Mientras los vecinos siguen reclamando el Estudio de Impacto Ambiental que garantice que los campos electromagnéticos no causan ningún efecto negativo en la salud, el Concejo de Representantes acordó solicitar a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), “la implementación de medidas excepcionales de prevención y seguridad en el marco de la obra de tendido de los nuevos alimentadores de media tensión, que van desde la estación transformadora San Antonio hasta la zona del Hospital de Villa Carlos Paz”.
La iniciativa, impulsada por la concejala Carla Livelli (CPU) y aprobada por unanimidad en la sesión del jueves pasado, se hizo eco de la “genuina preocupación” que expresaron los vecinos de barrio Sol y Río “ante los efectos que pudiera causar el soterramiento de cables de media tensión que se está realizando en la zona”.
Si bien aclaró que el departamento Ejecutivo “ha contestado en tiempo y forma el pedido de informe solicitado sobre la autorización de la misma, en el cuál se refleja el cumplimiento de las disposiciones contempladas en las Leyes Provinciales Nº 7343 Y 10208”, Livelli sostuvo que, “es imprescindible brindar seguridad a dichos vecinos”.
Durante la sesión también tomó estado legislativo y pasó a comisión otro punto relacionado a este tema. El proyecto presentado en este caso por el edil Omar Ruiz (CPU) plantea que el departamento ejecutivo estará obligado a llamar a audiencia pública “cuando se solicite autorización para trabajos que impliquen el tendido de cables conductores de energía eléctrica de alta o media tensión, ya sea en forma aérea o subterránea”.
La convocatoria a los ciudadanos, “con especial énfasis en los frentistas a la obra” deberá concretarse “en forma previa al otorgamiento o no de la autorización de obra” con el objeto de “brindar información sobre el impacto sobre la salud de los campos electromagnéticos, por parte de las autoridades provinciales, municipales y prestador del servicio eléctrico, en el marco de la licencia social ambiental”.
En los fundamentos, Ruiz recordó que, “el tendido de cables conductores de energía eléctrica de alta y media tensión, ya sea en forma aérea o subterránea dentro de áreas pobladas, se encuentra cuestionado por los posibles efectos negativos para la salud de la población de los campos magnéticos que estos generan”.
Y tras puntualizar que, “no ha sido demostrada la inocuidad de los campos magnéticos generados por los tendidos eléctricos y por las plantas de transformación eléctrica”, hizo referencia a la reunión de la que participaron distintos concejales convocados por la “Red Vecinos por la Vida de Villa Carlos Paz”.
En ese encuentro los vecinos expresaron “su preocupación histórica por la instalación de una planta transformadora de energía, contigua al barrio “Sol y Río” y su temor actual por los trabajos de tendido de cableado subterráneo en ese mismo barrio”.
Cabe recordar que, justamente a partir de este reclamo, existe otro proyecto en comisión (presentado por el interbloque FC/UCR) que pide la suspensión de los trabajos de soterramiento “hasta tanto (…) se garantice el no perjuicio a la salud de los vecinos colindantes a misma”.
“Hipocresía política en su máxima expresión”
Juan Carlos Paesani, presidente de Funeat (Fundación Educación, Ambiente y Trabajo) e integrante de la Red de Vecinos por la Vida, opinó que el proyecto que plantea la realización de audiencias públicas representa la “hipocresía política en su máxima expresión”.
“Señor concejal Omar Ruiz, no busque chicanas irrespetuosas. Lo que se pide es el tratamiento del proyecto de ordenanza de regulación de los campos electromagnéticos. Lo que se pide es el Estudio de Impacto Ambiental de las “Obras de EPEC” violatorias del Principio de Precaución consagrado en la Ley General del Ambiente N° 25.675 en su artículo N° 4 y en la Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba N°10.208, también en su artículo N° 4”, afirmó.
ADARSA también reclama que se trate el proyecto de regulación de campos electromagnéticos
La Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) emitió un comunicado a través del cual se expresó sobre el trabajo de soterramiento de tendidos de media tensión que Epec viene haciendo en la zona Sur de Villa Carlos Paz. Desde la entidad señalaron que la obra “se estaría realizando sin las debidas medidas técnicas que aseguren los parámetros sanitarios de los vecinos”.
“Esto significa que no se estaría resguardando a los vecinos de las emisiones electromagnéticas asegurando la mínima exposición a esta fuente de contaminación. Vale mencionar que para saber cómo impactan en la salud dichas emisiones, son necesarios los estudios epidemiológicos que en nuestro país no se han realizado al respecto de este tema”, expresa el documento.
Marcela Fernández, representante legal de ADARSA, recordó que la ONG acompañó la lucha de los vecinos desde el comienzo, cuando en el año 2010 empezó a construirse la subestación transformadora de 132 mil voltios al lado de las viviendas de barrio Sol y Río. De hecho, ADARSA fue parte del amparo ambiental presentado en aquel entonces y que hoy, con la construcción y puesta en funcionamiento de la planta, devino en abstracto.
En cuanto a la obra de soterramiento, dijo que los cables de media tensión están siendo enterrados a muy baja profundidad y sin medidas de seguridad. “Nunca se hizo un Estudio de Impacto Ambiental ni se llamó a audiencia púbica, a pesar de que siempre se promocionó la obra como de alcance regional”, remarcó.
Sobre el rol que asumió el municipio de Villa Carlos Paz al autorizar el uso del espacio público para que EPEC avance con el cableado, Fernández consideró que conociendo al problemática, “debió haber convocado a audiencia pública y brindar información”.
“Desde ese aspecto previo, quedamos desprotegidos. Y sobre lo que se está haciendo ahora, no sé si se están haciendo todos los controles. No sé si se han puesto a estudiar toda esta cuestión que hay sobre el riesgo en la salud”, expresó.
El principal temor reside en la hipótesis de que los campos electromagnéticos que producen los tendidos y alta y media tensión generan alteraciones biológicas capaces de ocasionar diversas patologías cancerígenas, siendo la población infantil la más vulnerable.
Además, se expresó a favor de que el Concejo dé tratamiento al proyecto de ordenanza de regulación de campos electromagnéticos.
El proyecto fue entregado en mano al intendente Avilés en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del año 2012 y contó con el asesoramiento del biólogo Raúl Montenegro, presidente de Funam y titular de la cátedra de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Córdoba.
La iniciativa propone que “en el Ejido Municipal de la ciudad de Villa Carlos los Campos Magnéticos de Frecuencias Extremadamente Bajas (CEM FEB) generados por tendidos de líneas eléctricas de todas las tensiones, aéreas o subterráneas, y las estaciones transformadoras de energía eléctrica de cualquier nivel de transformación, deberán ser inferiores a 0,3 microteslas (0,3 µT) medidos en la línea municipal (LM) de cada vivienda”.
Cabe recordar que lo que está vigente –y que Epec esgrime como legislación– es la resolución 77/98 de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Economía que la EPEC utiliza para justificar sus trabajos, ya que establece los 25 microteslas como unidad de radiación permitida. A nivel nacional no hay ley sanitaria que regule la incidencia de campos magnéticos. Sólo existe un proyecto elaborado por la red de Barrios Irradiados, que propone los mismos parámetros que el proyecto de ordenanza que está en el Concejo.
“Un municipio tiene todas las facultades de exigir más restrictivamente determinadas pautas ambientales. No hay conflicto de constitucionalidad”, remarcó Fernández.
La abogada reiteró, además, que la planta de alta tensión “no debió construirse nunca allí, porque es un área de reserva”, en referencia a la Reserva Natural y Recreativa valle del Cóndor. Además, recordó que el terreno para el emplazamiento de la subestación fue donado a Epec por Jorge Petrone, propietario de la empresa desarrollista Gama.
Nota correspondiente a la edición n° 443 del semanario La Jornada, del 20 de noviembre de 2016.
