Por Jorgelina Quinteros
Angustia, tensión y el dolor más cruel que puede atravesar a una familia marcaron el comienzo del juicio por el femicidio de Ingrid Vidosa. El proceso judicial que pretende dilucidar que sucedió con Ingrid, va a exigir de la familia Vidosa una fortaleza inimaginable para poder sobrellevar cada una de las audiencias. Así como también va a implicar para la familia de Marcos Haye enfrentar la situación de tener a su hijo sentado en el banquillo de los acusados como el único imputado por el crimen.
Durante las últimas dos semanas, una imagen de Ingrid sonriente circuló por páginas de diarios, noticieros, páginas web y redes sociales. Esa fotografía se desdibuja apenas uno pone un pie en esa sala donde sólo se respira tristeza, mezclada con la esperanza de que la justicia brinde un poco de resguardo y cobijo en medio de tanta deshumanización.
Pasadas las 9.30 horas del pasado lunes 7 de agosto la sala de la Cámara Séptima del Crimen comenzó a llenarse. De a poco y en silencio ingresaron los padres de Ingrid, Carlos Vidosa y Mirtha Ramallo junto a su abogado, Carlos Nayi. Un policía en la puerta limitaba la entrada a quienes figuran como testigos en la causa. Sólo podrán presenciar las audiencias una vez que hayan brindado su testimonio en el marco de este juicio.
Familiares, amigos, compañeros de trabajo de Ingrid en la Cooperativa Integral, integrantes del colectivo #NiUnaMenos Carlos Paz y Maru Acosta, familiar de una víctima de femicidio, se acomodaron respetuosamente. Es un juicio oral y público, toda persona interesada en participar puede hacerlo. Por eso, es inevitable imaginar que una ciudad entera podría haber estado presente en Tribunales II el lunes pasado, teniendo en cuenta que se juzga el primer caso calificado como femicidio cometido en Carlos Paz.
Cuando ingresó la prensa ya estaban ubicados en sus asientos los ocho jurados populares titulares y los cuatro suplentes que van a presenciar como observadores todo el desarrollo del juicio. También, frente a ellos, el equipo de trabajo del ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Sergio Ruiz Moreno. Pero no hubo tiempo para prestar atención a estos detalles, porque justo en ese momento se produjo un altercado entre Carlos Vidosa y el acusado.
El padre de Ingrid se abalanzó sobre Haye apenas lo vio, increpándolo. Fue separado por su abogado y el episodio no pasó a mayores. Es la primera vez que se encuentran cara a cara después de la detención del imputado durante el desarrollo de la investigación. Uno de los últimos encuentros que tuvieron fue en la sede de la departamental Punilla de la Policía de Córdoba, donde los padres se cruzaron con Haye cuando fueron a hacer la denuncia por la desaparición de Ingrid el mediodía del 25 de agosto de 2015.
El rostro quebrado de Carlos Vidosa y el llanto desconsolado de su exesposa Mirtha Ramallo, madre de Ingrid, parecían detenidos en ese momento de incertidumbre y desesperación, después de haber buscado a su hija durante toda la noche.
Horas más tarde de su paso por la comisaría, la fiscal General Adjunta Alejandra Hillman, les confirmaba el hallazgo del cuerpo de Ingrid en el Cerro de la Cruz.
Casi dos años pasaron de ese día nefasto. Hoy son querellantes en la causa y tienen a su cargo a su pequeña nieta. “Tenían una relación muy íntima, vivían prácticamente juntos. Él no la dejaba en ningún momento. Yo no me lo esperé”, manifestó Mirtha Ramallo. “Hasta a nosotros creo que nos engañó. En nuestra presencia era una persona tranquila, pero después de lo que pasó con Ingrid aparecieron muchas personas diciendo que no era real la tranquilidad que manifestaba dentro de nuestro ámbito”, añadió el papá en declaraciones a Canal 8.
Marcos Haye se mostró inquebrantable, sin signos de alteración, nerviosismo o miedo, ni siquiera en los momentos más tensos de toda la jornada ni cuando se le leyeron los cargos y la acusación. Frío, impávido, imperturbable … eso trasmitía la presencia de Haye en su primera aparición pública, después de que la fiscal Jorgelina Gómez, quien llevó adelante la investigación, determinó su imputación el 26 de agosto de 2015 y su detención en la cárcel de Bouwer.
Los padres de Marcos Haye decidieron esperar afuera de la sala y no presenciaron todo el desarrollo de la audiencia. El abogado defensor, Julio Deheza, intervino apenas ingresaron los miembros del tribunal para hacer mención al altercado entre el padre de Ingrid y el acusado. Su intención era plantear que se considere retirar de la sala a Carlos Vidosa o a su cliente para evitar que vuelva a ocurrir lo sucedido.
El presidente del Tribunal, el Dr. Víctor María Vélez, le aclaró que el juicio aún no había comenzado y reafirmó que los padres de Ingrid iban a permanecer en el lugar. Después de la lectura de la acusación, el juez hizo una explicación breve sobre el funcionamiento del jurado popular durante el proceso judicial.
Luego, tomó la palabra el fiscal Sergio Ruiz Moreno. Dijo que era una presentación “teñida de dolor”, ya que venía de mantener una reunión con los padres de Ingrid donde le confesaron: “nos quitaron la felicidad”.
Hizo énfasis en el agravante de violencia de género que define la carátula de la causa. Se refirió a la necesidad de que como sociedad empecemos a “deconstruir estructuras patriarcales” y sumarnos a este “proceso de transformación social” cuyas banderas levantan desde los movimientos feministas.
Remarcó, en ese sentido, que el rol que le cabe a la justicia es la aplicación en los juicios de las reformas que se han realizado legalmente en materia de género.
“Hay tres situaciones que agravan este caso y lo llevan a la figura de homicidio calificado. Una es que tenían una relación de pareja. Otra es la modalidad en donde aparece la hipótesis de haber ocultado la intensión homicida y llevarla a un lugar de desamparo para obrar sin riesgo, sin posibilidad de que la víctima recibiera ningún tipo de ayuda. Eso también lo califica por alevosía. Pero, además, la prueba y más de 30 testimonios que marcan un perfil de Marcos Haye de acoso, hostigamiento, manipulación, constantes celos o vigilancias que también podrían agravar por femicidio. Con que se dé uno de estos tres agravantes, ya la figura prevé la pena de prisión perpetua”, especificó a Canal 10.
En segundo lugar, Carlos Nayi manifestó que “los Vidosa fueron condenados a vivir con el dolor” y detalló lo que calificó como un “femicidio de manual”. Haye habría premeditado el asesinato. “Lo planificó, lo ejecutó, lo encubrió y no hubo arrepentimiento”, aseguró. Luego, quiso fingir un suicidio afirmó Nayi. “No perseguimos venganza. Buscamos justicia, yo desde mi función social y ellos desde su dolor”, afirmó refiriéndose a los padres de Ingrid.
En último lugar y, a pesar de reconocer que no tenía un discurso preparado, el abogado defensor se dirigió al jurado y expresó que el “máximo valor es hacer justicia”. A su vez, acusó al fiscal de no tener la misma consideración que mostró con los querellantes hacia su cliente.
A continuación, el presidente del Tribunal interrogó a Marcos Haye, quien respondió una a una las preguntas con total tranquilidad. Sin embargo, se abstuvo de declarar como ya lo había hecho en el transcurso de la investigación.
Haye tiene 33 años, es soltero, tiene una hija y es vecino de la localidad de Tanti. Reconoció que estaba en pareja con Ingrid al momento de su muerte y también que consume cocaína desde los 20 años.
Más de 50 testimonios, pruebas genéticas, biológicas, documentales e informes de telecomunicaciones van a desarrollarse durante el transcurso de este juicio que continuará el miércoles 16 de julio a las 9.30 horas.
La responsabilidad que tenemos como ciudadanos en este proceso que comienza es construir una reflexión que vaya más allá de la exigencia de una condena de prisión efectiva y perpetua para los femicidas y, desde ahí, un acompañamiento que trascienda el pedido de justicia por Ingrid e implique pensar una transformación social más profunda y estructural que garantice que esto nunca más vuelva a suceder.
El acompañamiento de Maru Acosta, integrantes del colectivo #NiUnaMenos Carlos Paz y trabajadores de la Coopi
La familia de Ingrid Vidosa estuvo acompañada por trabajadores de la Cooperativa Integral que fueron compañeros de la joven, miembros del colectivo #NiUnaMenos Carlos Paz y Maru Acosta, hermana de Paola Acosta, víctima de femicidio.
Paola fue asesinada por Gonzalo Lizarralde en septiembre de 2014 en Córdoba Capital. Es el primer caso en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abordó la figura de femicidio, adicionando al fallo de la Cámara del Crimen de 11° Nominación la figura penal de homicidio calificado por mediar violencia de género.
“Comenzó un juicio que era esperado por todos y todas. Meses después de lo de Andrea (Castana) y Hernán (Sánchez), que suceda lo de Ingrid fue muy conmovedor y shockeante”, expresó Maru Acosta en diálogo con VillaNos Radio.
Además, rescató la importancia del fallo por el femicidio de su hermana como un antecedente en las causas de violencia de género que posteriormente llegaron a la justicia. “El TSJ sentó un precedente muy importante para toda la justicia cordobesa en cuanto a cómo se interpreta el artículo 80 inciso 11 que es el que reconoce agravar una pena por la violencia de género. Es muy poca la aplicación que ha tenido en la provincia y en el país en general”, explicó.
“La justicia viene con mucho retraso y resquemor en el momento de reconocer estos hechos”, sentenció. Sin embargo, reconoció que hubo avances, “por eso también el caso de Ingrid y otros han recibido en la carátula la violencia de género como agravante”.
“Hemos dado grandes pasos para que la justicia reconozca que la violencia de género es parte de nuestra sociedad y que cada 16 horas una mujer es asesinada simplemente por ser mujer en Argentina”, advirtió.
Son preocupantes las estadísticas respecto a la cantidad de causas de femicidio en los que se aplica el agravante.
A fines del año pasado, de 18 juicios en Córdoba, solamente seis habían sido caratulados y recibido una condena con esta figura. El resto fueron calificados como homicidio simple o con algunos otros gravámenes como alevosía o por el vínculo, “pero nunca reconociendo el contexto de violencia de género de las mujeres que habían sido asesinadas”, aclaró Acosta.
“Desde la justicia hay una resistencia, simplemente por una mirada machista de los hechos que considera que no haría falta visibilizarlos de esa forma, porque se puede obtener la pena máxima lo mismo”, manifestó.
En ese sentido, se mostró confiada con la actitud del fiscal Sergio Ruiz Moreno que en la primera audiencia enfatizó sobre la importancia de que se apliquen en los juicios las reformas judiciales en materia de género.
Cada uno de los fallos es un paso más en la visibilización de una problemática transversal en nuestra sociedad como es la violencia de género, por lo tanto, es imperiosa la necesidad de nombrar como femicidios a los casos dondese manifiesta una desigualdad de poder en la pareja, propone Maru Acosta.
En el año 2015, se registraron 12 femicidios en nuestra provincia.
En 2016, ascendieron a 23.
18 fueron cometidos en el interior, cuatro específicamente en el departamento Punilla.
En 21 casos, son responsables del crimen o los principales sospechosos ex o actuales parejas de las víctimas.
A su vez, también planteó que el foco no esté puesto únicamente en juzgar los casos de violencia, sino también en prevenirlos. “Que la justicia reconozca que tenemos un problema para que podamos trabajar sobre él es uno de los pasos. Que tengamos desde el gobierno herramientas para poder combatirlo cuando vamos a hacer una denuncia es otro”, aseguró.
“Ocho de cada diez mujeres tienen que reiterar la denuncia y cuatro de cada diez la hacen porlo menos tres veces por que no hubo respuesta”, remarcó.
La acusación define el vínculo entre Ingrid Vidosa y Marcos Haye como una “relación desigual de poder”, y sostiene que la joven fue víctima de “acoso, hostigamiento, manipulación y aislamiento” por parte de Haye. Sin embargo, Ingrid nunca presentó una denuncia.
“Las mujeres no saben a dónde tienen que acudir. Ingrid no contó con las herramientas para denunciar. En el interior es donde más cantidad de femicidios ha habido en estos últimos tres años y donde menos herramientas y lugares dónde acudir hay”, señaló Acosta.
Junto a su familia comprenden mejor que nadie el profundo dolor que atraviesa a los familiares y amigos de Ingrid desde el 25 de agosto de 2015, el día en que apareció su cuerpo en el Cerro de la Cruz.
“No hay que olvidar que detrás de las cifras, detrás de los nombres de la lista de femicidios, hay personas y familias a las que se les truncó la vida y que necesitan también una contención”, relató.
“Tener que pasar después de casi dos años por todo esto de nuevo, es volver a remover una herida que es difícil que cierre, pero con la que una tiene que aprender a vivir. Entiendo la necesidad urgente que requieren de tener un poquito de justicia, un poquito de resguardo de una institución que tendría que haber actuado antes, pero que puede darle una tranquilidad a la hija de Ingrid para que ella pueda vivir con el asesino de su mamá tras las rejas”, manifestó.
Por eso, Maru ha asumido un acompañamiento a la familia Vidosa desde el primer momento. “Entre los familiares de víctimas de femicidio tenemos un entendimiento de esto que nos viene ocurriendo y surge la necesidad de acompañarlos. Cuando fue el juicio de Paola muchos familiares estuvieron conmigo, así que creo que también es una forma de retribuir a la sociedad todo ese apoyo que ellos me brindaron”, aclaró.
Para finalizar, hizo un llamado a toda la comunidad de Carlos Paz: “Toda la sociedad tendría que estar acompañando estos casos, porque nadie está exento de que le suceda. Lo importante es que sigamos apoyando el pedido de justicia por Ingrid”.
Marcos Haye será juzgado por tres jueces técnicos y un jurado popular
El tribunal está presidido por el Dr. Víctor Vélez e integrado por el Dr. José Cesano y el Dr. Marcelo Jaime. Junto a un jurado popular tendrán la responsabilidad de determinar el grado de responsabilidad penal de Haye, que en caso de ser declarado culpable se enfrenta a una pena de cadena perpetua.
Desde el 2005, los delitos económicos, los hechos de corrupción y los “crímenes aberrantes” (homicidio agravado, en ocasión de robo o con motivo u ocasión de tortura y delitos contra la integridad sexual seguido de muerte) cometidos en Córdoba son juzgados obligatoriamente por un tribunal integrado por tres jueces técnicos y un jurado conformado por ocho miembros titulares y cuatro suplentes.
La Ley Provincial 9182 establece que los jurados determinan junto a los magistrados si se cometió un delito y la culpabilidad o inocencia del imputado. En la calificación legal del hecho y la determinación del monto de la pena no tienen intervención los jurados populares. “El presidente del tribunal no vota salvo en caso de empate y debe fundamentar el voto de los jurados populares si éste no coincide con la decisión de los jueces técnicos que votaron”, explica la página web del TSJ.
Este sistema de juzgamiento se propone como una alternativa para democratizar la justicia, a través de la participación mayoritaria de ciudadanos comunes en tribunales penales. “Es único en el país. Es una forma de hacer oír responsablemente el sentir de la comunidad en el juzgamiento de ciertos episodios delictivos”, detalla la web.
Para integrar un jurado popular se seleccionan doce personas del padrón de ciudadanos sorteados para participar en los juicios. Los cuatro suplentes intervendrán si algún titular se ve imposibilitado de continuar. Pueden ser jurados populares los ciudadanos entre 25 y 65 años. Están excluidos abogados, escribanos, ministros de cultos religiosos, integrantes de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad, quienes ocupen cargos públicos y encabecen partidos políticos.
Los seleccionados “reciben un instructivo que les explica la tarea que van desempeñar y participan de charlas informativas en la Oficina de Jurados Populares del TSJ”, asegura el portal.
Los jurados ingresan a la audiencia sin haber tenido acceso al expediente de la causa. Tienen que asumir el rol de meros observadores durante todo el debate y no pueden formular preguntas. Su decisión está basada en lo que perciben exclusivamente en las audiencias orales.
Nota correspondiente a la edición n° 478 del semanario La Jornada, del 13 de agosto de 2017.
