría, el hijo y el sobrino de Bazán fueron despojados de la mayoría de sus ropas hasta quedar sólo en pantalones cortos: “Los tuvieron así hasta las 22:30 que los trajeron diciendo que los habían detenido así… Se ve que mi hijo trabaja en ese estado”.
Este caso sería uno más entre tantos que se vienen dando en la villa serrana según denunció la mujer: “Es una cosa de locos lo que está pasando en Carlos Paz porque están parando a los menores por nada. Esta no es la primera queja, pero yo lo hago público porque los padres a veces tienen miedo que después vuelvan a parar a sus hijos y les vuelvan a pegar”.
Bazán también contó que en la fiscalía de la ciudad no quisieron tomarle la denuncia. Luego de mantenerla en espera hasta el horario de cierre tuvo que retirarse. “Ni siquiera me quisieron recibir un habeas corpus”, afirmó.
Es por eso que buscó asesoramiento en organismos contra la Violencia Institucional.
En este sentido, la familia cuenta con el acompañamiento de la agrupación Punilla Sur contra el Código de Faltas (dependiente de la Fundación María Elba Martínez) y del Frente Organizado contra el Código de Faltas (FOCCOF).
La abogada María José Mendibur, integrante del FOCCOF, planteó además la serie de irregularidades judiciales que hubo en el tema.
Desde un primer momento la familia intentó presentar un habeas corpus correctivo para que tenga intervención el Juez de Control y Minoridad y esto les fue negado. Recién el martes pudieron cumplir con ese procedimiento. “Hubo excesos policiales”, acusó la letrada y añadió: “Desde las organizaciones venimos denunciando que en estos casos no sólo existe abuso policial, sino que también hay complicidad judicial”.
La versión de la departamental Punilla
Luego de la denuncia por ‘abuso policial’ que realizara Vanesa Bazán, madre de un menor de que fuera detenido en la tarde del lunes, la departamental Punilla dio su versión de los hechos, negando la acusación.
“Tres sujetos que se conducían por la vía pública en Ecuador y Brasil fueron observados por personal que patrullaba la zona e identifican que uno de ellos tenía una botella de bebida alcohólica y estarían consumiendo, por lo cual ante la contravención deciden proceder al control de los mismos. En el control rutinario del palpado de prendas uno de los tres se aleja y se fuga del control. Eran dos mayores y un menor, el mayor se retira, al otro lo intentan introducir al móvil trabándose en lucha. En esta distracción donde personal policial intenta introducir al menor al móvil se zafan y huyen hacia la costa del río”, explicó la comisaria Paola Praniuk.
“Personal policial comienza a perseguirlo y en el momento de descender individualizan al menor de edad e intentan detenerlo y una familiar, tía de uno de los sujetos, interviene entorpeciendo el procedimiento abalanzándose sobre personal y otra vez comienza la lucha a los fines de poder reducirlo e introducirlo al móvil. Acompañado por la arenga de los vecinos que impedía que el personal actúe libremente comenzaron a tirar piedras y vociferar insultos, generando que los vecinos se pongan del lado de las personas en infracción minutos antes”, detalló.
La participación de los vecinos, dijo Praniuk, provocó la rotura del móvil policial y a raíz de ellos, “varios de los que arrojaron piedras fueron individualizados e ingresaron a un domicilio momentos en que una señora cierra la puerta con un candado impidiendo el acceso al personal policial”.
“En ese momento se hace presente un señor indicando ser el dueño de la propiedad y accede a abrir la puerta facilitando el ingreso de personal policial. De esta manera desmiento la versión de que se había ingresado de manera violenta al domicilio”, afirmó.
Cabe destacar que según lo informado desde la policía las mujeres que denunciaron el supuesto abuso de autoridad tuvieron meses atrás problemas con la justicia por la venta de estupefacientes.
“Las dos mujeres que están reprochando el accionar policial tienen antecedentes por la infracción a la ley de drogas, permanecieron en la unidad carcelaria y luego tuvieron prisión domiciliaria”, señaló Praniuk.
Repudio de la agrupación Punilla Sur Contra el Código de Faltas
La agrupación Punilla Sur Contra el Código de Faltas, dependiente de la Fundación María Elba Martínez, expresó a través de un comunicado “su más enérgico repudio a los abusos policiales cometidos el día lunes 19 de octubre y miércoles 21 de octubre”.
El documento expresa textualmente: “De acuerdo a los testimonios que hemos podido recabar, el lunes a las 14 hs. la policía detuvo a un adolescente de 16 años en barrio Miguel Muñoz B. Al momento de la aprehensión, el joven fue ferozmente golpeado por personal policial. Al ver esto, los vecinos y parientes del joven decidieron intervenir para evitar que el abuso de poder continuara.
La policía terminó deteniendo a cinco personas (tres de ellas menores). Según el relato de testigos, la policía actuó con violencia desmedida e injustificada. A esto se suma que, en un primer momento tanto desde la Fiscalía de Turno como desde la Unidad Judicial se negaron a recibir el habeas corpus correctivo que la familia quería presentar para que tenga intervención el Juez de Control y Minoridad.
Hasta el día de hoy (viernes) permanecen detenidos las dos personas mayores (una de ellas tía del joven detenido primero, quien intervino para evitar que siguieran golpeando a su sobrino).
El otro hecho que denunciamos ocurrió el miércoles 21 de octubre frente al IPEM 190 Dr. Pedro Carande Carro. Allí la policía inició un despliegue policial totalmente desmedido y violento para actuar sobre un grupo de siete jóvenes que se encontraban frente al Cementerio (entre ellos había un niño). La policía los pone contra la pared -en una práctica pública humillante-, y comienzan a palparlos. Uno de los chicos se niega a que le revisen la mochila y esto desata un forcejeo y corridas que termina con tres jóvenes detenidos.
Este operativo implicó además golpes, intimidaciones y amenazas directas a testigos (incluso a uno de los testigos que tomó fotografías de lo sucedido, la policía anotó su número de patente).
Sabemos que por ambos casos, la policía ha salido a dar su versión de los hechos. Desde nuestra agrupación insistimos en que los “operativos de seguridad” deben emprenderse respetando las garantías constitucionales.
También reafirmamos nuestro reclamo de urgente derogación del Código de Faltas, por ser el instrumento jurídico que habilita estas detenciones arbitrarias, prejuiciosas y estigmatizantes. Con figuras vagas e imprecisas –como merodeo, resistencia a la autoridad o negativa de identificarse- son el puntapié inicial para la concreción de estas situaciones de abuso que nada tienen que ver con la prevención del delito”.
Importante
La agrupación Punilla Sur Contra el Código de Faltas (Villa Carlos Paz, San Antonio, Mayu Sumaj, Icho Cruz y Cuesta Blanca) dispone de un servicio de guardia permanente, las 24 horas, para la atención de demandas por violencia institucional.
Sólo hay que llamar al teléfono 03541-15579581.
Nota correspondiente a la edición n° 390 del semanario La Jornada, del 25 de octubre de 2015.
