Por Evelina Ramírez
La semana pasada, La Jornada publicó un informe referido a la causa bomberos, haciendo un repaso de los principales aspectos de la denuncia que el Cuerpo Activo planteó a la Comisión Directiva saliente y relatando lo que fue la escandalosa asamblea de renovación de autoridades.
Con la edición aún caliente en las manos, nos dimos con otra fuerte noticia que con el correr de las horas fue confirmada: el fiscal Ricardo Mazzuchi había resuelto imputar por el “delito de defraudación por administración fraudulenta” a cinco personas, entre ellas Diego Avilés, hermano del intendente, y el director de la secretaría Privada, Prensa y protocolo del municipio, Hernán Anders, quien había ocupado la presidencia de Bomberos antes que asumiera Alberto Lorenzatti. Los otros imputados eran el expresidente Alberto Lorenzatti, la exsecretaria Nélida “Cheli” Gómez, y la extesorera Cecilia Rodríguez.
Y el incendio se hizo más grande.
“El fiscal Mazzuchi luego de una denodada actividad del cuerpo de bomberos, a la cabeza el jefe (Leandro Vilella), y a partir de la denuncia formulada el 29 de diciembre, imputó a cinco miembros de la comisión directiva cuando estaban en funciones, entre ellos el hermano del propio intendente, de delito de defraudación por administración fraudulenta”, confirmó a La Jornada el abogado Carlos Nayi, representante de los bomberos.
Si bien en principio Anders no estaba alcanzado por la denuncia contra la comisión saliente, el abogado explicó que los hechos de corrupción fueron monitoreados a lo largo de diez años. Alcanzan a Anders porque fue quien lo precedió en la presidencia de la comisión directiva a Lorenzatti.
El letrado destacó que en Carlos Paz existe “un grupo valiente de bomberos que ha formulado una denuncia y que por eso ha sufrido todo tipo de persecuciones”.
Si bien dijo que la investigación arrancó “bastante accidentada”, destacó la labor “gigantesca” que está llevando adelante el fiscal Mazzuchi y que, según su opinión, “ya ha dado sus primeros frutos”.
“La denuncia es por el desvío de fondos destinados al cuartel en provecho propio, ya sea de subsidios nacionales, provinciales y municipales, bonos, compra-venta de matafuegos y la donación solidaria de los vecinos. Se han realizado numerosos allanamientos y es abundante la documentación secuestrada. Esto ha alcanzado con el grado de probabilidad para situar en un claro plano de responsabilidad legal penal”, a los cinco imputados.
Pero la noticia no quedó sólo en eso.
El martes por la mañana, y con un fuerte acompañamiento de los integrantes del Cuerpo Activo, Nayi presentó una ampliación de la denuncia, esta vez implicando al intendente Esteban Avilés y al actual presidente de la Comisión Directiva, Marcelo Zornada, en el delito de “encubrimiento agravado”.
“En una causa donde ya hay cinco imputados acusados de defraudación por administración fraudulenta, se encuentra un nuevo aporte incriminatario que involucra al intendente y el actual presidente de la actual comisión directiva.
“El intendente, de acuerdo a una prueba fílmica que se aporta a la fiscalía, desde el posicionamiento y poder que tiene ha captado adeptos para lograr que la comisión directiva anterior no solamente sea elegida, si no que se desactiven todos los mecanismos de control que terminaron con un despojo respecto de importes de dinero que debieron ir al cuerpo de bomberos (automóviles, equipamientos), y que terminó desmantelando una institución que afronta todo tipo de contingencias pero arriesgando la vida personal y no debiera ser así. Esto está penado por ley”, afirmó el abogado tras efectuar la presentación en la fiscalía nº 3, a cargo de Jorgelina Gómez.
Sobre esta prueba, señaló que, “el anuncio era, ‘si vos no hacés tal cosa, dejás de pertenecer a la planta municipal’. Esto es muy grave. 25 son los miembros del cuerpo activo de bomberos que también van a apoyar el registro fílmico”.
En cuanto a la denuncia a Zornada, sostuvo que, “todo lo que ha sido motivo de denuncia, corroborado en la prueba documental encontrada en distintos allanamientos, él lo conocía, sabía de la existencia, y tenía una obligación indelegable de denunciar y no lo hizo. Esto es delito en términos de probabilidad, y la figura penal es encubrimiento agravado”.
Y precisó que la prueba, “no sólo se corresponde con el relato de los bomberos, si no con la prueba documental que apuntala y corrobora la hipótesis delictiva en distintos allanamientos”.
Consultado por la ampliación de la denuncia, Nayi destacó que, “estas cosas no se pueden hacer a medias, por respeto a los vecinos de Carlos Paz y a estos valientes hombres. No los podemos dejar solos. Esto no puede volver a ocurrir”.
El letrado señaló que la estimación provisional del desvío de fondos, “oscila entre los 2 y los 6 millones de pesos”.
“Solo en un año tenemos dinero que ha desaparecido y ha sido desviado del objetivo para el que ha sido asignado de aproximadamente un millón de pesos”, subrayó.
Asimismo, destacó que, “ya son 40 los bomberos del cuerpo activo que se han animado a efectuar esta presentación”.
En el marco de la causa afirmó que si son hallados culpables, los acusados enfrentarán penas “de un mes a seis años de prisión”.
“Cada caso es evaluado de manera distinta. En caso de ser elevado a juicio y llevado a juicio oral, la querella pedirá que la prisión sea efectiva”, adelantó.
Llamó la atención que la denuncia fuera presentada en la fiscalía 3 y no en la 2 que está a cargo de Ricardo Mazzuchi. “Esto es porque está de turno la 3. La fiscal Jorgelina Gómez anticipó que la va a enviar a la fiscalía de origen”, aclaró.
Por otro lado, afirmó que, “el fiscal va a evaluar esta presentación y no se descartan nuevas imputaciones”.
“No se ha probado absolutamente nada”
Tras la confirmación de las imputaciones, sobrevino el silencio. Desde la municipalidad informaron que el intendente no haría declaraciones y que quien se estaba expresando públicamente era el abogado de los imputados, Alejandro Pérez Moreno.
La primera estrategia de defensa del letrado fue descalificar al denuncia: “es más publicitada que probada”, dijo.
“Estamos viendo que se habla de distintas cuestiones pero no se ha probado absolutamente nada. Nadie informa a la prensa que están los balances aprobados por distintos organismos, y que también están aprobadas las rendiciones de cuentas al municipio, provincia y nación”, señaló a VillaNos Radio 100.7.
El letrado confirmó que el miércoles pasado, los cinco acusados de “defraudación por administración fraudulenta” comparecieron en la fiscalía “a los fines de notificarse de la imputación”.
“No se les ha tomado declaración. Entendemos que está previsto pero no nos han dicho cuándo”, expresó.
Consultado sobre los alcances de la denuncia, Pérez Moreno opinó que, “podría tener alguna finalidad política vinculada en un descontento por parte de una persona del cuerpo que vio frustrada sus aspiraciones de quedar efectivo en un cargo interino”. Aunque no lo nombró, está claro que la referencia es para el jefe del cuerpo activo, Leandro Vilella.
Además, afirmó que, “se está apuntando sin pruebas y de manera arbitraria en contra del Ejecutivo”.
Sobre los dichos del abogado querellante, Carlos Nayi, respecto a pruebas aportadas, lo relativizó. “Una cosa es que lo digan por la prensa, pero lo que vale es lo que está en causa”, dijo. Y apuntó a Nayi: “En el caso Alós se habló de amenazas y demás y se descubrió que eran autoamenazas; en el caso Drigani también se habló de amenazas; y es el mismo patrocinante”.
Según explicó, la imputación ordenada contra sus defendidos por el fiscal Ricardo Mazzuchi, responde a la necesidad de darles participación a los acusados. “Hay que realizar pericias contables e interdisciplinarias que no se han efectuado”, precisó.
Adelantó, asimismo, que “ni bien se recepte declaración a mis defendidos, iremos incorporando elementos de prueba y daremos las explicaciones que sean necesarias”.
“Nuestra expectativa es que todo se resuelva con prontitud, que salga todo favorable y que se demuestre de una vez por todas que se trató de una denuncia apresurada o intencionada”, expresó.
El mismo martes en que se hizo la ampliación de la denuncia, personal del Ministerio Público Fiscal realizó una inspección ocular en la sede del cuartel ubicado en barrio La Cuesta.
Peritos y ayudantes el fiscal, acompañados por efectivos de la Policía de Córdoba, recorrieron las instalaciones constatando visualmente los elementos existentes en el cuartel.
Según pudo conocer La Jornada, tomaron detalladas fotografías relevado el material instalado.
Esto tiene que ver con la necesidad de comprobar si las cosas compradas a nombre de los bomberos, efectivamente están en el cuartel.
La acusación del Cuerpo Activo es simple: al parecer, los fondos que percibe el cuartel de Bomberos en concepto de subsidios (municipales, provinciales y nacionales), bonos contribución, negocio de matafuegos e inspecciones, fueron utilizados por la Comisión Directiva para otra finalidad que nada tiene que ver con la tarea diaria del cuerpo activo.
Mientras tanto, los bomberos y la ciudadanía siguen esperando saber qué pasó con la plata.
Nota correspondiente a la edición n° 431 del semanario La Jornada, del 28 de agosto de 2016.
La plata va y viene, pero yo me pregunto en caso de un incendio ¿Están en condiciones hoy los Bomberos o no? Porque si no hay insumos y ocurre algo con este panorama hay responsabilidad directa del municipio. Entramos en una temporada fuerte de incendios. Los otros días se quemó una casa leí y los bomberos no pudieron asistir bien a los afectados, si están faltando elementos, la justicia debería tomar cartas en el asunto de forma urgente. Necesitamos a los bomberos equipados y listos para una emergencia. Resulta que ahora no tenemos ni plata para insumos y se quieren quedar con el agua. Tiene que ser una broma de mal gusto.