Por Prof. Jorge Etchevarne
En la edición del domingo pasado vimos el encadenamiento de hechos que llevaron al cierre de la escuela “San Roque” ―hoy “Carlos N. Paz”― en 1917. A continuación el resto de esta historia hasta hoy desconocida.
La clausura esperada
Como dije antes, el rumor sobre el cierre de la escuela corrió como reguero de pólvora y provocó inquietud entre los padres de los alumnos que debían iniciar clases ese año. Entre ellos, el principal preocupado fue Carlos Paz.
No cabe duda de que nuestro fundador había sido informado anticipadamente sobre las intenciones de cerrar “su” escuela, por lo que decidió tomar la iniciativa para evitarlo.
Dado que ya no era jefe político [1] y que su influencia había menguado mucho ante el avance radical, decidió actuar con bajo perfil. Si conocía o sospechaba sobre los verdaderos motivos de la clausura, nunca los dio a conocer ni los puso en evidencia, al menos por escrito.
El 18 de febrero de 1917 elevó un reclamo al Presidente del Consejo de Educación intentando evitar que la resolución se hiciera efectiva. Hizo firmar la nota por otros padres afectados con el fin de que fuera colectivo.
Entre los signatarios figuran nombres que han quedado ligados para siempre a la historia de nuestra ciudad: Serapio Yánez, José Moyano, Luis López, Bautista López, Ramón Domínguez, María Gracia de Córdoba, Donato Reyna, Nicolás Capdevila, Secundino Pedernera, Pedro García, Francisco Pérez, Evaristo Molina, y por supuesto, el propio Carlos Paz.
Los reclamantes solicitaron que el traslado quedara sin efecto en razón de la numerosa cantidad de niños y niñas que debían iniciar clases ese año. Para demostrarlo, adjuntaron a la nota la nómina de 48 alumnos cuyas edades oscilaban entre los 6 y 14 años.
La nota ingresó al Consejo el día 28 de febrero, dando inicio al expediente “V” N° 55 “Vecinos de Los Puentes (San Roque) solicitan que la escuela de la localidad continúe funcionando”. Pero, como hemos visto, el traslado había sido aprobado diez días antes, por lo tanto el recurso llegó tarde.
El 17 de marzo la maestra Ana Cleofe Juárez, directora desde 1912, fue designada con el mismo cargo en Cruz de Caña. No obstante, Juárez decidió permanecer en Los Puentes a la espera de que se habilitase el edificio de su nuevo destino.
Iniciadas las clases en la Provincia y sin ninguna respuesta por parte del Consejo, los niños de Villa Carlos Paz comenzaron a peregrinar hasta la escuela de San Antonio de Arredondo, única opción que les quedaba tras el cierre de su escuela.
Como es de imaginar no pocos desertaron, no solo debido a las dificultades que implicaba trasladarse, sino también porque en esa época muchos padres, sobre todo los peones de la estancia, consideraban que era más importante contar con la ayuda de ellos en las tareas rurales que enviarlos a la escuela.
El 27 de marzo de 1917 el diario católico “Los Principios” ―cuyos editores tenían afinidad política y vínculos de amistad con Carlos Paz― hizo público el reclamo de los vecinos en una nota periodística, señalando que “[…] Carlos Paz es un centro de población escolar y una de las regiones más ricas e importantes de aquella zona serrana, mientras que San Antonio es una localidad sin importancia y poco poblada”.
No es difícil imaginar cómo cayeron estas apreciaciones del diario decano de la prensa de Córdoba entre los habitantes de San Antonio, quienes acababan de lograr, tras dificultosas tramitaciones, la instalación de una escuela pública en esa localidad.
El 31 de marzo, o sea cuatro días después, “Los Principios” volvió sobre el tema bajo el título “Los vecinos de Carlos Paz solicitan el restablecimiento de una escuela”. En uno de sus párrafos afirmó que la clausura “[…] priva de los beneficios de la instrucción a un crecido número de niños, hijos de familias pobres, cuya precaria situación económica les hace materialmente imposible el traslado a otros centros de población donde puedan educar a sus hijos”.
A continuación publicó una carta que los padres habían enviado al ministro de gobierno Agustín Garzón Agulla, solicitando la urgente intervención del funcionario en la problemática. Entre otros conceptos la carta decía: “[…] Ignoramos las causas que hayan decidido al H. Consejo a tomar una resolución tan perjudicial para este vecindario; pero convencidos de que el procurar la permanencia de las escuelas existentes, es obra buena, que ha de acarrear muchos progresos, mientras que el suprimirlas ha de provocar efectos contrarios, nos dirigimos al señor ministro, pidiéndole respetuosamente que, por razones de interés público, se digne resolver el restablecimiento de la escuela suprimida en este vecindario.
El solo hecho de que hace siete años ya existe esta escuela que hoy cuenta con local propio, amplio e higiénico, construido expresamente hace tres años por el gobierno de la provincia en terreno que le fuera donado a condición de que en él funcionara la escuela, demuestra suficientemente la necesidad de su existencia, siendo del caso dejar constancia de que, para el presente año escolar se han anotado 43 alumnos […[ no dudamos que el señor ministro se dignará acceder a la presente solicitud, por cuanto ella consulta una evidente necesidad de orden público, como es la instrucción primaria […]
(firman) Secundino Pedernera, Raimundo Pedernera, Francisco Pérez, Bautista López, Ramón Domínguez, Ángel Blaques, Donato Reyna, Manuel Perea Muñoz, Luis López, Nicolás Capdevila, Pedro García, Modesta de López, María G. de Córdoba, R. V. Giménez, Baltazar Ferrer, Arturo Maderna, Evaristo Molina, Carlos N. Paz, Niels Jenson, Cleto Pérez, Pastor Garzón, Juan Vidal, Mariano Güell, Carlos S. Paz (hijo), E. Dianda, José R. Moyano, Leopoldo Román, Miguel Mestre, Arturo Molinari, E. Romero Matos”.
Nótese que entre los firmantes figuran peones y puesteros de “Santa Leocadia” (Pedernera, Pérez, López, Capdevila), propietarios de casas en la villa y veraneantes con residencia en Córdoba (Perea Muñoz, Giménez, Ferrer, Vidal, Dianda) y hasta el propio Carlos Paz y sus parientes.
¿Estaba Carlos Paz detrás de esta ofensiva de prensa? Claro que sí. El hecho de haber incluido en esta carta a sus amigos de la capital, reconocidos por sus trayectorias comerciales y políticas, no deja lugar a dudas.
A pesar de todo, nada cambió el rumbo de los acontecimientos. El 10 de abril las autoridades dispusieron el traslado de los muebles de la escuela al depósito de ministerio, asignándose la suma de 8 pesos para tal fin. Más tarde ordenó que la bandera nacional, adquirida por suscripción popular, fuera depositada en el Consejo.
El 11 de abril el diario “Los Principios” se hace eco nuevamente del reclamo vecinal con la publicación de otra carta firmada por “un vecino” de Los Puentes. En ella el autor comentaba sobre el éxito que había tenido la celebración pascual en la capilla del pueblo, para luego referirse a la clausura de la escuela; decía así: “[…] quiero también poner en conocimiento del público, que como ya en esta localidad se encuentran algunas familias reunidas, de consiguiente existe un buen número de niños, el que alcanzará más o menos ochenta. Es cierto que entre estas familias hay algunas, aunque muy pocas, que pueden mandar sus hijos a la ciudad para que asistan al colegio, pero la mayor parte somos pobres, que no podemos hacer esto, algunos no tenemos ni en qué puedan ir los niños al colegio, pues la distancia de dos leguas, que son las que hay a la escuela de San Antonio, que sería la más cerca que queda de Los Puentes, vendrían a ser cuatro leguas de ida y vuelta. Yo creo señor Director, que sin dejar que exista, porque a aquella vecindad le hace notable falta, por ser la única escuela que existe al sud del departamento Punilla, repito, sin menoscabo de aquélla, aquí en Los Puentes se hace de suma necesidad una escuela por ser centro de una naciente población, y por el número de niños que existe, como también por la razón expuesta más antes (sic). Esperamos que el H. Consejo de Educación nos quiera hacer este acto de justicia”.
Sin duda, cuando el autor alude a “familias que pueden mandar a sus hijos a la ciudad” nos está diciendo que Carlos Paz, entre pocos, habría decidido enviar a sus hijas menores a una escuela de la capital, ciudad donde vivían sus parientes. La mayoría de los padres no tenían esa posibilidad.
El 4 de mayo de 1917 la Dirección General de Escuelas autorizó a la maestra Ana Cleofe Juárez a guardar transitoriamente sus muebles particulares en la escuela clausurada, y poco después le permitió habitar el edificio a condición de que se ocupase de su conservación y mantenimiento.
El tiempo fue pasando sin cambios ni noticias. Se reinició entonces la campaña de prensa. El diario “Los Principios” fue nuevamente el medio elegido para canalizar los reclamos. En las semanas que siguieron publicó una serie de cartas cuyos autores, desde el anonimato [2] exponían ante la opinión pública la situación que los afectaba.
Estas notas periodísticas tenían como finalidad influir en los niveles de decisión del gobierno pues en esa época todos los asuntos de interés general, y aún los privados, se ventilaban en la prensa escrita.
Pronto los argumentos de los perjudicados entraron en conflicto con los que defendían la existencia de la escuela de San Antonio, abierta ese mismo año. Estos últimos denunciaron a los primeros de falsear los datos, sosteniendo que en San Antonio había mayor cantidad de niños que en Los Puentes.
En realidad, más allá de los números, los vecinos de San Antonio temían que todo el revuelo generado por el reclamo los terminara perjudicando ya que, de rehabilitarse la escuela de Carlos Paz, corría riesgo la estabilidad de la suya.
Se desató así una disputa epistolar, no desprovista de retórica, que saltó del conservador medio de prensa católico al radicalizado “La Voz del Interior” con cruce de acusaciones y endoso de responsabilidades.
Un vecino de San Antonio acusó al Juez de Paz de esta localidad, Eleuterio Aspitia, y a su cuñado, Doncel Gómez, de hacer causa común con Carlos Paz, siendo que sus hijos concurrían a la escuela local, lo que fue considerado poco menos que una traición.
Por su parte, el Jefe Político de Punilla, Antonino Molina, se llamó a un sugestivo silencio. En el Archivo de Gobierno no se registra ningún informe, ni petitorio, ni documento alguno referido al conflicto que hubiese elevado al ministerio.
Molina residía en San Esteban pero atendía los asuntos departamentales en Cosquín, lugar donde se encontraba la sede administrativa de la jefatura. Por su función es difícil creer que no estuviera al tanto de la situación. Solo cabe especular que su rivalidad política con Carlos Paz lo llevó a desentenderse de ella.
El domingo 3 de junio de 1917, luego de una misa celebrada en la capilla del pueblo, organizada con el propósito de reunir la mayor cantidad de padres y niños que fuera posible, Carlos Paz convocó a una reunión en su casa para evaluar la situación.
A la misma concurrieron los miembros de la comisión escolar integrada por Serapio Yánez, Ramón Domínguez y José Moyano, a la que se sumó la inspectora escolar de la sección Capital, María Delia Ocampo, invitada especialmente por el dueño de “Las Margaritas”.
Como resultado del encuentro se decidió enviar una nota al presidente del Consejo de Educación para reclamar, una vez más, la reconsideración de la medida. Pero también se solicitó la presencia de un inspector zonal para constatar in situ los perjuicios ocasionados a la población.
La nota fechada el 14 de junio de 1917 originó el expediente “C” N° 450 “Comisión escolar de Los Puentes piden reconsideración de la resolución de clausura escuela de la localidad”. Tras el trámite administrativo de rigor, el 25 de julio se comisionó al inspector David Robledo para trasladarse hasta Los Puentes y elevar un informe al respecto.
Renace la esperanza
Un mes después Robledo se hizo presente en Villa Carlos Paz para cumplir con el cometido. En su informe de dos carillas, fechado en Los Puentes el 23 de agosto de 1917, sostuvo que había comprobado la existencia de más de 45 niños en edad escolar y que los argumentos para clausurar la escuela de la localidad no respondían a la realidad.
El inspector puso énfasis en que se había hecho una interpretación errónea de la ley de educación y opinó que “[…] la escuela de San Roque debe reabrirse a la brevedad; tiene niños, tiene edificio fiscal y dista 9 kilómetros de la escuela vecina de San Antonio”.
Con este antecedente, el 16 de septiembre de 1917 el Inspector General, funcionario que había reemplazado al anterior poco tiempo antes, elevó al Director General de Escuelas un documento por demás significativo. El texto de una sola carilla era breve pero contundente.
El escrito no solo revela su fuerte compromiso con la instrucción pública; también contiene un párrafo sugestivo que me permití subrayar. En él se alude a razones que van más allá de leyes y reglamentos. Sus palabras son estas: “[…] Con pleno conocimiento personal y sobre el terreno, de este asunto, tengo el honor de informar al señor Director General: No conozco las razones que se hayan tenido en vista para trasladar una escuela que funcionaba en su local propio, construido expresamente, y con una asistencia superior a la reglamentaria, a otro punto lejano. Si tales razones son las que privadamente se me han hecho conocer, cumple a la superioridad enmendar un error que no solo perjudica a un distrito escolar de alguna importancia sino que va también en contra del espíritu de equidad y de justicia de que está animado el Sr. Director General en cuanto a la razonable ubicación que deben tener las escuelas de su dependencia”.
¿Acaso existió una orden verbal, una directiva imposible de poner por escrito, una “bajada de línea” cuya única finalidad era la de cerrar la escuela “San Roque”, buscando justificativos donde no los había?
Y cabe de nuevo la pregunta: ¿Tuvieron los funcionarios del gobierno radical la intención de perjudicar a Carlos Paz cuando decidieron esta medida? Por los dichos y por los hechos solo nos queda especular.
Finalmente, el Consejo de Educación resolvió en la sesión del 10 de octubre de 1917 informar a los vecinos de Los Puentes que tendrían en cuenta su reclamo para el ciclo lectivo 1918.
La escuela de San Antonio y el futuro tan temido
En la segunda parte de su escrito el Inspector General señaló la conveniencia de trasladar la escuela de San Antonio a Los Puentes por falta de alumnos y por no disponer de un edificio donde funcionar, ya que los franciscanos demandaban la devolución del edificio, al que calificó de “rancho inadecuado para dictar clases”.
Sus dichos hicieron realidad el peor temor de los vecinos de San Antonio; que la rehabilitación de la escuela de Carlos Paz llevara al cierre de la escuela local.
Sin embargo el Consejo no dio su conformidad para el traslado, instando en cambio a la directora y a la comisión vecinal a realizar mayores esfuerzos en procura de aumentar la matrícula y la asistencia.
En cuanto a la solicitud de los franciscanos, efectivamente, el 6 de septiembre de 1917 el Guardián del Convento de San Antonio, fray Justo Mansilla, había solicitado la restitución de la casa cedida en préstamo donde funcionaba la escuela, pero el Consejo rechazó esa pretensión por improcedente.
Aún así, encargó a la comisión escolar la búsqueda de una casa donde fuera posible dictar clases a partir de 1918, existiendo una de propiedad de Ramón Carranza, pero al estar aislada y ubicada cerca de Los Puentes, resultó inconveniente.
El 10 de octubre, ante noticias del probable cierre de la escuela, los vecinos elevaron una nota al Consejo dando a conocer su preocupación y dejando constancia que en San Antonio había 47 niños matriculados con una asistencia promedio de 33, según había comprobado el inspector Robledo durante una visita.
Asimismo se comprometieron a conseguir una casa apropiada para el funcionamiento de la escuela en 1918 y ofrecieron la propiedad del señor Carranza para guardar los muebles y útiles durante las vacaciones.
No obstante, en la sesión del 3 de noviembre de 1917 el Consejo dispuso que, una vez finalizadas las clases, la directora trasladara los efectos públicos de la escuela de San Antonio a la escuela de Los Puentes.
1918, el año de la educación perdida
Definitivamente fue un año negro para la educación en esta parte de Punilla. La rehabilitación de la escuela de Villa Carlos Paz solo estuvo en los papeles y la de San Antonio no encontró lugar para funcionar.
El 3 de abril de 1918 el Consejo designó a la maestra Carmen Oviedo de Juárez nueva directora de la escuela “San Roque”, quien ejercía en Yocsina, pero hay constancia de que su traslado se haya hecho efectivo [3].
Sin embargo, el 6 de septiembre le fue otorgada una licencia por tres meses, siendo designada transitoriamente en su reemplazo la señorita María Concepción Vénera, de quien tampoco se tuvieron noticias.
Finalmente, tuvimos otra vez escuela
El 9 de mayo de 1919 fue nombrada directora la Srta. Lola Helguera, pero poco después, el 8 de agosto de 1919 fue trasladada a la escuela de 1° categoría de Cruz Alta y la escuela continuó cerrada.
El 8 de agosto de 1919 el Consejo designó directora a María Felisa Ferreyra, trasladada desde la escuela Corral de Mula. La maestra Ferreyra fue la encargada de abrir la escuela “San Roque” el 1 de septiembre de 1919, después de haber permanecido clausurada dos años y medio.
Los niños, finalmente, volvieron a clase.
Referencias
[1] Carlos Paz fue Jefe Político de Punilla en dos ocasiones. La primera entre 1913 y 1916, durante la gestión del gobernador Ramón J. Cárcano. La segunda entre 1919 y 1920 con Rafael Núñez.
[2] En esa época era admisible el publicar denuncias de toda índole cuyos autores firmaban con seudónimos.
[3] Muchas veces las designaciones escolares no se hacían efectivas por múltiples razones y las escuelas permanecían sin docentes durante lapsos prolongados.
Nota correspondiente a la edición n° 466 del semanario La Jornada, del 21 de mayo de 2017.
