Por Evelina Ramírez y Jorgelina Quinteros
“La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.
“El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”.
Rodolfo Walsh. “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”
El informe de este año no puede arrancar de otra manera que no sea citando las palabras que hace 40 años escribió Rodolfo Walsh. Por la contundencia de la denuncia. Por la rigurosidad de los datos. Por la calidad literaria. Y, sobre todo, por la actualidad que toman sus palabras. “Una actualidad no deseada”, admite el periodista y escritor Alexis Oliva.
A un año del comienzo de la dictadura, Walsh denunciaba que había quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados.
“Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio”.
Campos de concentración, sí.
Los juicios por delitos de lesa humanidad abiertos en todo el país contra los represores han permitido constatar la veracidad de esa denuncia de Walsh. Sin ir más lejos, la megacausa La Perla que tuvo su sentencia el 25 de agosto del año pasado, permitió demostrar que el plan sistemático de exterminio y represión ilegal, que en Córdoba inició antes del golpe de Estado de marzo de 1976 y tuvo su prolegómeno con el “Navarrazo”, el golpe policial que derrocó el gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, en febrero de 1974.
El juicio también permitió probar cómo operaba el terrorismo de Estado en nuestra provincia. En este proceso se juzgaron por delitos de lesa humanidad a 43 acusados, entre militares, policías y personal de inteligencia, por delitos cometidos entre 1975 y 1978 contra 716 víctimas, 311 están desaparecidas. Por la sala de audiencias pasaron 581 testigos a prestar su declaración, por crímenes cometidos a víctimas que sobrevivieron y a otras que fueron asesinadas o aún se encuentran desaparecidas.
Además, se comprobó que La Perla no fue el único centro clandestino donde se ejerció el terrorismo de estado en Córdoba. También, fueron sitios de violación sistemática de derechos humanos Campo de la Ribera, el D2, La Perla Chica o Malagueño, el Destacamento Pilar, la comisaría de Bell Ville, la Casa Hidráulica, entre otros.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 (TOF 1) integrado por Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu condenó a cadena perpetua a Luciano Benjamín Menéndez, Luis Santiago Martella, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge González Navarro, Luis Gustavo “León” Diedrichs, Héctor Pedro Vergez (alias “Vargas”), Ernesto Guillermo Barreiro (alias “Nabo”), Jorge Exequiel “Rulo” Acosta, Carlos Enrique Villanueva “Principito”, Carlos Alberto Díaz, Orestes Valentín Padován “Gino”, Juan Eusebio Vega “Sobrino”, Ricardo Lardone (alias “Fogo”), Emilio Morard, Arnoldo José “Chubi” López, José Hugo Herrera “Quequeque”, Héctor Raúl Romero (“Palito”), Eduardo Grandi, YamilYabour, Mirta Graciela Antón (alias “la Cuca”), Carlos Alberto Yanicelli (alias “Tucán”), Juan Eduardo Ramón Molina, Calixto Luis Flores “el Chato”, Marcelo Luna, Herminio Jesús “Boxer” Antón, Alberto Luis Lucero (“Cara con riendas”) y Miguel Angel “Gato” Gómez.
Recibieron penas entre dos años y seis meses de prisión a 21 años: Carlos Alberto Monti (2 años y 6 meses), Rubén Osvaldo Broccos (3 años), Wenceslao Claro (5 años), Miguel Angel Lemoine (5 años), Raúl Alejandro Contreras (8 años), Antonio Reginaldo Castro (8 años), el ex Comisario Alberto Luis Choux (11 años), José Andrés Tófalo (14 años), José Luis Yáñez (20 años) y Enrique Maffei (21 años).
El pasado 8 de marzo, en el Tribunal Oral Federal N°1 comenzó unnuevo juicio. Se trata de un desprendimiento de la causa conocida como UP1, que en 2010 condenó a cadena perpetua a Jorge Rafael Videla. En este caso se juzgará a tres exmilitares por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el año 1976.
En este caso se acusa de homicidio agravado por ensañamiento y torturas agravadas al ex jefe de regimiento de infantería aerotransportada 2, Víctor Pino Cano y dos subordinados: el subteniente Luis Alberto López y el teniente Enrique Pedro Mones Ruiz. Debido a cuestiones de salud, no será juzgado el expolicía Herminio Jesús Antón, que había sido incluido.
Y sigue Walsh en su carta: “Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados.
“De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aun en las cumbres represivas de anteriores dictaduras”.
Y aquí toca un actor clave en el andamiaje de la impunidad que prosperó durante mucho tiempo en Argentina: el Poder Judicial. “La Corte Suprema convalidó el golpe militar de 1976, como convalidó el de 1930, el de 1945, el de 1966, el 1962. Ante cada golpe, la Corte creó una jurisprudencia para justificarlo”, afirma el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Tomando una definición de Alejandro Horowicz, el magistrado dijo que al hablar de la última dictadura es más correcto añadirle los conceptos de oligárquico-eclesiástico-militar. “Son algunos núcleos privilegiados de la sociedad civil los que aportaron; la parte ideológica fue aportada por la iglesia católica argentina y los militares son los que toman el poder por la fuerza y hacen posible todo lo que pasó de 1976 a 1983”, expresó.
Está previsto que a fines de abril comience en Córdoba el denominado “Juicio a los magistrados”. Los imputados son el ex secretario del Juzgado Federal N°1 de Córdoba Carlos Otero Álvarez; el ex defensor oficial Ricardo Haro; el ex juez federal N°2 Miguel Ángel Puga y el ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo. Llegarán acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en delitos de lesa humanidad -secuestros y tormentos, entre otros- de los que resultaron víctimas presos políticos que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D2) de la Policía provincial y la Unidad Penal 1 de la capital provincial.
Que se juzgue la complicidad civil es una de las demandas de los organismos de derechos humanos. “Sabemos que la memoria quiebra el círculo de la injusticia. Por eso luchamos, por nuestro futuro, levantando las banderas de los 30.000 compañeros desaparecidos. Hoy nosotros y nosotras venimos a dejar bien claro que no permitiremos ningún retroceso en los derechos conquistados. Y ahí los vemos venir a esos, los mismos que ayer se enriquecieron con la dictadura, hoy se siguen creyendo los dueños de todo. Y vuelven para hacer lo que siempre hicieron: hambrear al pueblo, reprimirlo y robarle todo, incluso la dignidad, incluso la memoria.
“Vuelven para achicar el Estado, ajustar los salarios mientras liberan de impuestos a las corporaciones. Nos restringen el acceso a los servicios más básicos y hacen descender nuestra calidad de vida, mientras aumentan la represión social, como dijo Rodolfo Walsh hace 40 años. Esos que ahora se empeñan en vaciar de significado nuestra historia, lo hacen porque saben que es imposible ocultarle a la sociedad que el golpe de estado de 1976 fue un golpe militar, pero que nunca hubiera podido existir sin complicidad y sin autoría civil”, subraya el documento leído ante las 100 mil personas que marcharon el Córdoba el 24 de marzo.
Dar por tierra con la teoría de los dos demonios
En el punto 4 de su Carta Abierta, Walsh ya advierte sobre lo que luego se denominará “la teoría de los dos demonios”.
Escribe Walsh: “En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea 7, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre ‘violencias de distintos signos’ ni el árbitro justo entre ‘dos terrorismos’, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte”.
El Estado como fuente del terrorismo. El Estado, delincuente. El Estado que asesina.
Pese a lo evidente de las pruebas, a los testimonios desgarradores que dan cuenta del horror… Pese a todo eso, hay quienes siguen sosteniendo que no hubo plan sistemático, que fue una “guerra sucia”. Es el discurso negacionista que, al decir del decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Diego Tatián, va tomando nuevas formas de expresión. Hoy, la forma en la que se presenta es bajo el pedido de “memoria completa”.
“El negacionismo tiene muchas posibilidades de prosperar. Se presenta a sí mismo como una guerra de interpretaciones para ocultar los hechos. En la historia reciente argentina el negacionismo ha tenido muchas o varias maneras de manifestarse originariamente en consignas ‘por algo será’ o ‘algo habrán hecho’. Después ha tenido otras formas de manifestarse hablando de madres que no cuidaron a sus hijos cuando era debido cuidarlos y otras más. Actualmente, creo que estamos ante una forma de negacionismo que se presenta a sí mismo bajo la expresión memoria completa. Es lo mismo de siempre que se presenta bajo otro modo y las generaciones han sabido reaccionar ante las distintas formas del negacionismo de distintas maneras”.
Ante este discurso renovado, pero que en el fondo representa lo mismo, Tatián llamó a tener “imaginación política para hacerle frente”. “Tenemos que tener mucha memoria interna para dar cuenta de un peligro que no es menor habida cuenta del contexto donde ese peligro se manifiesta. Toda la herencia política y todo el tesoro político que nos han dejado acumulado quienes iniciaron el movimiento por los derechos humanos en Argentina, tenemos que ponerlo a disposición de revertir esta embestida contra una conquista central para la democracia argentina que es la conquista de memoria, verdad y justicia”.
Miseria planificada
En su carta, Walsh les dice a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno del país que, “lo que liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron”.
“Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina”.
Sin embargo –advierte- esto no es lo más horroroso. Sino el diseño meticuloso de la exclusión y la pobreza. Lo que llamará la “miseria planificada” impuesta “a culatazos”.
Y detalla: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar 11, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.
“Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%12 prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.
“Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la ‘racionalización’”.
La coyuntura política y social de la conmemoración de este 41° aniversario del golpe cívico-militar, nos obliga a poner la mirada en las líneas de continuidad que existe entre el proyecto de país que planteó la dictadura y el proyecto de país que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri.
Hablamos de un modelo económico y social basado en los principios del neoliberalismo. Hoy se repite la receta: transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, despidos masivos, destrucción del aparato productivo, desarticulación de la protesta social a través de la represión, apuesta al capital financiero, endeudamiento externo y fuga de divisas.
La semejanza es evidente. Y en esto bien vale traer a colación las palabras del juez de la megacausa La Perla, Jaime Díaz Gavier consideró que encuentra “algún tipo de similitud en el proyecto económico y político de aquel período con el actual”.
“Gracias a Dios no hay y no pueden volver a haber nunca más en la Argentina homicidios, asesinatos, secuestros y desaparición de personas; sí debo decir que desgraciadamente encuentro algún tipo de similitud en el proyecto económico y político de aquel período con el actual”, dijo el magistrado y añadió: “Claramente se está haciendo la transferencia de la enorme masa de recursos de los sectores más marginales hacia los sectores más concentrados de la economía. Hay desocupación, hay nuevas expresiones de miseria en la Argentina, y desgraciadamente esto es consecuencia de una política que, desde mi opinión personal, esto no es como juez sino como ciudadano, es equivocada”.
Dar testimonio en tiempos difíciles
Tres meses le llevó a Walsh escribir su Carta Abierta a la Junta Militar. Casi anticipando su muerte, concluye diciendo: “Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.
La carta fue enviada por correo a distintos medios de comunicación. La depositó en los buzones un 23 de marzo de 1977. Nadie la publicó al día siguiente ni en los venideros.
En un texto escrito para la revista Anfibia, el periodista Diego Igal, reconstruye los últimos momentos de la vida de Walsh.
Allí, menciona que el periódico Granma del 31 de marzo de 1977 publica un suelto con un cable de Prensa Latina, titulado “Gestiones para salvar la vida de Rodolfo Walsh”, que dice: “Destacados intelectuales mexicanos y latinoamericanos, radicados en la capital azteca, pidieron al presidente de Argentina, Jorge Rafael Videla, intervenga para salvar la vida del escritor argentino, Rodolfo Walsh. Según informaciones procedentes de Buenos Aires, Walsh fue secuestrado en San Vicente, localidad de la provincia bonaerense, ignorándose la suerte que haya corrido”.
El domingo 24 de abril siguiente, el suplemento Papel Literario del diario El Nacional de Caracas publica una doble con un documento exclusivo con el título “La carta que mató a Rodolfo Walsh”. Pero no hay rebote en la prensa nacional. La desaparición de Walsh sólo es informada por Ariel Delgado en radio Colonia y el Buenos Aires Herald, sin mayores detalles ni precisiones.
Dos días después de enviar la carta, Walsh fue asesinado por el grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, que intentó secuestrarlo cuando concurría a una cita convertida en emboscada. Según testimonios de otros prisioneros de la ESMA, llegó allí muy mal herido o quizás muerto.
El cuerpo de Walsh, está desaparecido. Pero su prolífica producción periodística y literaria, nos sigue interpelando. Porque, como escribió en 1968, “el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra”.
Nota correspondiente a la edición n° 458 del semanario La Jornada, del 26 de marzo de 2017.
