El oficialismo dio, el jueves 17 de octubre, una nueva muestra de que está dispuesto a todo para quedarse con el poder absoluto y decidió, literalmente en soledad, ‘flexibilizar’ el mecanismo que utiliza el municipio de Villa Carlos Paz para disponer el uso del espacio público.
Es que tras una ardua y tensa discusión, al momento de la votación del proyecto se dio una situación poco menos que inédita cuando los cinco ediles de la oposición abandonaron el recinto legislativo.
La idea era figurar como ausentes ante la posibilidad de judicializar la ordenanza sancionada, entendiendo que viola lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal.
Pero… de qué se trata.
Hasta ahora, el uso de espacios públicos de dominio municipal con fines publicitarios y de promoción de productos y/o campañas educativas o temas de interés público era regulado por la ordenanza 6047, en vigencia desde enero de 2016.
La normativa fijaba expresamente que los convenios con instituciones, empresas y/o particulares “serán elevados y tratados por el Concejo de Representantes en doble lectura y audiencia pública”.
Esto va de acuerdo con lo dispuesto taxativamente por la Carta Orgánica en su artículo 134 (inciso 3), que establece que para “otorgar el uso continuado y exclusivo de bienes de dominio público del municipio” se requiere doble lectura.
La ordenanza sancionada ahora, con los siete votos del bloque de Carlos Paz Unido, deroga este texto y establece una diferencia entre los permisos hasta 90 días, y los de mayor tiempo.
Para “las concesiones o permisos de uso de los bienes del Dominio Público Municipal a particulares mayores a 6 días y menor a 90 días el tratamiento del proyecto de Ordenanza se regirá por lo establecido en el Artículo Nº 121 inc. 13, de la Carta Orgánica Municipal, en simple lectura y aprobado por mayoría simple”.
En este encuadre quedan, por ejemplo, todos los convenios que se ejecutan en la temporada veraniega.
A partir de la promulgación de la ordenanza, entonces, ya no harán falta ocho votos, ni audiencia pública, ni doble lectura. Alcanzará con el aval del bloque oficialista –en la práctica la sola opinión del intendente- para dar rienda suelta a los convenios que considere conveniente.
Cuando los permisos y concesiones sean por más de 90 días, el tratamiento mantendrá la doble lectura, audiencia pública y mayoría agravada para ser aprobado.
El avance de la ‘Gestión Comunitaria’ sobre los mecanismos de control y participación ciudadana parten de forzadas nuevas interpretaciones de la Carta Orgánica, como la implementada en el inicio de la gestión del intendente Daniel Gómez Gesteira, eliminando la mayoría agravada y las audiencias públicas para la contratación de obras públicas financiadas por el municipio.
Tras la sesión, los cinco ediles de la oposición firmaron un documento en conjunto donde denuncian que “otra vez Carlos Paz Unido elimina la participación del vecino en decisiones importantes” (ver aparte).
Voces en disidencia
Carlos Quaranta, concejal de Carlos Paz Inteligente, expresó su preocupación “por esta insistencia del oficialismo en reinterpretar la Carta Orgánica de modo permanente, y siempre van a favor de coartar la participación del vecino y cercenar el control de las minorías en el Concejo”.
Planteó en cambio que la interpretación de la COM “debe ser restrictiva para lo que no está claro, y siempre a favor de una mayor participación de los vecinos y un mayor control”.
“No se puede interpretar cercenando derechos y acotando la participación y el control”, insistió en diálogo con VillaNos Radio.
Además, contó que el proyecto original, elaborado por el bloque de CPU, desconocía la existencia de la ordenanza 6047, aprobada también por el oficialismo a fines de 2015.
“Se lo dijimos en las reuniones de comisión y entonces agregaron un artículo para derogarla”, señaló.
Para Quaranta, lo que pretende CPU es “lisa y llanamente poder aprobar convenios sin escuchar a los vecinos y sin que tenga que convalidarlo algún concejal de las minorías”.
“Esto es muy grave. Intentan que seamos figuras decorativas pero nosotros venimos a trabajar y proponer. En la oposición somos de espacios políticos muy distintos, pero coincidimos cuando se le quitan derechos a la gente”, enfatizó.
Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta), se expresó en la misma línea.
“El oficialismo propone recortar aún más la participación ciudadana. Creo que el plan es reducirla al acto mínimo eleccionario, o sea, pedir el voto y cortarle el rostro por los próximos cuatro años”, opinó. Y advirtió: “Estos abusos nunca terminan bien electoralmente hablando, la gente se cansa”.
Por su parte, el concejal Gustavo Molina (Capaz-Frente Cívico) reclamó al intendente Daniel Gómez Gesteira que vete la ordenanza aprobada “con los votos del espacio político que usted representa”.
En una carta enviada al mandatario la semana pasada Molina sostuvo que el oficialismo realizó “una interpretación extrema de la Carta Orgánica Municipal”.
“La Carta Orgánica es clara en las atribuciones del Concejo de Representantes y el proyecto debilita la posición de control propia del cuerpo legislativo.
El artículo Nº134 de la C.O.M. es tan claro y preciso que no necesita ser reglamentado, como se pretende en la ordenanza votada el pasado 17 de octubre del corriente”, señaló.
Respecto a la postura asumida por el bloque de Carlos Paz Unido, el edil consideró que la sesión donde se sancionó la ordenanza “quedará registrada en los anales del Concejo como escandalosa, ya que el conjunto de la oposición se retiró del recinto para no avalar semejante atropello a la Carta Magna de nuestra ciudad”.
En este marco, dijo, “se aprobó un proyecto que le genera a la política una vergüenza más”.
¿A la justicia?
De manera paralela a este intento por frenar las modificaciones impuestas por el oficialismo, se supo que concejales de la oposición están realizando diversas consultas con abogados constitucionalistas, ya que no se descarta judicializar el tema.
Para la oposición “otra vez Carlos Paz Unido elimina la participación del vecino en decisiones importantes”
Tras la polémica sesión, los cinco concejales de la oposición, Carlos Quaranta (CPI), Gustavo Molina (Capaz-Frente Cívico), Natalia Lenci (Capaz-UCR), Jorge Lassaga (CPST) y Daniel Ribetti (CPD), emitieron un comunicado en conjunto criticando fuertemente la decisión del oficialismo de flexibilizar el mecanismo a través del cual el municipio cede el espacio público.
“Otra vez Carlos Paz Unido elimina la participación del vecino en decisiones importantes”, advierte el documento.
“Queremos expresar que en la sesión del día jueves 17 de octubre, nos hemos retirado del recinto en el momento que los concejales de Carlos Paz Unido se aprestaban a aprobar un proyecto de ordenanza que nuevamente vulnera los principios de participación y control que establece nuestra Carta Orgánica Municipal.
Con una nueva y forzada interpretación de la Carta Magna, de ahora en adelante el uso del dominio público municipal se hará con mayoría simple, en una sola lectura y sin audiencia pública, cuando el plazo sea inferior a 90 días.
Hace años este Concejo sigue la metodología que fija la COM, autorizando el uso mayoría agravada, doble lectura y audiencia pública que permite la participación del vecino.
Este es un nuevo avasallamiento a la participación democrática del ciudadano, y al control necesario que implican las mayorías especiales para determinados procesos.
Somos sumamente respetuosos del sistema democrático, debatimos en todos los ámbitos con responsabilidad planteando propuestas cuando lo creemos necesario, aun cuando nuestros proyectos no son tratados en comisión, aceptamos las reglas del debate, de las mayorías y minorías en la toma de decisiones, pero no estamos dispuestos a convalidar con nuestra presencia en el recinto aquellas normas que ponen en juego la legalidad, la institucionalidad y la posibilidad de participación del vecino.
Vamos a continuar sosteniendo la necesidad del diálogo, la importancia del pensamiento diverso y trabajar con las convicciones de cada uno pensando siempre lo mejor para la ciudad.
Pero no vamos a ser parte de acciones que vulneren derechos del ciudadano, ni de interpretaciones forzadas que solo tienen en mira facilitar los convenios que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá hacer con empresas privadas, sin la participación del vecino y sin el control de las minorías”, afirmaron Quaranta, Lassaga, Ribetti, Lenci y Molina.
Nota correspondiente a la edición n° 546 del periódico La Jornada, del 30 de octubre de 2019.
