Cachetazo a la historia; ‘Villa Chichita’ fue demolida

Por Evelina Ramírez

Las riquezas antropológicas, históricas, documentales, bibliográficas y edilicias, los valores artísticos y científicos, así como el paisaje y entorno natural, cualesquiera fueran sus titulares, forman parte del patrimonio cultural de la comunidad. Están bajo tutela del municipio, conforme a las normas respectivas, dispone de las acciones que sean necesarias para su defensa”, señala parte del artículo 43 que la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz reserva para referir al Patrimonio Cultural.

La demolición de la casona “Villa Chichita” (Alvear y General Paz, pleno centro de la ciudad) deja en claro lo lejos que se está de cumplir con ese artículo. Y más aún si se tiene en cuenta que el municipio había expresado su intención de expropiar el inmueble para crear un Centro Cultural. Una promesa del Centenario o “el regalo que no fue”, como escribió la directora de Planeamiento Físico Ambiental, Liliana Bina, en su perfil en Facebook.

Lo cierto es que una porción de la historia de la ciudad ya no está. Y la reacción que sigue ante los hechos es el lamento. “En lo personal escribo estas líneas para desahogarme y para pedir perdón. Perdón, en la parte que me toca de responsabilidad en lo acontecido, por no haber encontrado el camino administrativo para impedir lo ocurrido.

“Perdón, a los que comparten y apoyaron esta iniciativa, por haber defraudado su confianza, por no haber tenido la fuerza necesaria para generar la masa crítica en la comunidad que fortaleciera el proceso de expropiación de Villa Chichita. Y perdón al gobierno del que formo parte, por no haber tenido la capacidad de trasmitir y convencer a los que en definitiva deciden, de que el valor justificaba el precio”, escribió Bina.

Lo cierto es que la demolición reavivó el debate en torno a la preservación de bienes históricos. “Es lamentable lo que sucedió, sobre todo cuando previamente se dio aviso a las autoridades para que tomarán medidas para proteger algunos bienes”, expresó el poeta e historiador Aldo Parfeniuk, que durante 12 años fue el coordinador de la Junta Municipal de Patrimonio Histórico.

En efecto, en junio del año 2012 la ciudad se conmovía por la demolición de otro inmueble de gran valor histórico: la casa de los Moyano Aliaga (ubicada sobre calle Asunción, entre 9 de Julio y La Paz, donde funcionaba  el vivero “Los Amarantos”). Ese inmueble databa del año 1904 y fue construido en lo que era la Estancia La Quinta, en la época de los jesuitas. “Demolieron la casa más antigua de Carlos Paz”, tituló en aquel entonces el diario “La mañana de Córdoba”.

Demolición y lamentos. De nuevo.

Movilizado por esa situación, en diciembre de 2012 Parfeniuk presentó una nota ante el Ejecutivo y el Legislativo donde solicitaba que se “arbitren las medidas necesarias para que la Municipalidad evite nuevos casos de destrucción de nuestro patrimonio histórico”.

A continuación la nota detallaba una serie de 18 inmuebles sobre los cuales se demandaba protección teniendo en cuenta su valor histórico. En primer lugar figuraba la casa de la familia Duhalde-Zecchín “Villa Chichita”.

 

Carril administrativo

El camino hacia la frustrada declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de “Villa Chichita” comenzó en abril del año 2013. La idea del Ejecutivo era que allí funcionara un Centro Cultural para el desarrollo de actividades relacionadas la educación artística, el funcionamiento de la Casa de la Juventud y “toda otra actividad compatible y complementaria a éstas”, señalaba el proyecto.

Entre los considerandos se destaca que la iniciativa fue promovida en el marco de la conmemoración del Centenario y “en atención a la necesidad de preservar uno de los escasos inmuebles con valor histórico patrimonial que aún conserva el casco fundacional de la ciudad”.

“Este inmueble constituye un conjunto edilicio que aúna la expresión de dos etapas muy definidas del desarrollo edilicio de nuestra villa: la casa, con su estilo neocolonial típico de las casonas de la época fundacional -1920- según consta en los registros municipales, y la construcción comercial que posteriormente consolidó la esquina sobre Av. General Paz -1950 según planos- con una impronta típica de las primeras décadas del siglo XX, con el advenimiento del modernismo. Estos locales, actualmente comerciales, fueron la primera sede de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, por lo que su significado en términos históricos justifica acciones para su preservación”, se lee en el texto del proyecto.

Tras la aprobación en primera lectura por parte del Concejo de Representantes, en mayo de ese mismo año se hizo la audiencia pública. Los únicos oradores por ese punto fueron Bina y Parfeniuk. Sobre la expropiación de Villa Chichita, la funcionaria dijo que el proyecto viene a responder con una demanda de hace décadas respecto de la preservación de bienes patrimoniales. “Hemos sido bastante impiadosos con el pasado de Carlos Paz”, afirmó.

Parfeniuk, por su parte, felicitó a quienes plantearon la iniciativa y dijo que con el resguardo de Villa Chichita ya no quedan excusas para delimitar un Casco Histórico que vincule: la casa fundacional de los Paz, la iglesia, la Plazoleta con los restos de los fundadores, Villapaz, ex Carnevali, el banco Nación, la primera Municipalidad, la Escuela Carlos Paz, Epec, el Correo, el Banco Provincia, el segundo Edificio Municipal. “Caminando cuatro cuadras podríamos recorrer lo sustancial de nuestra historia”, expresó entusiasmado en aquel momento.

Un dato para agregar. En esa misma audiencia pública se puso a consideración otro proyecto de declaración pública y sujeto a expropiación. Se trata de un lote cuya extensión supera los 100 mil metros cuadrados antiguamente perteneció a la Orden de los Padres Sacramentinos (ubicado sobre calle Perón, en barrio Los Algarrobos). Esta zona (desde Av. Cárcano hasta el río San Antonio) también fue declarada “área de interés ambiental”. Sin embargo, según pudimos averiguar, tampoco se logró la sanción de la segunda lectura.

Volviendo a Villa Chichita, hasta ahí llegó el trámite administrativo. Pasaron los meses y la segunda lectura nunca se concretó. “El intento se hizo. A todos nos resulta doloroso (la demolición), excepto a los propietarios que buscaron darle otro destino a su propiedad. El resto de los vecinos de Carlos Paz, sobre todo los que hemos nacido aquí y tenemos toda una historia de vida, nos hubiese gustado llegar a buen puerto con esta iniciativa”, dijo Bina.

La funcionaria evitó pronunciarse sobre en qué instancia el proyecto quedó paralizado, sin lograrse la sanción definitiva de la ordenanza de expropiación. “Se atrasó la segunda lectura y ante la premura de los propietarios, había que tener un instrumento contundente para evitar una demolición”, manifestó.

En tanto, desde el entorno familiar se comunicaron con La Jornada para aclarar que ellos se enteraron de manera extraoficial que el municipio pretendía expropiar el inmueble. La casona es propiedad de cuatro integrantes de familia Duhalde que viven en Buenos Aires. Todos son adultos mayores (entre 78 y 84 años).

“El municipio nunca se puso en contacto con la familia antes de sacar el tema expropiación. Se enteraron por un tercero una vez que se hizo la audiencia pública. No existen notificaciones de ningún tipo”, expresó el familiar. Y acotó, sobre la manera en que encararon el tema las autoridades municipales: “Se manejan de una forma particular, como si fueran dueños de la verdad y amos del pueblo”.

Dijeron además que uno de los motivos por los cuáles se resolvió demoler fue que la casona “estaba toda destruida”. Indicaron que realizaron un estudio técnico del inmueble, el cual dio como resultado que estaba comprometido el 60% de la infraestructura y que la recomendación del informe era proceder a la demolición.

En cuanto al valor del predio, precisó que en el mercado cuesta entre 2,5 y 3 millones de dólares.

“Ni fueron a negociar. Después de la primera lectura la familia planteó la posibilidad de hacer una subdivisión del lote (tiene 2114 metros cuadrados), para que el municipio se pudiera quedar con la casona y los dueños con el resto, pero ni siquiera eso aprobaron”, denunció.

Por otra parte, el familiar aclaró que nunca funcionó en ese lugar la sede del municipio, como consta en el expediente que dio pie al proyecto de expropiación. “Emilio Duhalde prestó el edificio para que funcionara el Registro Civil, no la municipalidad. Estuvieron entre 8 meses y un año y nunca se pagó nada. Esto es parte de la verdad que no se dice”, reseñó.

Ante la falta de acciones concretas de parte del municipio, los dueños deciden demoler la casa. El 24 de agosto se ingresa al municipio el proyecto respectivo. No reciben respuestas del municipio. Los profesionales a cargo de los trabajos aseguran que el trámite normalmente tiene resolución en 15 o 20 días. El 1 de octubre presentan un pronto despacho. Tampoco reciben respuesta.

El 7 de octubre los dueños deciden iniciar a demolición sin contar con la autorización municipal.

Los propietarios apuntan contra los funcionarios de las áreas que tienen injerencia en la materia, y sostienen que presentaron todo en tiempo y forma. Ante esto, el municipio multó a los propietarios (la causa está en el Juzgado de Faltas, aún sin resolverse) y labró un acta de paralización de los trabajos. Pero el daño ya estaba consumado.

 

Historia activa

Ante la contundencia de los escombros, queda  -de nuevo- insistir en lo que todavía puede protegerse. Y en esto cabe mencionar el rol clave que debería jugar la Junta Municipal de Patrimonio Histórico.

La junta fue creada a través de la ordenanza 3.965 y estaba integrada por el Secretario de Turismo, el Director de Cultura y un Coordinador. Comenzó a funcionar en el año 2000 y en ese tiempo se declararon como patrimonios históricos la Escuela Carlos N. Paz, la iglesia Nuestra Señora del Carmen, el Reloj Cu-Cú, la escuela José de San Martín, el edificio municipal “16 de julio”, los castillos de Furt, Zárate y Padre Copello (Marrón), la iglesia del Niño Dios, el Parque Estancia La Quinta, el monumento a La Cruz, la toma de agua y restos de Canal de Riego, entre varios otros. En la mayoría de los casos se trata de patrimonio estatal (municipal o provincial). En su momento, estos lugares fueron señalizados.

Con el cambio de gobierno de diciembre de 2011, ninguna persona fue designada ocupar ese lugar de coordinador. Recién en el año 2013 se planteó una modificación de la ordenanza a través de la cual la Junta pasó a estar dentro del Consejo de Planificación Urbano Ambiental.

Y añade: “(la Junta) estará Coordinada por la Dirección de Planeamiento Urbano y Ambiente y desarrollará sus actividades en el marco del equipo técnico de dicho Consejo, siendo sus dictámenes aprobados por su Comisión Plenaria a la que se sumará la opinión fundada de la Áreas de Turismo, Educación y/o Cultura según corresponda a pedido de las mismas o de alguno de los miembros de la Comisión Plenaria y elevados a consideración del Concejo de Representantes y/o Departamento Ejecutivo Municipal según corresponda”.

La normativa señala que entre los objetivos de esta Junta está “recuperar el Patrimonio de la ciudad y operar para su puesta en servicio, en función de las necesidades turísticas, culturales y educativas de la comunidad”, “debatir, proponer y llevar a cabo, en estrecho contacto con los distintos sectores de la comunidad, la optimización de la legislación vigente, en concordancia con la política del Gobierno Provincial, que considera a éste como uno de los temas prioritarios de su gestión y de manifiesta potencialidad turística”, y “proyectar y elaborar programas de señalización, circuitos turístico-educativos, en relación con la región y la Provincia”.

Quizás lo más importante que se haya logrado en los últimos años en materia de patrimonio sea la localización del Museo Numba Charava en el Parque Estancia La Quinta. Se trata de una colección de piezas arqueológicas iniciada por Esmeraldo Ledda, que hoy está cargo de su hija Silvia.

Pero queda mucho por hacer en lo atinente a la protección de bienes patrimoniales. Y volvemos a citar la nota presentada por Parfeniuk en 2012, donde detalla inmuebles que forman parte de nuestra historia.  El listado incluye la casa familiar de calle Bialet Massé al 150 (construida por el Arq. Lo Celso) “y cualquier otra propiedad proyectada y/o construida por el mismo arquitecto, especialmente en Villa Suiza, y que mantenga un razonable estado de pureza, debe ser protegida”; Banco de la Provincia de Córdoba (Av. San Martín); Sede central de EPEC (Caseros y Alberdi); Obra completa del cablecarril Aerosilla; la casa donde vivió el compositor español Manuel de Falla en Villa del Lago; el antiguo Correo de Villa del Lago (Sarmiento y Brown), el puente Central “Ezio Armando Carena”, entre otros.

Hay distintas categorías para avanzar sobre los patrimonios. Lo primero es la identificación, después la clasificación y, posteriormente, la declaratoria de patrimonio. La ordenanza 3965 establece que se pueden declarar de Interés Municipal “Monumentos, Conjuntos y Lugares, a aquellos bienes muebles, inmuebles y objetos de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico: el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos de zonas arqueológicas, sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico”.

El artículo 23 de dicha ordenanza establece también que si el Concejo declaró un inmueble de interés municipal por si valor histórico, el propietario debe comunicar al Ejecutivo “toda acción a emprender en él o los bienes inmuebles Identificados, Inventariados y/o Declarados que implicare cualquier modificación, ampliación, conservación, restauración, refuncionalización, cambio de uso o destino, demolición parcial o total, o cualquier alternación en cualquier concepto, la cual asesorará y creará los medios necesarios que regulen adecuadamente el modo y la forma de encarar las intervenciones”.

Y en esto vale decir que Villa Chichita no contaba con ningún tipo de declaración de interés por parte del Concejo de Representantes. Y esto es un trámite que no implicaba ninguna erogación económica. Solo el tratamiento legislativo.

“La tarea patrimonial en Villa Carlos Paz es mucho más delicada que en cualquier otra ciudad, porque aquí todos los veranos pasa la aplanadora de los éxitos de las compañías que trabajan con Tinelli en televisión y viene una oleada de olvido, de desmemoria, que hace que en marzo nadie se acuerde de nada.

“En Villa Carlos Paz, justamente porque estamos muy atosigados de actualidad permanente, es en donde más debemos luchar por preservar y hacer visible nuestro patrimonio. Villa Carlos Paz está hecha y construida sobre una serie de permanente destrucciones y construcciones sucesivas de períodos y de etapas. Pero a esto hay que protegerlo, porque soy nativo de acá y quiero este lugar”, expresó Parfeniuk.

Tras la demolición de Villa Chichita, Bina habló también de la necesidad de crear una masa crítica de ciudadanos que verdaderamente se preocupe por la cuestión patrimonial. “El patrimonio es una idea que tiene que crecer en la comunidad y todos debemos sentir que se trata de un elemento patrimoniable. Si uno dijera que va a demoler el Cu-Cú, seguramente que al primer comentario tendríamos a la gente activada para evitarlo. Hay otros elementos que no son sentidos como patrimonio y es muy costoso -en términos de esfuerzo militante- lograr que la gente tome conciencia que algunos edificios tomen valor y que forman parte de su patrimonio e identidad”.

La toma de conciencia reclamada a la comunidad también le cabe a quienes nos gobiernan. Porque mientras unos lamentamos y otros presentan proyectos superficiales en el Concejo que nada tienen que ver con el cuidado real de la historia de nuestra ciudad (en un sentido colectivo y participativo), la desprotección y deterioro de bienes patrimoniales continúa su marcha. Y como ejemplo vale mencionar las modificaciones que se están haciendo en las casonas de Villa Independencia. Casonas que tampoco cuentan con ninguna declaración de interés municipal.

La noción de patrimonio suele interpretarse como el lugar de lo viejo o antiguo, de una historia estática. La celebración de los 100 años de la ciudad era el momento oportuno para repensar esta noción y poner en juego nuevos conceptos, que nos lleven a pensar el patrimonio en estrecha relación con el sentido de pertenencia que generan las construcciones, los paisajes naturales, los objetos y las historias de vida. Existe todo un bagaje de historias que esperan ser escuchadas, recopiladas y difundidas.

 

Cronología de la falta de gestión

Diciembre de 2012: Aldo Parfeniuk ingresa una nota detallando una serie de inmuebles necesarios de proteger por su valor histórico-cultural.

Abril de 2013: ingresa el proyecto de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de la casona “Villa Chichita”. Es aprobado en primera lectura el 18 de abril de 2013.

Mayo de 2013: se convoca a audiencia pública para tratar el proyecto.

Mientras tanto: la familia se entera de manera extraoficial del proyecto de expropiación. Proponen la alternativa de subdivisión (el lote tiene en total 2114 metros). La idea es subdividir y que el municipio expropie 1100 metros cuadrados que contendrían la casona. Presentan planos con la idea, lo cual no es aprobado por el municipio.

Abril de 2015. Los propietarios realizan un informe técnico en el cual se señala que el 60% de la infraestructura de la casa estaba comprometido. El informe recomienda la demolición.

24 de agosto de 2015: los dueños de la propiedad presentar un proyecto de demolición ante la Dirección de Obras Privadas.

1 de octubre de 2015: ante la falta de respuestas (el trámite generalmente demora 15 o 20 días), los propietarios solicitaron un pronto despacho ante el municipio. No reciben respuestas.

7 de octubre de 2015: proceden a la demolición.

 

El Concejo intervino y pidió informes a Avilés por la demolición de “Villa Chichita”

El cuerpo legislativo de Villa Carlos Paz, a instancias de la concejala Natalia Lenci (UCR), se metió de lleno en la polémica por la demolición de Villa Chichita y aprobó un pedido de informes dirigido al intendente Esteban Avilés.

Por unanimidad, el Concejo resolvió en la sesión del jueves pasado pedir al Departamento Ejecutivo Municipal que informe en el término de 10 días, fecha en que se presentó el pedido de autorización para realizar la demolición del inmueble, fecha en que se autorizó la demolición del inmueble y qué funcionario firmó dicho permiso.

 

Nota correspondiente a la edición n° 390 del semanario La Jornada, del 25 de octubre de 2015.