Una dura denuncia por la supuesta entrega de licencias de conducir sin cumplir con todos los requisitos, por orden directa de la intendenta Patricia Cicerone, sacude a la localidad de San Antonio de Arredondo, en el sur del valle de Punilla.
El tema salió a la luz la semana pasada, aunque algunas situaciones habrían ocurrido antes de las elecciones municipales del pasado 14 de junio.
Quien desató el escándalo fue nada más ni nada menos que la encargada del área de Tránsito, Silvina Loza, quien publicó en su perfil de Facebook que, ante la supuesta exigencia de la intendenta, se emitieron licencias de conducir nacionales sin haber cumplimentado con los requisitos a determinados vecinos (ver aparte).
La respuesta de Cicerone vino a través de un comunicado oficial del municipio de San Antonio, donde se confirmó que se inició una investigación interna.
“La municipalidad de San Antonio de Arredondo, informa que ante la supuesta existencia de irregularidades en el procedimiento de emisión de una Licencia de Conducir, el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto por Decreto 0695/DE/2015 iniciar una investigación administrativa referida al caso puntual planteado en la denuncia, y a la vez realizar la verificación y control de todos los legajos, a fin de comprobar la corrección de los trámites en la emisión de Licencias de Conducir, y en caso de detectarse la existencia de hechos pasibles de sanción, recolectar la prueba y determinar la responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes, y disponer las sanciones en caso de corresponder”, expresa el documento. Y destaca que, en el marco de ese sumario, “se han tomado medidas cautelares como la suspensión de los agentes afectados a esas tareas, sin que esto implique sanción”.
Asimismo se aclaró que el servicio “se está prestando con total normalidad y que toda la gestión de Emisión de Licencias es auditada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación dependiente del Ministerio del Interior y Transporte”.
Verra analiza llevar el tema a la justicia
A raíz de la denuncia, la concejala Gloria Verra presentó un proyecto ante el cuerpo legislativo para que Cicerone concurra a la sesión del 6 de noviembre “con el fin de informar sobre lo manifestado por Silvina Loza ante la supuesta exigencia de la intendenta de emitir licencias de conducir nacionales sin haber cumplimentado con los requisitos a determinados vecinos, hecho que habría ocurrido el pasado miércoles y previo a las elecciones del 14 de junio y con posterioridad a las mismas”.
En la sesión del viernes pasado, la iniciativa fue rechazada. El bloque radical (Paula Salomón, Guadalupe Anezín y Gerardo Vedovato) votó en contra, igual que los peronistas disidentes Mario Cámara y Ana María Pereyra. Estuvo ausente el edil Jorge Caffaratti. Así, el único voto a favor fue el de Verra.
Entrevistada en el espacio Off The record (Colectivo VillaNos 10.7), la concejala confirmó que está analizando junto a los abogados del Partido Justicialista realizar una presentación judicial para que el tema se aclare como corresponde.
“Nos encontramos con un hecho cada vez más grave”, dijo, al referirse al comunicado del municipio donde Cicerone informa que a raíz de la denuncia encaró un sumario administrativo para deslindar responsabilidades.
“Quien ha sido denunciada por obligar a hacer carnets, ahora ejerce abuso de autoridad y persecución y pretende investigar a los empleados”, expresó. Y advirtió que se trata de una situación institucional “ilegal e ilegítima muy grave, que no voy a avalar”.
“Como Partido Justicialista estamos analizando todo esto que es un atropello a la justicia y los trabajadores. Hay que cortar con la impunidad del poder en San Antonio”, remató.
La acusación de Loza
Silvina Loza, encargada del área de Tránsito de la municipalidad, y a su vez vicepresidenta de la UCR de San Antonio, publicó el siguiente texto en su perfil de Facebook, el pasado lunes: “El día miércoles del corriente mes en el área de tránsito donde desempeño mi trabajo recibo orden directa por medio de la secretaria ejecutiva de la “sra.” intendente de imprimir la licencia de conducir al señor X sin ningún tipo de requisito a cumplimentar, a lo cual me negué, esto ocurría frente a contribuyentes como el señor Faucher por ejemplo que estaban realizando dicho trámite respetando todos los pasos, matrícula médica y a sus pares.
Terminé de atender a todas las personas que se encontraban en el lugar y subí al dispensario porque no me sentía bien, gracias a ésta situación sufrí un pico de presión, encontrándome hasta la fecha con carpeta médica.
Se ve que al negarme a tal pedido desperté la ira de la señora intendente, tanto así que el día 24 y 25 las personas que se acercaban a hacer su licencia se encontraron con un lindo y mentiroso cartelito pegado en la puerta y con los empleados del área abandonados afuera donde seguían atendiendo con todo respeto, mientras otros 3 empleados estaban dentro de la oficina, cerrada con llave, manipulando los archivos sin ningún veedor.
Hoy lunes 26, al llegar a la municipalidad empleados del área de tránsito fueron convocados a Personal, donde se les informa que bajo el decreto 0695/2015 se encuentran suspendidos por el término de 10 días hábiles por “investigación” que las autoridades locales tienen que realizar en el área.
A ver si alguien me desburra en esto… ¿Ésto es legal? ¿Tienen que suspender al personal para dicha investigación y negarles el derecho a ver si manipulan o no legajos y sistema dentro del área que desempeñan su trabajo?.
Cabe destacar que en épocas anteriores, durante y posteriores a las elecciones de junio del 2015 para intendencia, fuimos obligados bajo amenazas y jugando con nuestra necesidad laboral a realizar muchas licencias sin ningún requisito cumplimentado.
Desde ya pido disculpas a mis vecinos por haber apoyado esta mentira”.
Nota correspondiente a la edición n° 391 del semanario La Jornada, del 01 de noviembre de 2015.
