Centros vecinales: avances y retrocesos

Por Valeria Flesia

La ordenanza nº 6009 sancionada en julio de 2015 definió a los centros vecinales como “asociaciones del pueblo, libres, autónomas y sin fines de lucro, representativas de los vecinos de su ejido, con participación en la gestión municipal de acuerdo a los órganos establecidos a tal fin por la normativa vigente, que se constituyen en los barrios de la ciudad de Villa Carlos Paz, para la satisfacción de sus necesidades comunes,  con el fin de promover una mejor calidad de vida de los vecinos, el bien común del barrio y fortalecer los principios de participación democrática, colaboración mutua y solidaridad vecinal”.

En su primera redacción, la normativa dejaba a los centros vecinales a cargo de la Coordinación de Centros Vecinales y ésta bajo la secretaría de Gobierno, pero en marzo de 2016 fue modificada para dejar la Coordinación bajo la secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud “y/o aquella que resulte competente según Ordenanza Orgánica del Departamento Ejecutivo”.

En el organigrama municipal, la coordinación de Centros Vecinales está a cargo de Leonardo Villalobo. No es un dato menor teniendo en cuenta que en la nueva ordenanza hay una participación mucho más consistente del órgano de contralor municipal, de la posibilidad de revisión de las actuaciones de las comisiones directivas de los centros vecinales en cualquier momento y se delinean circunstancias de la vida institucional de los centros vecinales que pueden ser intervenidos a través de una instancia de “regularización” entre otras instancias mencionadas por los mismos integrantes de las comisiones vecinales.

A partir de la promulgación de la ordenanza, los centros vecinales tenían 180 días para adecuar sus estatutos a la nueva normativa, cuestión que se ha venido desarrollando con la presencia de la Junta Electoral Vecinal que está integrada por el coordinador de Centros Vecinales, un concejal del oficialismo, uno de la oposición y un presidente/a de uno de los centros vecinales elegido por sorteo.

Voces vecinales

Desde el centro vecinal La Quinta Cuarta Sección, su presidente José Brediche, manifestó que no se ha acelerado el tratamiento de los problemas de los vecinos y que, por el contrario, sus solicitudes de atención a distintas situaciones datan de mucho tiempo y siguen igual.

“El último fin de semana de mayo de 2016 se realizó un plenario de Centros Vecinales durante el cual hubo planteos muy duros, me acuerdo que hubo un centro que llevó directamente una protesta con pancartas y carteles, hubo gritos y reclamos. Sin embargo, después de eso no pasó nada más, nosotros no notamos que la nueva ordenanza haya significado cambios positivos para la vida institucional del Centro Vecinal. Ahora tenemos que llevar todos nuestros reclamos por nota a la Coordinación de Centros Vecinales que las recibe y nos atiende, sí, pero eso no significa que tengamos soluciones, es un paso burocrático más para que se pierdan ahí los reclamos y ya no estemos pidiendo directamente en la municipalidad. No quiero decir que nos hayan corrido del medio pero es un poco eso”, expresó.

Con respecto al ordenamiento que pide la Ordenanza 6009 en cuanto al funcionamiento administrativo, Brediche opinó que hay una pérdida de autonomía por parte de los centros vecinales ya que dentro de su conformación eran los propios vecinos los que controlaban a través de la comisión revisora de cuentas pero ahora esa comisión queda desvirtuada por la intervención y observación de libros que puede efectuar la municipalidad en cualquier momento y por la obligatoriedad de presentar ante la Coordinación y de manera pública balances todos los años firmados por un contador matriculado. “La presentación de balances todos los años implica la contratación de un contador cuyos honorarios rondan los 6 mil pesos. Nos queda muy claro el tema de la transparencia, palabra tan mencionada para justificar estos cambios, pero los centros vecinales de la periferia de Villa Carlos Paz significan un esfuerzo muy grande para los vecinos que participan. Hay que pensar que si tenemos un subsidio anual que no llega a los 12 mil pesos y la mitad va a ser para presentar un balance, quienes vienen a participar empiezan a ver que ponen de su patrimonio personal, que se llevan los reclamos de los vecinos al lugar correspondiente, que no hay respuestas concretas y que, encima, a los que nos quejamos mucho nos van dejando de lado, que hay centros vecinales que tienen otra empatía con el gobierno y que no se entiende que quienes participamos en un centro vecinal tenemos que estar sólo del lado de los vecinos a quienes representamos”.

Entre los reclamos de larga data, hizo referencia entre otras cuestiones, a un problema de surgimiento de líquidos cloacales en las últimas cuadras de calle Los Plátanos y calles Piquillín y Guatambú. “Esta situación es particular del barrio. Nuestro barrio es una mezcla de desniveles y vertientes, tenemos muchas calles rotas a las que no se les hacen los mantenimientos correspondientes y, a eso se suma, las diferencias de niveles entre nuestro barrio y otras zonas como el barrio de al lado. Hemos comprobado que los líquidos cloacales que circulan en estas calles no salen de esas viviendas sino que están surgiendo, se están filtrando por algún problema de napas. Sin embargo, la municipalidad vino e intenta cobrar unas multas exorbitantes a los vecinos por un problema que esos vecinos no pueden solucionar porque no es de ellos. Además esos vecinos han pagado la obra de cloacas y ya no hay a quien echarle la culpa por que esas obras no se hagan”.

La vicepresidente del centro vecinal El Canal, Yoli Gallardo, coincidió con Brediche en la pérdida de autonomía de las instituciones vecinales y en que hay “demasiada injerencia municipal. Desde la coordinación pueden venir y pedir en cualquier momento revisar cuentas pero eso es excesivo teniendo en cuenta que son los mismos vecinos quienes deben controlar, tienen sus propias comisiones revisoras. Por otro lado, el tema de las sanciones, yo no sé si la gente lee bien cuando va a participar la contradicción que significa un aporte ad honorem con la posibilidad de ser sancionado de manera personal”.

Fernanda Eguiguren, presidenta del centro vecinal Las Rosas Centro, indicó que el CV al que representa participó de las reuniones que dieron origen a la ordenanza 6009. “Estuvimos ahí y hubiéramos querido que muchos centros más participaran ya que terminamos siendo seis cuando la ciudad tiene 32 instituciones vecinales”.

Con respecto a la ordenanza resultante, la dirigente vecinal destacó la intención de ordenar a las instituciones y la posibilidad de discutir la normativa: “Nosotros llevamos nuestras propuestas que, en muchos casos, tenían diferencias con lo que finalmente se incluyó. Creemos que la nueva ordenanza plantea situaciones de control municipal muy exacerbadas que no nos parecen apropiadas para instituciones donde se pide la participación voluntaria de los vecinos. Se insistió en una burocracia muy concentrada que, a veces, puede atentar contra esa participación. Esto no significa que no estemos trabajando para adecuarnos y que desde el centro vecinal no se siga apostando al trabajo en los cuerpos colectivos como la mejor manera de llevar mejoras para todos. Pero hay cuestiones que tienen que ver con manejos administrativos finos, apertura de cuentas con fondos, balance anual firmado por contador, trámites de exención para impuesto a las Ganancias y bienes personales y muchas otras cosas relacionadas con la organización civil que los centros vecinales no conocen bien y, quizás, no se ha informado correctamente. Hay que tener en cuenta que hay centros más nuevos o vecinos sin experiencia que tienen que poner de su tiempo para informarse y formarse, eso puede atentar contra la participación que debe ser más llana”.

Con respecto a la vida institucional del CV luego de la puesta en marcha de la 6009, Eguiguren destacó que no ha habido mayores cambios. Indicó que la comunicación con la Coordinación de Centros Vecinales es fluida y que sus notas son recibidas y pueden realizar consultas de seguimiento. “Mantenemos un buen nivel de comunicación pero eso no significa mayor nivel de soluciones porque desde esa oficina no se resuelve sino que simplemente se tramita. Sabemos que desde allí salen los reclamos pero no incide en la mayor o menor respuesta que tengamos de los funcionarios”, advirtió.

En cuanto a las diversas problemáticas de Las Rosas, se destacaron algunos reclamos que son casi permanentes y no reciben respuestas concretas. “Cuestiones que los vecinos pagamos a la municipalidad como son barrido y limpieza y que no se cumplen. Situaciones relacionadas con el alumbrado y que hacen también a la seguridad, a veces se queman focos que están meses sin ser reparados. La zona sur de nuestro barrio que tiene calles de tierra y muy poca reparación, el pasaje Australia por ejemplo, un lugar muy olvidado por la gestión. Hemos, también, pedido por la reincorporación de la médica generalista que teníamos en el dispensario que luego fue el Centro Odontológico Municipal (ver página 13). En un principio, el doctor Mowszet nos había dicho que se iba a conservar y ahora, hace un mes y medio, fue retirada. Eso causa mucha zozobra en nuestros ancianos y niños y hemos pedido que se restituya. También, otro pedido, es que el CIM que se abrió provisoriamente en la sede del EPADEL mientras se arreglaba otro, se deje de manera permanente, porque ya habíamos pedido tener una guardería infantil antes de que se diera este cambio”.

Fernanda recuerda que son todas cuestiones muy cotidianas del barrio, de la vida de los vecinos y su importancia debe medirse de esa manera. “Desde la perspectiva del vecino, una calle rota o un foquito quemado son cuestiones muy importantes, así como el cordón cuneta que se promete o la obra de gas, y los centros vecinales representamos a los vecinos en todo eso tan cotidiano. Nosotros estamos muy orgullosos de todo lo que se ha logrado, de los talleres culturales, de nuestra sede que hicimos con tanto esfuerzo y seguimos mejorando, es mucho trabajo y así lo vamos a dejar para quienes sigan aquí en la renovación de autoridades el año próximo”.

Centros vecinales con problemas

En el diálogo con vecinos y representantes vecinales aparecen dos tipos de cuestiones: por un lado el diálogo del CV hacia el municipio y la mayor o menor respuesta que se recibe a los reclamos así como las propuestas que bajan desde allí como es el Presupuesto Participativo y, por otro lado, el diálogo que los mismos vecinos mantienen con su centro vecinal que supuestamente está funcionando de manera regular.

El caso quizás más relevante que ya lleva tiempo sin lograr alcanzar visos de normalización es el del Centro Vecinal Playas de Oro. A fines del 2015 desde la Coordinación de Centros Vecinales se anunció con bombos y platillos la elección de una nueva comisión que duró pocos días ya que a mediados de enero de 2016 y tras denuncias y contradenuncias, varios de sus miembros presentaron renuncias indeclinables que motivaron la acefalía. La situación no pudo ser revertida y, según indican los vecinos, se procedió a aplicar la regularización institucional de los centros de acuerdo a la estrenada ordenanza designándose una comisión regularizadora que actúa hasta la fecha. No se pudo consultar fehacientemente al coordinador de centros vecinales hasta cuándo ha sido prorrogada esta comisión de regularización ya que, según indica la ordenanza, la caducidad de sus funciones se dio a los 60 días de haber sido nombrada. La autoridad de aplicación tiene la potestad de prorrogar pero los vecinos no saben, mientras tanto, cuál es el estado de la institución vecinal.

Vecinos del barrio Costa Azul Norte, por mencionar algún otro caso en el cual las problemáticas toman distintos derroteros sin encontrar su cauce, manifestaron a través de redes sociales una preocupación que no parecía encontrar eco en su centro vecinal. Ante el comienzo de las obras de adoquinado en la calle Vespucio, algunos vecinos se sorprendieron por la falta de información y aún más cuando se encontraron con los precios que deberán pagar por la obra. Una vecina indicó que desde la empresa le cotizaron 120 mil pesos que debe pagar con la “facilidad” de 50% al contado y el resto en seis cuotas.

Desde el centro vecinal se manifestaron sorprendidos por el comienzo de la obra e indicaron que, según lo que conocían, la municipalidad debía tener la anuencia del 70% de los vecinos para comenzar con los trabajos.

Otros criticaron la desinformación de su propio centro vecinal al desconocer que esa obra salió por ordenanza como de pago obligatorio para los vecinos.

La cuestión presenta varios puntos para el análisis: ¿cómo se informa a los centros vecinales sobre las decisiones municipales que involucran al barrio?, ¿deben estar prendidos a los medios de comunicación e informarse como puedan?, ¿forma parte de su participación voluntaria el hacer estos seguimientos o deben estar mejor informados por una coordinación de centros vecinales cuya única función parece ser controlar sin establecer ningún feedback?, ¿hay alguna intencionalidad en esta cantidad de obligaciones de tipo administrativo que establece la ordenanza desviando la vista de la función política de los centros vecinales de velar por los intereses colectivos del barrio frente a un estado que toma decisiones inconsultas supuestamente en nombre del bien común?

Las voces oficiales

En la ordenanza, como ya se mencionó, se hace referencia a la Coordinación de Centros Vecinales y a la Junta Electoral Vecinal como autoridades de aplicación. Las distintas instancias que prevé la normativa se están aplicando, en efecto, hay centros vecinales que ya han presentado su memoria y balance y han actualizado su estatuto, otros que llevan adelante ese proceso en estos días con elección de nuevas autoridades, otros que están en proceso de regularización estrenando esa figura contemplada en la nueva ordenanza y que vienen de situaciones complejas de acefalía con denuncias y contradenuncias y hay otros barrios que no cuentan con centro vecinal y que han están en vías de conformación.

Sin embargo, al intentar consultar al coordinador de Centros Vecinales, Leonardo Villalobo, no atendió al requerimiento del medio y, mediante su secretaria, indicó que tal consulta debía dirigirse a Prensa municipal. Llama la atención tal derivación dada la especificidad tanto de la coordinación que ocupa como del material informativo que maneja que tiene que ver con la atención que el municipio da a estas instituciones públicas con participación voluntaria de vecinos que, justamente como indica la ordenanza a la que responden, nada tienen que ver con cuestiones políticas que excedan a lo estrictamente vecinal.

Consultado el concejal de CPU, Oscar Sequeira, miembro de la Junta Electoral Vecinal, destacó su participación en todos los actos eleccionarios y de presentación de memoria y balance que se han llevado adelante desde la implementación de la normativa hasta la fecha: “Se han cumplido los objetivos ordenadores que tiene la ordenanza cuando hay más de una lista de vecinos para la elección en el centro vecinal, para cumplir con los requerimientos de quienes se presentan, para la observación de los límites geográficos de cada centro vecinal. También es importante todo el ordenamiento administrativo que se ha logrado en casos de centros vecinales que involucran actividades recaudatorias como aquellos que tienen balnearios que, en el pasado, habían suscitado problemas”.

En torno a las “sanciones” que están contempladas en la nueva ordenanza y que puedan atentar contra la participación, Sequeira opinó: “Por un lado creo que el tema de la merma en la participación está afectando a todas las instituciones ya sean centros vecinales, clubes, partidos políticos y toda otra convocatoria voluntaria. La ciudadanía está renuente a participar, quizás se ha visto defraudada y, a pesar de reclamar muchas cosas por distintos medios, a la hora de sumarse al movimiento colectivo ya lo piensa dos veces. Por otra parte, y a título personal, yo creo que la norma que hoy tenemos entre manos todavía puede mejorar, todavía está en una etapa probatoria. Recordemos que los propios representantes de los barrios participaron en la elaboración de la norma y, sin embargo, quedaron algunas cosas como por ejemplo esta cuestión de las sanciones que yo creo que atentan contra la incorporación de los vecinos teniendo en cuenta que cada uno pone lo que está en condiciones de poner, o sea, el formar parte del centro vecinal es totalmente voluntario, no hay remuneraciones, es un servicio que se da al barrio y lo hace cada uno en su medida. En ese sentido, la mayor o menor participación no puede ser sancionada”.

Por su parte, la concejala Laura Orce de UpC también participante por la minoría de la Junta Electoral Vecinal destacó el marco normativo porque “ha permitido a los vecinos cierta previsibilidad. Hay muchos puntos sobre los que hay que trabajar y que podrán ser objeto de modificaciones. No comparto que, desde el Ejecutivo, se manejen algunas situaciones con absoluta discrecionalidad sin informar a la Junta o al menos a mí. Esto ha generado algunos planteos de mi parte que se han ido resolviendo.”

Las mencionadas “sanciones” a las que hicieron referencia varios de los vecinalistas consultados, algunos de ellos con muchos años participando de los CV, se encuentran en el capítulo II cuando se hace referencia a la Autoridad de Aplicación, función otorgada a la Coordinación de Centros Vecinales. Dicha coordinación tiene entre sus múltiples atribuciones controlar el funcionamiento, integrar las juntas electorales, autorizar fusiones y divisiones, actualizar el registro de CV, proponer autoridades a las subcomisiones, canalizar pedidos y consultas y también sancionar.

En el punto 10 del artículo sexto se indica que la coordinación podrá:  “Aplicar las sanciones que correspondan, a las entidades sujetas a su contralor o a sus miembros, cuando con su accionar infrinjan las obligaciones que les impone la presente Ordenanza; o entorpezcan, obstaculicen, o restrinjan la participación cívica, democrática, solidaria y de integración de los vecinos en las actividades del Centro Vecinal; como así también a quienes con su accionar se aparten de los principios representativos y republicanos de gobierno del Centro Vecinal. Las sanciones aplicables serán las siguientes: a) Llamado de Atención; b) Apercibimiento público”.

Resulta difícil pensar desde qué lugar una coordinación municipal evaluará la participación cívica y de integración o la conducta de acuerdo a principios republicanos de vecinos cuya llegada a una comisión es absolutamente voluntaria regida por los tiempos que de manera desinteresada quieran donar a una unión colectiva por el bienestar y desarrollo de su barrio, teniendo en cuenta que hay situaciones especiales tanto en el aporte de cada vecino como en las problemáticas de cada barrio.

Así puede verse que hay barrios que no cuentan con sede vecinal, barrios con muchas problemáticas sociales de familias en situación de vulnerabilidad así como otras con mucho tránsito de vecinos, con problemas notorios relacionados con el transporte, con las calles, con el gas, con la seguridad, con problemas actuales dados los cambios urbanos de la modernidad con sus ruidos molestos, el nuevo uso de los espacios recreativos, etc.

Resulta contradictorio plantear, por un lado, la necesidad de involucramiento de la sociedad civil en las problemáticas barriales para el crecimiento sostenido que alcance a todos los vecinos y, por otro, la insistencia en el “control”, “autorización”, “regularización” y “sanción”.

Nota correspondiente a la edición n° 426 del semanario La Jornada, del 24 de julio de 2016.