El gobernador José Manuel De la Sota, anunció esta mañana que se retomará el tratamiento del proyecto de ley para cambiar el controvertido Código de Faltas que rige en la actualidad.
Entre otras cosas, el nuevo código no permitirá que sean los comisarios de la policía provincial quienes definan las sanciones a los eventuales infractores, ya que esto será de competencia exclusiva del Poder Judicial.
Además, el mandatario confirmó que la cuestionada figura de “merodeo” seguirá presente, pero con modificaciones en su aplicación ya que sólo podrá utilizarse cuando algún ciudadano que se identifique realice una denuncia puntual contra algún sospechoso, y también en estos casos, serán los funcionarios judiciales quienes determinarán si se procede o no a la detención de alguna persona.
“Tiene que haber un denunciante identificado, una persona que se sienta intranquila e insegura ante la presencia del sujeto tiene que llamar a la autoridad policial, identificarse y la autoridad identificar el llamado y proceder”, indicó De la Sota.
De este modo, el proyecto que fue debatido durante meses y que ya contaba con el consenso de la mayoría de los bloques parlamentarios de la Unicameral, volverá a tratarse en comisión en los próximos días.
“La intención es tener el nuevo Código de Faltas aprobado antes del mes de diciembre”, aseguró una fuente del bloque oficialista de Unión por Córdoba a cba24n.com.ar.
Que dice la ley
El Código de Faltas actual, es una ley provincial que entró en vigencia en 1994, y que permite la detención de sospechosos en la vía pública por parte del personal policial, sin que medie la intervención de funcionarios judiciales.
Su aplicación ha generado numerosas denuncias en los últimos años por malos tratos y detenciones arbitrarias en la vía pública y por la enorme cantidad de arrestos que luego no prosperan judicialmente, por lo que pueden ser tomados como detenciones para “generar estadísticas” supuestamente positivas para la Policía de Córdoba.
Desde hace tiempo, muchas organizaciones sociales y políticas vienen pidiendo la derogación y/o modificación del Código para garantizar igualdad de derechos ante la ley y evitar los abusos policiales.
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