El cambio en la caratula pone el foco en la responsabilidad del Estado debido al accionar de Gendarmería en Chubut.
A pronto de cumplirse un mes, de la desaparición deSantiago Maldonado, la fiscal subrogante Silvia Ávilarecaratuló la investigación a “desaparición forzada” tal como lo reclamaban los familiares del joven y los organismo de derechos humanos.
De esta manera la causa tomó un importante giro debido a que hasta el momento el expediente judicial era por “NN sobre averiguación de delito”. Con el cambio la hipótesis se centra en la responsabilidad del Estado sobre la desaparición ocurrida en el marco de una represión deGendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof en Chubut.
Los tres elementos que conforman la nueva figuran son: la privación de libertad contra la voluntad de una persona, la participación de agentes gubernamentales en el hecho y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.
La fiscalía también fijó el secreto de sumario por diez días y le solicitó a la Procuración General que se de curso al pedido de la familia para integrarlos al equipo de investigación.
Aún resta que se lleve a cabo el cotejo de ADN sobre los restos posiblemente de sangre hallados en el escuadrón 35 de Gendarmería en El Bolsón. (Ver:“Caso Maldonado: piden que se caratule ‘desaparición forzada'”)
En forma paralela el juez federal Guido Otranto debe expedirse sobre los dos habéas corpus que fueron presentados por la comunidad mapuche y por la Comisión Provincial de la Memoria.
A lo largo del proceso judicial, que comenzó el 1 de agosto, el gobierno nacional negó la participación de la fuerza de seguridad en la desaparición del joven de 28 años, a la vez que relativizó la presencia de Santiago en el departamento Cushamen e incluso culpó a los mapuches por falta de predisposición a declarar. En cambio ofreció 500 mil pesos de recompensa para aquel que brinde información sobre el posible paradero.
